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Este 4 de febrero, el fallo que podría marcar un antes y después en la justicia para mujeres defensoras de derechos humanos no llegó.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la resolución programada para este 4 de febrero del amparo por la desaparición forzada de la activista oaxaqueña Claudia Uruchurtu, luego de que el presidente del tribunal finalizara la sesión del día de hoy reconociendo que “nos han quedado tres en lista”, dijo. La fecha para retomar el caso sigue sin definirse.
Se tenía previsto que la SCJN resolvería la absolución de Jhoan Ricardo Matus, ex asesor jurídico del municipio de Asunción Nochixtlán, quien en 2023, fue sentenciado a 60 años de prisión por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu y que fue absuelto posteriormente por un Tribunal Colegiado, por lo que la SCJN analizaría el Amparo en Revisión 5887/2025 para determinar si su liberación se apegó a la legalidad.
Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) destacan que la decisión de la SCJN podría sentar bases sobre la presunción de inocencia, el valor de las pruebas circunstanciales y la protección a personas defensoras de derechos humanos.
“La decisión puede ser un paso importante para que el sistema de justicia determine las pruebas adecuadas para probar la desaparición y la necesidad de un enfoque diferenciado hacia mujeres defensoras que enfrentan violencia extrema” se lee en una publicación sobre el caso.
La absolución que evidenció la impunidad
La situación de Jhoan Ricardo Matus es una pieza central en el caso de la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu. Se desempeñó como asesor jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, cargo que ejerció bajo la administración de la entonces presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta.
Matus fue acusado de participar en la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos, Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrida la noche del 26 de marzo de 2021, sin embargo, cuatro años después, quedó en libertad a pesar de la condena inicial.
Esto fue lo que pasó: la acusación sostiene que él, junto con otros servidores públicos y la propia presidenta municipal, orquestaron la desaparición de la activista como represalia por sus constantes denuncias sobre corrupción, desvío de fondos públicos, falsificación de firmas y abuso de poder dentro del gobierno municipal.
Tras su detención en julio de 2021, fue vinculado a proceso y, en el año 2023, recibió una sentencia original de 60 años de prisión por su responsabilidad en estos hechos. En julio de 2025, una resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en San Bartolo Coyotepec, anuló su condena.
Es importante señalar que su liberación ocurrió meses después de que la exalcaldesa, Lizbeth Victoria Huerta, se le señaló originalmente como la autora intelectual del delito de desaparición forzada de la activista, también saliera de prisión, luego de que su delito fuera reclasificado de desaparición forzada a obstrucción de la justicia, el 15 de diciembre de 2022, lo que redujo drásticamente su condena.
Pero, desde la lucha por la justicia y la verdad alrededor de la desaparición forzada y violencia contra defensores de derechos humanos, su liberación fue impugnada por los asesores jurídicos de la familia Uruchurtu mediante un recurso de amparo promovido en octubre de 2025.
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¿Quién es Claudia Uruchurtu?
Claudia Uruchurtu Cruz era una activista de 47 años, originaria de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Claudia vivía con su madre y su hijo.
Su labor como defensora de derechos humanos comenzó cuando denunció múltiples problemas agrarios en la región, motivo por el que, durante más de cuatro años, documentó y denunció ante diversas autoridades actos de corrupción, desvío de recursos públicos, falsificación de firmas y abuso de poder por parte del ayuntamiento de Nochixtlán.
Entre sus denuncias denunció que Lizbeth Victoria Huerta presuntamente utilizó fondos destinados a la pandemia de Covid-19 para financiar su campaña de reelección.
La noche de su desaparición, Claudia participó en una manifestación frente al palacio municipal para exigir la liberación de una persona detenida arbitrariamente. Al concluir el evento, fue seguida y privada de su libertad de forma violenta, siendo subida a una camioneta roja perteneciente al municipio. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo desconocido, sin embargo, su caso también se considera como uno histórico por ser el primero en Oaxaca en lograr la vinculación a proceso de autoridades municipales en funciones por desaparición forzada.
