Esta semana corrió el rumor de que se había solicitado la renuncia de la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto mientras se lleva a cabo la discusión sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo a diversos reportes, se le habría solicitado a Piña, la primera mujer presidenta de la SCJN, hacerse a un lado ante la inminente reforma que reestructurará todo el Poder Judicial, pues desde el inicio de su gestión ha resultado ser una ministra incómoda para el gobierno de AMLO.
Recordemos que su llegada a la Corte fue leída desde el principio como una amenaza para la llamada Cuarta Transformación. Se decía que el perfil de Piña no cumpliría “los caprichos” del presidente desde la SCJN, como sí lo hacía Arturo Zaldivar, ex ministro presidente de la SCJN.
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Ante los rumores de la salida de la ministra Piña, la Asociación Mexicana de Juzgadoras expresó su respaldo y sororidad con la ministra y a través de un comunicado reconocieron que son conscientes de que al ser la primera mujer en alcanzar el alto cargo de presidenta del máximo tribunal constitucional enfrenta los retos propios de la responsabilidad que le fue asignada, “los emergentes de los tiempos políticos que vivimos y los provenientes de la violencia política de género, por su condición de mujer”.
Y es que la iniciativa de reforma al Poder Judicial ha generado un debate significativo en las últimas semanas. Sus defensores argumentan que es necesaria para abordar problemas sistémicos de corrupción y desigualdad en el sistema judicial. Por otro lado, los críticos temen que algunos de los cambios propuestos puedan socavar la independencia judicial y concentrar más poder en el Ejecutivo.
El exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, dijo hace unos días que la presidencia de Norma Piña ha sido “desastrosa para el Poder Judicial”, pues desde su perspectiva, su voz no ha generado interlocución con los otros poderes, es decir con el Legislativo y el Ejecutivo. Además, declaró que la reforma al Poder Judicial pudo haberse logrado desde hace más de un año si la presidencia de la SCJN lo hubiera permitido.
Recordemos que hace unos meses Piña Hernández ordenó una investigación contra Zaldívar, por una denuncia anónima que reveló que, supuestamente, Zaldívar presionó a varios jueces para que emitieran sentencias favorables para el gobierno de López Obrador.
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No es la primera vez que se intenta hacer a un lado a la ministra presidenta por no estar alineada con los intereses del Ejecutivo. En abril de este año, Morena anunció juicio político contra Norma Piña con la intención de destituirla.
Según acusa Morena, la ministra intentó dañar políticamente a este partido y a su entonces candidata Claudia Sheinbaum, al admitir la denuncia contra Zaldívar por presuntos actos de corrupción. Recordemos también que Zaldívar era coordinador de la reforma judicial en la campaña de Sheinbaum.
Pero más allá de los señalamientos políticos, en La Cadera de Eva queremos señalar el intento de silenciar no solo la voz de Norma Piña, si no de las mujeres juzgadoras en el país.
Por esto es que esta semana platicamos con la magistrada Emilia Molina, presidenta de la la Asociación Mexicana de Juzgadoras, quien denunció en sus redes sociales que se le ha negado participar en algunos de los “Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial” que se están llevando a cabo en estos días.
Molina nos dijo que en estos foros se refleja la invisibilización de las mujeres, porque la gran mayoría de participantes son hombres y no se está respetando la paridad en las personas que participan como ponentes.
También nos habló sobre los puntos clave que se deberían estar discutiendo para alcanzar una reforma al Poder Judicial con perspectiva de género, entre ellos, la igualdad de género y paridad en la carrera judicial.
Por ejemplo, la magistrada nos explicó que dentro de la conformación de los tribunales y los juzgados no se establece como requisito la paridad de género, mientras que la mayoría de los cargos de elección popular sí es una obligación.
Una reforma al Poder Judicial con perspectiva de género es necesaria para mejorar el acceso a la justicia en un país donde la mayoría de los feminicidios y crímenes contra mujeres quedan impunes.
Esta perspectiva de género también incluye la paridad de género en todos los puestos del Poder Judicial, la incorporación de comisiones de víctimas y defensorías públicas, y un análisis profundo y crítico del sistema judicial. También busca eliminar prácticas discriminatorias y estereotipos, asegurando que las decisiones judiciales protejan los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables, y promoviendo un acceso equitativo a la justicia para todos.
Desde La Cadera de Eva resaltamos la importancia de incluir en los siguientes análisis una visión amplia de Derechos Humanos con perspectiva de género y no omitimos señalar también la violencia institucional y patriarcal que alcanza no solamente a la primera presidenta mujer de la Corte, sino que afecta también a todas las juzgadoras, cuando se intenta silenciar su voz; y a las ciudadanas de a pie, cuando el sistema de justicia da la espalda a las víctimas de violencia.