Una nueva Ley de Telecomunicaciones podría cambiar la forma en que usamos internet y los servicios móviles en México. Además, podría darle al gobierno más poder para bloquear plataformas digitales, registrar datos de quienes usamos celulares y, en ciertos casos, cortar el acceso a la red en ciertas zonas, todo sin reglas. Te explicamos.
En un proceso calificado de "fast track" y sin realizar cambios ni consultar a expertos, las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La iniciativa fue avalada con 29 votos a favor y nueve en contra por las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos el pasado 24 de abril. Se espera que la discusión y votación en el Pleno del Senado ocurra el próximo 28 de abril.
Foto: Cuartoscuro
La ley, impulsada por la bancada de Morenaen el Senado, ha generado fuertes críticas por parte de la oposición (PRI, PAN y Movimiento Ciudadano), que la ha bautizado como la “ley censura” o “ley censura del bienestar”. La principal preocupación radica en los amplios poderes que se otorgan a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presidida por José Merino.
Según la oposición, la ATDT concentrará facultades que antes correspondían al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —un órgano autónomo que desaparece con esta ley—, así como a las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes.
¿Cómo me afecta esta nueva Ley?
Uno de los puntos más alarmantes que han señalado las voces críticas y distintas organizaciones, es la facultad que se otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear plataformas digitales.
El artículo 109 de la iniciativa establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la ATDT para el bloqueo temporal de una Plataforma Digital por incumplimiento de normativas aplicables, y la Agencia emitirá los lineamientos para dicho procedimiento.
Al respecto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señaló que la ley no especifica qué plataformas, por cuánto tiempo, si incluye redes sociales, ni los casos o temas para censurarlas, y que deja a la discrecionalidad de la Agencia definir los procedimientos y parámetros, lo cual debería estar en la ley según estándares internacionales, lo cual califican de peligroso y una violación a la libertad de expresión.
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Otro aspecto cuestionado es la creación de un registro de usuarios del servicio móvil, similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 debido a que violaba los derechos fundamentales a la privacidad y protección de datos personales.
Aunque la iniciativa de ley no aclara qué información incluirá este registro, faculta a la Agencia a permitir la consulta por parte de “autoridades competentes” conforme a criterios y condiciones que la Agencia defina en lineamientos.
Esto levanta preocupaciones entre la sociedad civil sobre la privacidad, ya que la definición de qué autoridades y bajo qué procedimientos tendrán acceso queda a discreción de la dependencia.
Además, la iniciativa prevé que las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional puedan operar equipos para bloquear o anular señales de telecomunicaciones.
La R3D menciona que la falta de claridad sobre a qué “atribuciones” se refiere abre la puerta a posibles restricciones arbitrarias como “apagones de Internet”, con graves efectos en los derechos humanos.
La ley también prohíbe la publicidad de gobiernos extranjeros en México, con excepción de temas turísticos y culturales. La violación de esta disposición implicaría multas de entre el 2% y el 5% de los ingresos del concesionario o plataforma. La Secretaría de Gobernación estará a cargo de identificar y suspender dicho contenido prohibido.
En respuesta a las críticas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este 25 de abril que la iniciativa busque censurar plataformas digitales. Afirmó que su intención es regular el sector digital y que la medida se aplicaría en situaciones relacionadas con seguridad, evasión fiscal u otras violaciones legales, no con el contenido.
No obstante, reconoció que el artículo 109, que establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la ATDT para el bloqueo temporal de una Plataforma Digital por incumplimiento de normativas aplicables, podría generar confusiones y sugirió corregirlo para evitar malentendidos. Además, señaló que se debería abrir la discusión y que la ley no tiene que aprobarse en una fecha específica mencionada.
Organizaciones como la R3D han hecho un llamado al Senado para que considere una discusión más amplia e incluyente, reconociendo que la iniciativa, en sus términos actuales, conlleva riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad.
