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Hay una trampa en el debate de seguridad que se repite en cada ciclo electoral y que, desde diversos feminismos, llevamos décadas señalando: la idea de que más cárceles, más policías y más castigo equivalen a más protección para las mujeres. Es una mentira bien construida. Y en este momento político, con las ultraderechas ganando terreno en la mayoría de los países de Latinoamérica y el mundo, agitando el miedo como bandera y capitalizando el agotamiento del modelo progresista, esa mentira se vuelve más peligrosa. Porque ahora también la abrazan gobiernos progresistas que deberían disputar ese modelo, no reproducirlo.
En México, los últimos años han traído avances que no pueden minimizarse: por primera vez en la historia tenemos una Presidenta, se ha consolidado la paridad como principio constitucional en todos los poderes del Estado, de la mano de muchas organizaciones, se amplió el acceso al aborto legal en más entidades, se crearon fiscalías especializadas en violencia de género y se impulsaron políticas de cuidados que reconocen el trabajo no remunerado de las mujeres.
Son conquistas producto de décadas de lucha feminista y de una correlación de fuerzas que las hizo posibles. Minimizar estos logros sería tan deshonesto como no nombrar lo que falta. Pero hay una contradicción que no podemos ignorar: frente a la presión de demostrar firmeza ante el crimen organizado y ante el discurso de mano dura que instala la derecha como único lenguaje legítimo de la seguridad, varios de esos gobiernos han terminado reproduciendo las mismas herramientas de castigo que históricamente han servido para fortalecer el autoritarismo. Más tipos penales, más prisión preventiva, más facultades para policías y fiscalías, más vigilancia, más encarcelamiento. Y las mujeres vuelven a pagar el costo.
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Los números son claros, la población de mujeres privadas de la libertad en prisión ha crecido de manera sostenida en los últimos años al punto que de 2009 al 2026 aumentó en casi 50 % (Cuaderno Mensual Estadística Penitenciaria). La mayoría de las mujeres encarceladas no son líderes del crimen organizado: son mujeres en situación de pobreza, pertenecientes a pueblos originarios, que frecuentemente enfrentan cargos relacionados con delitos contra la salud, a menudo por haber transportado drogas bajo coerción, o por delitos patrimoniales vinculados a la sobrevivencia económica. Son mujeres que el sistema penal procesa con una velocidad que raramente se aplica cuando ellas son las víctimas. La prisión preventiva oficiosa —ese mecanismo que permite encarcelar sin sentencia— las golpea de manera desproporcionada, destruyendo familias, redes de cuidado y proyectos de vida antes de que haya siquiera una condena.
Esto no es un accidente. Es el resultado predecible de caer en la práctica de los gobiernos conservadores que apuestan por la mano dura como única respuesta a la inseguridad. Cuando se amplían los catálogos de delitos graves, cuando se fortalecen las fiscalías sin construir controles democráticos sobre ellas, cuando se normaliza la detención como respuesta primera y no como último recurso, quienes terminan atrapadas en esa maquinaria son siempre las mismas: las que ya cargaban con la mayor vulnerabilidad antes de que la ley las alcanzara.
El discurso de la ultraderecha en este tema sí es coherente: quiere más cárcel porque quiere más control, especialmente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Lo que resulta más difícil de sostener es que gobiernos que se dicen feministas o son progresistas adopten esas mismas herramientas creyendo que pueden darles otro uso. La historia no avala esa apuesta. Las instituciones punitivas no se transforman desde adentro con buenas intenciones; cambian cuando existe presión política real, alternativas construidas desde las comunidades y voluntad de disputar el modelo desde sus bases.
Esa es y ha sido la apuesta de CEA Justicia Social: acompañar a mujeres dentro y fuera de los centros penitenciarios, construir una escuela comunitaria que se centra en la educación y el fortalecimiento jurídico como respuesta real a las violencias, documentar lo que el sistema prefiere no ver. No como gesto caritativo, sino como práctica política concreta frente a un Estado que, aun cuando ha puesto como prioridad el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, sigue llevando a prisión a aquellas mujeres que dice proteger.
En esta coyuntura, cuidar la soberanía de nuestro país desde una perspectiva feminista significa también romper con las contradicciones que atraviesan nuestro propio sistema de justicia penal. Significa nombrar que las mujeres en contextos de pobreza son las más golpeadas por una política de seguridad que se construye sin ellas, que no las toma en cuenta ni cuando legisla ni cuando encarcela. Cerrar filas frente a las amenazas externas es urgente e irrenunciable. Pero esa defensa de la nación será más sólida, más legítima y más nuestra si también somos capaces de corregir las injusticias que ocurren adentro.
