Hace un mes Morena presentó una propuesta para lograr la desaparición de 13 fideicomisos que corren a cargo del Poder Judicial, la noticia de esta iniciativa produjo controversia entre diversos grupos y los choques han comenzado a ser más incendiarios conforme avanza esta propuesta, ¿sabes qué está sucediendo y si esto vulnera alguno de tus derechos?
Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acotó en su conferencia mañanera que este ajuste al Poder Judicial no tiene alguna relación con las personas trabajadoras y que más bien, esto se trata de "un ajuste de cuentas con los de arriba", pues resulta insultante su salario de 700 mil pesos mensuales y privilegios en comparación a su "precario desempeño".
De acuerdo con AMLO, esta movida apuesta por erradicar la corrupción en el acceso a la justicia e incentiva a los funcionarios públicos a ejercer su trabajo con transparencia.
Paralelamente, la bancada de Morena ha defendido esta decisión e incluso, han condenado a la presidenta ministra Norma Piña -opositora del recorte-, de mentir y de sólo velar por sus privilegios.
A manera de contrapeso, algunas instituciones y políticos se han pronunciado fuertemente contra este recorte presupuestario, por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana recalca que en México sólo el 1% de los delitos se persiguen, por lo que debilitar al Poder Judicial es una movida perjudicial para la democracia y la ciudadanía.
Para entender mejor qué está sucediendo y por qué existen una serie de posturas tan contradictorias, en La Cadera de Eva entrevistamos a la abogada Leslie Jiménez, especialista en Derecho Penal y coordinadora de Proyectos en Impunidad Cero para entender el panorama y encontrar certeza en este mar de información.
Primer punto: ¿Qué es un fideicomiso?
Lo primero que debes saber es que un fideicomiso no es más que un contrato expedido por el Gobierno Federal en el que se estipulan una serie de fondos y recursos específicos de acuerdo con las necesidades del poder o institución.
Es así que la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial consta de eliminar estos contratos estipulados que cubren las exigencias del poder (esto no incluye su presupuesto destinado) y con ello, se cortan esos fondos que tienen por objetivo cubrir cuestiones particulares del órgano.
Segundo punto: ¿Cuáles son los recortes que se harán?
En un breve repaso, es necesario recordar que el Poder Judicial se compone de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.
Con esto, se entiende que los recortes al Poder Judicial atraviesan a diversos órganos y esto es un desglose de los fideicomisos que serán eliminados y que en conjunto suman un total de 15 mil millones de pesos:
Tercer punto: ¿Esto resulta perjudicial?
En entrevista con La Cadera de Eva Leslie Jiménez, abogada feminista y coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, explica que existen múltiples versiones sobre este recorte, pues mientras se tiene por un lado a López Obrador dando su palabra de que no se afectará a las y los trabajadores de este poder, otras versiones amagan acotando que esto es un golpe duro a la democracia, ¿por qué hay tantas discrepancias sobre este hecho?
“Se atenta la autonomía de nuestro país por cómo se está dando esta dinámica, implica señalamientos y desinformación que tienen por finalidad debilitar el Poder Judicial y además, se logra una inconformidad social. Estas pugnas están transitando más allá de los Poderes de la Unión, hablamos de control y poder que está ejerciendo el presidente”, explica.
¿No es bueno que se recorten privilegios a ciertas esferas? En realidad, aunque esto parezca una buena atajada de AMLO para algunas personas, esto no exime la existencia de seis fideicomisos que están directamente relacionados a la capacitación del personal, las responsabilidades patronales y la mejora de instalaciones.
