En México, al menos 6.8 millones de niñas y niños menores de cinco años no tienen acceso a servicios de cuidado y educación temprana. En otras palabras, están fuera de un sistema que debería garantizarles atención, aprendizaje y seguridad en una etapa crucial de su desarrollo. Así lo reveló el análisis "Cuidados para la primera infancia: recomendaciones hacia la conformación del Sistema Nacional de Cuidados" de Ethos Innovación en Políticas Públicas, Early Institute y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
A pesar de que el derecho al cuidado infantil está implícitamente reconocido en diversos marcos normativos internacionales y nacionales, como la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, aún no se encuentra consagrado en la Constitución Política de nuestro país. Esta omisión dificulta la articulación de estrategias entre distintas normativas y limita el cumplimiento de este derecho fundamental, revela el análisis.
Por ejemplo: si vives en una zona rural, si tu familia no tiene seguridad social o si eres madre trabajadora sin acceso a una guardería del IMSS o ISSSTE, encontrar un lugar seguro para el cuidado de tus hijas e hijos es casi imposible.
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Las cifras lo confirman: el 26% de las infancias vive en áreas rurales, pero solo el 2.2% de los Centros de Atención Infantil (CAI) están ahí. Si se considera que la mayoría de las madres y padres consideran que “no necesitan” estos servicios—en parte porque no hay suficientes opciones accesibles—, la infancia termina siendo cuidada en casa, muchas veces por mujeres de la familia que ya cargan con el peso de los cuidados no remunerados.
El problema no es solo de cobertura, sino de calidad. El informe también documenta que no hay un estándar único para los CAI, lo que significa que las condiciones en las que niñas y niños son atendidos dependen del tipo de centro al que accedan. Hay espacios con personal capacitado y en buenas condiciones, pero también hay otros sin supervisión, con cuidadores sobrecargados y con casos documentados de violencia y negligencia.
Otro obstáculo es la baja demanda y subutilización de los servicios de cuidado infantil. La ENASIC 2022 indica que el 81.9% de las familias que no acceden a estos servicios considera que sus hijos "no tienen necesidad" de ellos, mientras que solo el 7.7% menciona la falta de centros cercanos y el 3.3% la carencia de recursos económicos.
Asimismo, existen deficiencias en los estándares de calidad de estos servicios. La infraestructura, la capacitación del personal y la supervisión son insuficientes, lo que afecta la atención infantil. La sobrecarga de trabajo de los agentes educativos, la falta de regulación de la relación cuidador/a-infante y los reportes de violencia y explotación infantil evidencian vacíos en la supervisión.
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El presupuesto destinado a la primera infancia también es insuficiente. En los últimos doce años, la inversión en estos servicios ha disminuido en un 1.1% anual en promedio. Para 2025, se prevé gastar 24.2 mil millones de pesos en programas exclusivos para la primera infancia, de los cuales el 83.2% será destinado al IMSS e ISSSTE, dejando en desventaja a la población sin seguridad social.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) también muestran que cerca del 50% de niñas y niños de uno a cuatro años han sido víctimas de castigos físicos o violencia psicológica en el hogar, por lo que el análisis señala que es fundamental fortalecer programas que brinden orientación a madres, padres y cuidadores/as sobre prácticas de crianza positiva, así como implementar estrategias de sensibilización y formación para reducir la violencia en el hogar.
¿Cuál es la solución?
El análisis sugiere que el Sistema Nacional de Cuidados (SNC) debería ser la respuesta, pero sin presupuesto suficiente y sin una estrategia clara de implementación, sigue siendo más una promesa que una realidad. Para empezar a cerrar la brecha de desigualdad en el cuidado infantil, se necesita:
- Reconocer el derecho al cuidado en la Constitución para garantizar acceso universal.
- Ampliar la cobertura de los CAI, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad.
- Regular y supervisar los centros existentes para asegurar estándares de calidad.
- Aumentar el presupuesto, destinando al menos el 1.16% del PIB anual a estos servicios.
- Reducir la carga de cuidados sobre las mujeres, implementando políticas de conciliación laboral y familiar.
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