En su Informe Público Anual 2024, ONU Mujeres México visibiliza avances institucionales en temas prioritarios para la igualdad de género. Sin embargo, al analizardos de los ejes más críticos para la vida de las mujeres, la violencia de género y el sistema nacional de cuidados., el balance revela más deudas que logros estructurales.
El documento oficial resalta políticas piloto, reformas legales y campañas de concientización del gobierno de México. Sin embargo, en un país con múltiples alertas por violencia de género activas y donde el cuidado sigue recayendo desproporcionadamente sobre las mujeres, las acciones institucionales, si bien valiosas, aún no transforman el contexto general de desigualdad.
El informe presume la capacitación de más de mil 250 mujeres para emprender, el fortalecimiento de 800 liderazgos femeninos en política y la incorporación de 6 mil personas a campañas de sensibilización como “Atletas de Alto Entendimiento”.
Uno de los principales avances que recoge el informe es la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en 2024 incorporó la figura de la violencia vicaria. Esta modificación legal, señala el documento, representa un reconocimiento jurídico de una forma específica de violencia ejercida a través de hijas, hijos y personas cercanas.
El informe también señala lo innovador de esta medida, el informe omite datos sobre su implementación efectiva: no hay cifras sobre denuncias, procesos judiciales ni sentencias derivadas de esta reforma. En otras palabras, el avance normativo aún no se traduce en acceso real a la justicia para las mujeres.
También se documenta el trabajo con sobrevivientes de violencia feminicida en el Estado de México, quienes, junto a sus familias, desarrollaron proyectos culturales y de memoria. En municipios como Ecatepec o Nezahualcóyotl, donde operan alertas de violencia de género desde hace casi una década, se promovieron murales y recetarios simbólicos como formas de reparación.
Pero la violencia continúa. El informe no da cuenta de la evolución de los índices de feminicidio, desaparición o violencia sexual. No hay evaluación sobre la efectividad de las acciones institucionales ni seguimiento sobre cuántas mujeres encuentran justicia en el sistema penal.
Además, en un país con más de 10 asesinatos de mujeres al día, en promedio, las acciones de memoria y concientización, aunque fundamentales, no suplen la necesidad de una política criminal sólida, acompañamiento institucional constante ni una red de atención robusta para las víctimas.
El segundo eje clave del informe es la política nacional de cuidados, que ONU Mujeres posiciona como esencial para cerrar brechas de género. En 2024, se reforzaron herramientas como el Mapa de Cuidados de México y el Observatorio de Cuidados, desarrollados en alianza con la Secretaría de las Mujeres y El Colegio de México (Colmex).
En Monterrey, se implementó un modelo municipal pionero que incluyó un reglamento de cuidados, diagnósticos locales y acciones comunitarias con enfoque de género. También se desarrollaron auditorías de género y redes de apoyo basadas en la sororidad.
Pese a estos esfuerzos, el informe reconoce, sin profundizar, que México no cuenta aún con un Sistema Nacional de Cuidados. Las experiencias municipales no están replicadas ni coordinadas a nivel federal, y no existe una ley general que garantice el derecho al cuidado ni un presupuesto específico que permita su expansión.
Además, el informe no detalla cómo estas iniciativas benefician a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como madres solteras, trabajadoras del hogar, cuidadoras informales o mujeres indígenas, quienes históricamente han sostenido el sistema de cuidados sin reconocimiento ni remuneración.
En un país donde las mujeres dedican, en promedio, más del doble de horas que los hombres al trabajo no remunerado, la ausencia de una política nacional articulada refuerza la desigualdad estructural.
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Narrativas sin transformación estructural
El informe incluye campañas como ÚNETE y Campus Seguros, orientadas a prevenir la violencia en espacios educativos y a modificar normas sociales a través de acciones culturales. En el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, se promovieron círculos de masculinidades positivas y protocolos contra el acoso.
Aunque estas iniciativas son valiosas, su escala es reducida y sus impactos difíciles de medir a nivel nacional. El informe no presenta indicadores sobre cambios de conducta, reducción de casos o transformación de normas en comunidades más allá del entorno universitario.
Balance: esfuerzos visibles, resultados pendientes
El Informe Anual 2024 presenta avances importantes en diversos frentes, pero también evidencia una desconexión entre las estrategias institucionales y las condiciones reales que viven millones de mujeres en México. Los programas piloto, las reformas legales y las campañas de sensibilización no logran incidir con suficiente fuerza en las estructuras que perpetúan la desigualdad: impunidad, precariedad, racismo, violencia sistemática y falta de acceso a derechos.
ONU Mujeres presenta un informe lleno de acciones institucionales, formación, herramientas técnicas y trabajo intersectorial. Pero cuando se analiza el impacto real en dos de los temas más urgentes —violencia de género y cuidados— las políticas parecen quedarse cortas frente a la magnitud del problema.
Las reformas legales no se han traducido en justicia para las víctimas. Las campañas no logran transformar patrones de violencia ni eliminar la impunidad. Y los modelos de cuidados, aunque innovadores, siguen siendo experiencias piloto sin garantía de continuidad ni expansión.
A más de 25 años de la Plataforma de Beijing, la propia ONU advierte que, si no se acelera el cambio, una niña nacida hoy tendrá que esperar 137 años para ver erradicada la pobreza extrema entre mujeres y niñas. México, con todas sus iniciativas en marcha, aún no está fuera de esa lógica.
