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Por primera vez en la historia, un tribunal internacional ha reconocido el cuidado como un derecho humano autónomo. En su Opinión Consultiva 31, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que todas las personas tienen derecho a cuidar, ser cuidadas y ejercer el autocuidado, lo que implica una transformación profunda en la manera en que los Estados deben concebir e implementar sus políticas públicas.
Este pronunciamiento histórico representa una victoria para los movimientos feministas y organizaciones de derechos humanos que desde hace décadas exigen que el cuidado sea tratado no como una carga privada impuesta a las mujeres, sino como una cuestión de justicia social que debe ser compartida y garantizada por el Estado.
La Corte acogió los argumentos del Centro de Derechos Reproductivos, Ipas Latinoamérica y el Caribe, y otras organizaciones aliadas, reconociendo que el autocuidado está intrínsecamente vinculado con el acceso a la salud sexual y reproductiva. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar servicios, información y condiciones que permitan tomar decisiones libres sobre la reproducción, el parto y la maternidad.
“Hoy se salda una deuda histórica con las mujeres de la región. El cuidado dejó de ser un rol asignado a partir de estereotipos y se reconoce como un derecho que puede y debe ejercerse en condiciones de igualdad”, afirmó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
La feminización del cuidado, una desigualdad estructural
El fallo no es menor en una región donde las mujeres dedican tres veces más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Esta carga desigual no solo limita su participación en el mercado laboral, sino que impacta directamente su autonomía económica y reproductiva.
En palabras de la Corte, esta situación se agrava cuando el género se cruza con otras formas de discriminación, como la edad, la raza, el origen étnico, la pobreza, la discapacidad o el estatus migratorio. Por ello, exhorta a los Estados a adoptar un enfoque interseccional en la implementación de políticas públicas.
¿Qué implica este fallo para los Estados?
El pronunciamiento obliga a los Estados parte de la Convención Americana a diseñar políticas que promuevan una distribución equitativa del cuidado. Entre las medidas señaladas por la Corte están:
- Reconocimiento del valor económico del trabajo de cuidado.
- Licencias de paternidad obligatorias, pagadas y equivalentes a las de maternidad.
- Flexibilidad laboral para personas cuidadoras.
- Inversión en redes comunitarias de cuidado y servicios públicos.
- Acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva con consentimiento libre e informado.
Un parteaguas jurídico y político para la región
Con este pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sienta un precedente que podría redefinir el marco jurídico y social en América Latina, al reconocer que el cuidado no es una tarea individual ni exclusiva de las mujeres, sino una responsabilidad compartida entre familias, comunidades, empresas, sociedad civil y el Estado. El fallo deja claro que toda la sociedad debe respaldar tanto a quienes brindan cuidados como a quienes los necesitan.
Más allá de lo jurídico, este fallo representa un respaldo político y simbólico para las luchas feministas por la redistribución del trabajo de cuidado y la garantía de derechos sexuales y reproductivos como condiciones indispensables para una vida digna y autónoma.
En un contexto de debates en torno a los sistemas de cuidados —como la próxima Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL— el reconocimiento de la Corte IDH pone sobre la mesa que sin políticas integrales de cuidado, la igualdad de género es una promesa vacía.
¿Qué sigue?
Organizaciones feministas, colectivas de trabajadoras del hogar, cuidadoras comunitarias y redes de defensoras han reiterado la exigencia de una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, con enfoque de género, interculturalidad y perspectiva interseccional. También reclaman presupuesto específico, mecanismos de evaluación y participación social en su diseño e implementación.
Mientras tanto, millones de mujeres seguirán enfrentando jornadas dobles o triples, intentando equilibrar el cuidado de hijas, hijos, personas enfermas o mayores con empleos precarios y sin acceso a seguridad social, sobre todo aquellas que trabajan en el sector informal.
