El Anexo 13, una agrupación de los recursos que corresponden a la igualdad entre mujeres y hombres, ha aumentado en 70% de 2018 a la fecha, sin embargo, de acuerdo con la organización civil Engenera, sólo se ha destinado entre 3% y 7% a las acciones que promueven la erradicación de la violencia y la discriminación de género, ¿esto qué significa? A continuación lo explicamos.
Lo primero a entender, y con mayor gravedad, es que la propuesta de presupuesto para el año 2024 disminuye todavía más los porcentajes anteriores, pues destina menos del 1% para la erradicación de la violencia y la discriminación de género. Lo segundo sería, ¿entonces, a dónde se destinan los recursos? La organización civil para la igualdad de género y la acción social explica que estos han sido etiquetados para programas sociales de asignación directa, es decir: pensiones para personas adultas mayores, becas estudiantiles, programas de vivienda social, mejoramiento urbano, entre otros.
De manera que el Anexo 13 abarca sobre todo programas sociales como las becas, fertilizantes y los demás mencionados en el párrafo anterior, a pesar de que estos tienen poca o nula relación con el objetivo del anexo: la igualdad entre mujeres y hombres.
¿Por qué es preocupante esta situación?
Porque se dejan de lado las iniciativas orientadas al acceso a derechos y las oportunidades de las mujeres. Martha Elba Baeza Guerrero, integrante del Consejo Directivo de Engenera, señala que los recursos deberían ser reclasificados en los ramos correspondientes a su función principal, “para no absorber los recursos que se deben destinar al cumplimiento de obligaciones específicas que se establecen en el Anexo 13, entre ellas la de llevar a cabo acciones para erradicar la violencia y la discriminación hacia las mujeres”.
En el estudio “Tras la fachada del Anexo 13, los programas para mujeres han perdido peso”, publicado por México Evalúa 2022, de 85 programas públicos implementados en este sexenio, sólo 11 están orientados a la protección y calidad de vida de las mujeres; mientras que los recortes presupuestarios principalmente han afectado a programas de salud materna, guarderías y refugios para mujeres violentadas.
Engenera comparte algunos datos que evidencian esta situación con respecto al presupuesto 2024:
- La Secretaría de Bienestar engloba el 65% de los recursos destinados al Anexo 13, mientras que la Secretaría de Gobernación, encargada del diseño de políticas integrales con perspectiva de género, recibirá menos del 1%.
- El Programa para promover la atención y prevención de la violencia tendrá un incremento del 1%, pero todos los recursos están destinados a “coordinar y dar seguimiento a la política nacional integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, es decir, no se consideran las alertas de género y la construcción, equipamiento y operación de los Centros de Justicia para las Mujeres, por mencionar algunos ejemplos.
- Las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres dirigidas a poblaciones indígenas presentan una disminución del 9% en comparación con 2023 en el Anexo 13.
- Las acciones para la promoción de los derechos de las mujeres indígenas también presentan una disminución de 12% con respecto a 2023.
- Lo mismo se observa en el Programa de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que de 2018 a 2023 disminuyó en un 86%, al pasar de 11 millones de pesos a solo 2 millones. Y para el próximo año se prevé un monto de 1,606,750 pesos.
Si bien, para 2024 los recursos del Anexo 13 benefician principalmente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (este representa el 61% del monto total del anexo), este programa no incluye criterios para incorporar la perspectiva de género y de interseccionalidad, explica Engenera.
¿De qué manera nos perjudica que no se considere la perspectiva de género y la interseccionalidad?
Tanto la perspectiva de género como la interseccionalidad aplican para todas las poblaciones, pues permiten que cada grupo social reciba un trato adecuado que visibilice las condiciones reales que caracterizan su contexto y los factores que les vulneran.
El marco normativo para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos públicos se establece en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Planeación, los Lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios federales y en el capítulo IV de la igualdad entre mujeres y hombres de cada Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desde 2018, de acuerdo con la organización civil.
De manera que las acciones de los programas presupuestales contenidos en el presupuesto 2024 deberían estar alineadas a:
- Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres PROIGUALDAD 2020-2024
- Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2021-2024
Sin embargo, esto no ocurre en el presupuesto 2024.
¿Los programas sociales deberían tener menos recursos?
Engenera explica que no se trata de quitar o competir con los programas sociales de asignación directa, sino que estos se clasifiquen correctamente en las partidas presupuestales que les corresponden. Así, el Anexo 13 podrá sumar de manera efectiva a su propósito inicial y contar con los recursos suficientes para llevar a cabo las acciones que se le asignaron: la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
