Desde el pasado 28 de julio 2024, hemos presenciado una discusión en torno a la validez de las pasadas elecciones en Venezuela. Se ha dicho abiertamente, que se trata de un fraude electoral, del cual se han evidenciado, una serie de irregularidades inconsistentes, que no han sido aclaradas hasta el momento a sus votantes.
A lo cual, se han venido sumando protestas de gran parte de la ciudadanía, de exiliados que viven de manera legal en diversos países del mundo, población de los éxodos que ha tenido que salir para poder sobrevivir, así como de gobernantes de diversos países y organismos internacionales. Si bien, cada país es autónomo, la mirada del mundo esta puesta en Venezuela a partir de la vulneración de los derechos humanos de sus habitantes.
Dicho proceso puede leerse desde diferentes perspectivas, si bien, algunos países han reconocido públicamente el triunfo de Nicolas Maduro, hay otros, que se han pronunciado en contra del fraude electoral, y otros más, como Colombia, México y Brasil que han propuesto a Maduro, un diálogo para transparentar los resultados de la elección. Así también, organismos internacionales, han planteado propuestas para clarificar dicha elección, a fin de mantener la estabilidad política y ciudadana en Venezuela.
En teoría, la democracia y los derechos humanos tendrían que sustentar cualquier ideología política responsable, a fin de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Al respecto Rober A. Dahl, la enmarca en seis puntos: la democracia ideal, la participación efectiva, la igualdad de votos, un electorado informado, el control ciudadano del programa de acción, la inclusión y los derechos fundamentales. De igual forma, Enrique Suárez-Iñiguez, doctor en Ciencia Política, nos habla de 23 características que habrían de cumplirse, cuando se habla de democracia.
Desde este marco, llama la atención que, en Venezuela, se observa la vejación de derechos humanos, políticos y de libre manifestación de la ciudadanía, poniendo en duda dichas elecciones. En una contienda democrática, el respeto y el diálogo pacifico tendrían que estar presentes, a fin de esclarecer los comicios. (Norma Escamilla)
Sin embargo, lo que observamos y me comparten de manera directa, es el vivir un terrorismo de estado, donde está latente la amenaza, por el hecho de tener una ideología diferente a la del poder actual. Viven situaciones de restricción a las redes sociales, a fin de no “filtrar” lo que están viviendo en el país, bajo el discurso de “la soberanía nacional”, sin embargo, no podemos llamar soberanía a incomunicar a la población, revisar de manera aleatoria sus conversaciones en teléfonos celulares y redes sociales.
“Piden abrir los teléfonos y te llevan preso, si te encuentran fotos, o posteo de las condiciones en que vivimos en Venezuela, te multan, pero también te pueden desaparecer”, “esto pasa con toda la gente que se está manifestando, le pasa a mi familia y amigos”, “como reporteros nos toman fotos para intimidarnos”.
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De igual forma, la persecución a testigos de los comicios, el registro de mil quinientas detenciones, 24 asesinatos, los recorridos de las fuerzas armadas con sonidos estruendosos, el registro de más de 8 millones de personas que han tenido que abandonar a su país, dicho por María Corina Machado, líderesa de la oposición venezolana, quien en su discurso del 17 de agosto “Gran protesta mundial por Venezuela”, convocó a 373 ciudades.
Durante el evento transmitido en el canal Freenation, News Room, de YouTube, fui testiga de al menos 10 intentos por tirarles la transmisión, bloqueándoles el WhatsApp y enviándoles una denuncia al canal. Esto nos habla, no de un proceso de contienda electoral, donde aparece el enojo, la frustración y la tristeza, por haber “perdido una elección”, esto se llama terrorismo de Estado.
Esta violencia política hacia sus derechos humanos tiene un impacto psicosocial diferenciado en los diferentes grupos de la población venezolana, según el Protocolo de Estambul.
Así también el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, estipula “que los estados no pueden apelar a la legislación interna para no cumplir con sus obligaciones convencionales”.
Acá, no se trata de derechas, o, izquierdas, sino del respeto de los derechos humanos de la ciudadanía venezolana, “más allá de partidos, somos ciudadanos y punto, queremos vivir con nuestros hijos de vuelta” (María Corina Machado), que, dicho sea de paso, es una mujer ingeniera, fuerte, segura, estratega, clara y representa, la rabia y la impotencia de una parte del pueblo vejado, humillado y maltratado en Venezuela.
En una democracia no hay guerra, hay libre expresión, fuentes de información independientes, y libertad de expresión.