El 20 de octubre un grupo de personas trabajadoras del Poder Judicial Federal, se pronunciaron en el Zócalo de la Ciudad de México, esta manifestación fue cubierta por el medio de comunicación La Silla Rota y este es uno de los testimonios extraídos:
"Es una vil mentira cuando se dice que no se afectará a la clase trabajadora del Poder Judicial y que con descalificaciones se diga que nunca ha estado del lado del pueblo. ¿Quieren pruebas de que esto no es así? ¿Te negaron tus vacunas?, se te concedió un amparo. ¿Te discriminaron por ser indígena, mujer o por tu orientación sexual? Se te concedió un amparo. ¿Te negaron la vacuna (contra Covid) o acceso a un hospital público? Se te concedió un amparo." (José Arriaga, trabajador del PJF)
En este escenario, Leslie Jiménez acota que es una lectura interesante lo que está sucediendo, pues hace más de 15 años, cuando López Obrador era Jefe de Gobierno realizó esta misma acción en la capital: “Desmanteló fideicomisos y una serie de cuestiones administrativas, esto fue un rezago importante, si tienes el infortunio de ir a una agencia del ministerio público podrás darte cuenta en qué calidad están las instalaciones”.
Hay algo que no se está tomando en consideración en todos estas posturas gubernamentales y políticas: la atención a las personas que se sostienen en el Poder Judicial para obtener justicia y protección.
Es aquí donde la principal preocupación surge, pues más allá de la lucha y los privilegios, surge la necesidad de cuestionar cómo atravesará a la ciudadanía y qué clase de atenciones dará un personal que perderá músculo en capacitación y preparación.
¿Cómo se relaciona contigo que se debilite el Poder Judicial? Estas acciones afectan a la población nacional, pues es importante recordar que el Poder Judicial atiende en todo el país los asuntos relacionados a la defensa de los derechos humanos, mientras que los Poderes Judiciales locales son quienes atienden asuntos de corte delictivo e impunidad.
Para Leslie Jiménez la principal preocupación se encuentra en la pérdida de capacitación (prioritaria en nuestro sistema judicial) y también, implicará la disminución de personal de los juzgados.
“Si de por sí, dada la distribución hay pocos jueces por número de personas en nuestro país, esta sumisión del poder judicial ante el legislativo en términos presupuestales estará reflejado en el número de personal”, acota.
Asimismo, la especialista comparte que otra coyuntura importante es que, a raíz de este fenómeno, los procesos judiciales podrían tomar hasta el triple de tiempo a causa de la falta de personal en los órganos del Poder Judicial. Todo esto, se aúna a la pérdida del fideicomiso relacionada al mantenimiento de las instalaciones que, por un lado, afectan a las personas que laboran y paralelamente, a quienes reciben atenciones en sus instituciones.
El escenario se ha compuesto entre paros nacionales de personal operativo y una bancada de Morena que reafirma que todo se trata de una manipulación por defender privilegios que resultan poco compatibles con la austeridad de la 4T. En respuesta, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado acotando que la eliminación de algunos fideicomisos vulnerará al 60% de las personas que laboran en el Poder Judicial y paralelamente, se limitará la operatividad teniendo como consecuencia mayor dificultad de acceder a la justicia.
¿Por qué es preocupante que se realicen algunos recortes en la capacitación? Para responder a esto, en La Cadera de Eva tenemos un episodio de El podcast de Eva donde te explicamos la urgencia de que nuestras instituciones contemplen herramientas como la interseccionalidad y la perspectiva de género para abonar en la lucha contra la impunidad, la violencia y desigualdad.
De manera concluyente, sólo queda permanecer a la expectativa de lo que sucederá con este recorte presupuestario, el paro indefinido del personal del PGJ y recordar que, en México, la democracia se sostiene en nuestros Poderes de la Unión; todos en paridad, sólidos, transparentes, capacitados y ninguno al margen del sometimiento de ningún gobierno en turno.
Aún quedan diálogos pendientes y cabos por atar, como por ejemplo, el porqué la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tomó estas decisiones, pues si bien es un órgano competente para analizar los presupuestos, no tiene la facultad para decidir el funcionamiento del Poder Judicial, en cambio, esto debió pasar por la Comisión de Justicia y la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El siguiente paso es esperar a que esta decisión se publique en el Diario Oficial de la Federación donde se podrá dar lectura puntual a cómo han quedado distribuidos estos fideicomisos y en qué términos quedarán.