En 2014, Juanita Alonzo Santizo, una guatemalteca de 27 años, quería llegar a los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. En su paso por México, fue detenida en Reynosa, Tamaulipas acusada de presuntamente secuestrar a una mujer salvadoreña y a su hija. Un delito que nunca cometió. Su caso se dio a conocer por activistas y defensores de los derechos humanos de migrantes; ya que, desafortunadamente, el caso de Juana no ha sido el único.

Ante las omisiones por parte del gobierno federal, las constantes violaciones a derechos humanos, los arrestos injustificados y una política migratoria que criminaliza a las personas migrantes; las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Programa de Asuntos Migratorios - IBERO CDMX, Promotores de la Liberación Migrante y Data Cívica se unieron para investigar y documentar casos como este.

En el informe “La criminalización de personas migrantes en México: el caso de Juanita Alonzo y su búsqueda por la libertad”, documentaron las irregularidades que encontraron y las cifras que alarman sobre esta práctica en México, pues si la búsqueda de justicia no es fácil para connacionales, mucho menos para personas indígenas migrantes

Juana Alonzo es una mujer indígena maya chuj, originaria de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala. Juana fue detenida en México en noviembre de 2014, ella solo estaba transitando por México porque su meta era llegar a Estados Unidos, todos los que van a ese país, lamentablemente tienen que transitar por aquí”, expresó Ana Gómez, quien aboga por pueblos migrantes de Guatemala y es integrante de Promotores de la Liberación Migrante.

Por su parte, el abogado Neftaly Pérez, integrante de Centro Prodh explicó que el informe que presentan sirve como herramienta para diferenciar las fallas técnicas del sistema de justicia penal y dijo que el caso es emblemático debido a las violaciones de derechos humanos que cometieron contra Juanita. 

Juanita no tuvo oportunidad de llamar a su consulado, tampoco tuvo a una persona intérprete del idioma chuj y en todo momento se le habló en español, un lenguaje incomprensible para ella. Además, fue sometida a actos de tortura cuando la detuvieron ya que fue golpeada por agentes de la Policía Ministerial, según documenta el informe. 

“El proceso de Juanita duró casi ocho años, estuvo en un prisión preventiva oficiosa en un centro penitenciario en Reynosa, Tamaulipas. Jamás contó con una sentencia condenatoria y nunca se demostró el delito del que se le acusaba”, narró el abogado.

Explicó que el caso de Juanita presenta muchas violaciones al debido proceso, lo que demuestra cómo las autoridades judiciales de Tamaulipas no tienen una perspectiva intercultural ni de interseccionalidad.

En el mismo año, Juanita fue obligada a firmar una declaración autoincriminatoria y hasta 2018, se le permitió declarar con la ayuda de una intérprete y decir cuáles fueron las verdaderas razones de su detención. 

Posteriormente, el abogado particular de Juanita planteó un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, es decir que la pusieran en libertad por falta de pruebas. Pero el 13 de octubre de 2018 el Juzgado Penal negó este incidente, así que presentó una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, y el 13 de agosto de 2019 se concedió un amparo.

El informe señala que durante los años siguientes, no se agregaron nuevas pruebas por parte de la Fiscalía sobre la supuesta responsabilidad de Juanita en los hechos. El abogado de Juanita solicitó que se citara a los policías aprehensores, pero no acudieron a declarar por lo que alargó por años el proceso.

Este caso llegó a noticias nacionales, tanto, que llegó a la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Ambos coincidieron en revisar el caso y expresaron que si no existían pruebas, Juanita debía ser liberada. 

Finalmente, “el 21 de mayo de 2022, el Juzgado Penal tomó en consideración las diligencias de interrogatorio de los agentes de la Policía Ministerial y los dictámenes presentados como prueba plena para tener por desvanecidos los datos que arrojaron las pruebas aportadas por el Ministerio Público”, señala el informe.

Debido a que Juanita era migrante y una persona vulnerable por lo que era poco probable que hubiera participado en un delito de alto impacto, por lo que la dejaron en libertad.

Criminalización de personas migrantes en México caso Juanita Alonzo
Criminalización de personas migrantes en México caso Juanita Alonzo

Criminalización de migrantes en México

Margarita Núñez, integrante del Programa de Asuntos Migratorios - IBERO CDMX explicó que han identificado a lo largo de los años patrones de criminalización de migrantes que tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad que presentan al ser personas no mexicanas en el territorio.

Actualmente, dijo, Juanita está buscando una reparación del daño y medidas de acceso a la justicia frente a las violaciones de derechos humanos de las que fue víctima. Sin embargo, siguen prevaleciendo obstáculos para que acceda realmente a la justicia de manera íntegra y amplia por su condición de persona migrante. 

Señaló que las fallas estructurales en la persecución de delitos, la existencia de un sistema de impartición de justicia que viola los debidos procesos, más la política migratoria que percibe a los migrantes como personas que atentan con la seguridad del país; los exponen a situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

“A lo largo de la última década, diversas organizaciones han documentado los altos índices de violencia contra personas migrantes. Desde 2011, el Centro Prodh y la Casa del Migrante Saltillo, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), documentaron la ocurrencia de un estimado de 20 mil secuestros de personas migrantes por año en territorio mexicano”, dice el informe. 

Señalan que estos delitos están asociados con otros, como la extorsión, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, el reclutamiento forzado, la desaparición forzada y los homicidios.

Itzel Soto, analista de datos en Data Cívica, explicó que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) tiene dos limitaciones importantes: los últimos datos son de hace tres años, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI la clasifica como una encuesta especial y su levantamiento es de una temporalidad limitada; por lo que llaman a que se vuelva a levantar cada cinco años.

Además, invisibiliza la situación de los migrantes, “lo que hace es dividir en tres grandes grupos a la población privada de libertad de México, la nacida en Estados Unidos y la población Centroamericana”, dijo la analista. 

En la Enpol 2021, se reporta que casi la mitad de las personas privadas de la libertad (48.6%) señalaron que, tras ser detenidas, diversas fuerzas de seguridad las sometieron a maltratos y abusos físicos. Además, entre las personas que habían confesado algún delito, el 38% manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades las golpearon o amenazaron”, documenta el informe. 

Itzel Soto también explicó que al momento de su detención a la mitad de las personas privadas de su libertad no les dijo por qué las detenían. La policía amenazó con dar cargos falsos al 45% de migrantes detenidos y sufrieron agresiones físicas, los hieren con armas blancas.

Datos como estos, fueron documentados por las organizaciones antes mencionadas. El caso de Juanita abrió paso a que medios nacionales y activistas documentaran los tratos inhumanos que las autoridades mexicanas dan a personas migrantes, sobre todo si se tratan de grupos vulnerables como mujeres indígenas.