María del Socorro Barrera Sánchez, quien fungió como funcionaria y testigo protegido del caso de tortura de dos periodistas, fue asesinada el jueves 20 de junio por la tarde en un autolavado, en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Los hechos sucedieron en el interior de dicho local en la carretera a Oaxaca. Un grupo armado le disparó mientras se encontraba al interior del autolavado en un intento de asalto, de acuerdo con los medios locales del estado de Puebla.
Tras darse a conocer esta noticia, la periodista Michelle López escribió en su cuenta de X que el próximo lunes era su audiencia para continuar con su caso.
“Izúcar está bañado en sangre, mi hogar ya no lo reconozco. Quienes cometieron este hecho atroz están en libertad como nuestros agresores, arrebataron una vida preciada. El lunes era nuestra audiencia…que esto no quede en el olvido y exista justicia por favor”, se lee en la publicación.
María del Socorro Barrera Sánchez fungió como titular de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y era testigo protegido de la Fiscalia General de la República (FGR) en el caso de investigación de tortura de dos periodistas que fueron abusadas, detenidas, torturadas y privadas de la libertad por la policía de Izúcar el 10 de mazo de 2023.
La FGR le había otorgado protección a María del Socorro en este año por ser testigo clave en el caso de Michelle Hoyos López y Natalie, dos periodistas agredidas en el marco de las protestas por el 8M del 2023 en Izúcar.
Además, María del Socorro estaba a cargo de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en Izúcar de Matamoros durante la administración de Irene Olea, sin embargo este mismo año fue separada del cargo por el caso de las periodistas, cuando la FGR la consideró testigo clave de la investigación.
El caso de agresión a dos periodistas en Izúcar en 2023
El año pasado, en el marco de las marchas por el 8M, las dos hermanas periodistas, Michelle y Natalie, denunciaron que fueron víctimas de violencia por parte de los policías municipales por cubrir las manifestaciones del 8M.
Las dos periodistas fueron invitadas a cubrir las actividades que distintas colectivas feministas tenían planeadas para el 11 de marzo para conmemorar el 8M, de acuerdo con la Colectiva feminista Marea Púrpura.
Ese viernes, Natalia y Michelle acudieron a dejar a una de las compañeras del movimiento a su casa. Previo a llegar al lugar, fueron detenidas por elementos de la policía municipal, quienes con agresiones verbales y amenazas las obligaron a bajar de su auto.
Los policías en cuestión les mencionaron que eran órdenes de la jefa” y que “estaba muy feliz por lo sucedido”. Acto seguido, las tuvieron retenidas por cinco días sin poder tener comunicación, durante la detención las periodistas denunciaron que los agentes de seguridad las golpearon y las intimidaron con tocamientos indebidos.
También las intimidaron y amenazaron con desaparecerlas. Ante estos hechos, las periodistas denunciaron la violencia sufrida por los policías, además denunciaron a distintos funcionarios municipales de alterar documentos y pruebas en su retención.
El caso involucra a cinco funcionarios y seis policías del ayuntamiento de dicho municipio, quienes están acusados de encubrir las agresiones mencionadas.
Aunque los hechos sucedieron el año pasado, la primera audiencia que se realizó del caso fue en febrero de este año, sin embargo, en esa fecha no acudieron ni los funcionarios y ni los policías involucrados. Posteriormente, hasta el 17 de mayo de este año la FGR informó a través de un comunicado que habían vinculado a proceso a 11 servidores públicos por este caso.
“Todos, fueron vinculados por su probable responsabilidad en el delito de falsedad de informes dados a una autoridad, ya que probablemente modificaron y falsearon los informes sobre la investigación de la privación de la libertad de las comunicadoras, con la finalidad de ocultar las vejaciones de las que fueron objeto durante su detención”, se lee en el comunicado.