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La activista María Elena Ríos denunció que familiares del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal —señalado como autor intelectual del ataque con ácido sulfúrico que sufrió en 2019— intimidaron a funcionarias de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México durante una inspección en el hospital Santa Anita, en el centro de Oaxaca.
En un video difundido en su cuenta de X, María Elena Ríos detalló un incidente ocurrido a mediados de julio, donde se observa a la policía estatal aparentemente vigilando cuartos vacíos. De acuerdo con la activista, la familia de Vera Carrizal “corrió y amedrentó a funcionarias” que intentaban verificar la presencia de su agresor y solicitar su expediente médico.
“Así fue como la familia de Juan Antonio Vera Carrizal corrió y amedrentó a funcionarias de la Secretaría de las Mujeres federal. Esto, tras percatarse de que el feminicida no se encuentra en el hospital, tal como lo presume el juez Lorenzo Ramírez Cruz, su cómplice” (María Elena Ríos)
En entrevista para La Cadera de Eva, Ríos también describió la confrontación con los familiares de Vera Carrizal, a quienes calificó de "muy violentos", y aseguró que la policía estatal, presente en el lugar, actuó a favor de ellos.
“La policía estatal definitivamente está de su lado, está a su servicio, a su merced”, declaró la activista, añadiendo: “No es justo que después de 10 meses no pueda, por lo menos, revisar que efectivamente exista un expediente médico”.
La frustración de María Elena Ríos es palpable, especialmente al conmemorarse seis años de su intento de feminicidio.
“Ya se cumplieron más de 10 meses desde que este criminal logró salir del reclusorio con ayuda del juez Lorenzo Ramírez Cruz, fingiendo enfermedades que, por supuesto, no existen. Este martes 9 de septiembre se cumplen seis años desde que este feminicida intentó matarme con ácido sulfúrico. Seis años y la justicia aún no llega” (María Elena Ríos)
Contexto de la excarcelación
La situación actual se deriva de la excarcelación de Juan Antonio Vera Carrizal, ordenada el 2 de diciembre de 2024. Esta se justificó con un informe médico del Centro Penitenciario Tenivet, que indicaba la necesidad de tratamientos por supuestos daños neurológicos y problemas en el intestino grueso, a ser atendidos en el Hospital Reforma de Oaxaca.
Sin embargo, ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca ni la Fiscalía estatal notificaron a María Elena Ríos sobre esta decisión judicial. Ella denunció las irregularidades en redes sociales el 20 de diciembre de 2024, fecha en que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) envió a un perito, quien concluyó que los diagnósticos no ameritaban la excarcelación, contradiciendo a los peritos privados de la defensa.
Estos últimos habían solicitado una estancia hospitalaria de entre ocho y quince días, la cual fue finalmente concedida por un juez. Además, como documentamos en esta nota, a la Fiscalía se le negó el acceso tanto a Vera Carrizal como a su expediente médico en la clínica. Esta situación se repitió durante la inspección de la Secretaría de las Mujeres en julio.
María Elena Ríos relató que la administración del hospital alertó a la familia de Vera Carrizal y que, al abrir la habitación que supuestamente custodiaban, la encontró vacía y con olor a humedad, lo que sugería que no había sido utilizada por un paciente.
“Ese hospital no tiene, pues, gente hospitalizada... arriba no hay nadie. Él no está en el hospital, él está de vacaciones, está libre” (María Elena Ríos)
Seis años de impunidad
Este 9 de septiembre se cumplen seis años del intento de feminicidio contra María Elena Ríos. Durante todo este tiempo, la activista ha denunciado múltiples irregularidades en el proceso judicial, impunidad y violencia institucional que han favorecido a su agresor, causándole una profunda sensación de frustración y desesperanza.
María Elena fue atacada con ácido en 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca. El 9 septiembre, Rubicel Hernández Ríos ingresó a su domicilio y le arrojó una cubeta con ácido sulfúrico, causándole graves quemaduras en el rostro, boca, cuello, brazos y piernas, afectando casi el 80 % de su cuerpo.
Tras recibir el alta médica, comenzó un proceso penal contra Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI, y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández. Sin embargo, el proceso ha sido lento y revictimizante para la activista, quien ha documentado públicamente cada una de las irregularidades en su caso.
Desde entonces, ha luchado para que se castigue por el delito de feminicidio en grado de tentativa a los tres presuntos responsables que permanecen en prisión: Rubicel Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaeza Charrez. Juan Antonio Vera Hernández continúa prófugo.
El 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño declaró inocente al exdiputado priista. Sin embargo, horas después, la jueza sustituta María Antonia Esteva dejó sin efecto la liberación y ordenó que se mantuviera la medida cautelar originalmente impuesta en la causa penal.
Vera Carrizal y los otros presuntos responsables fueron citados para una audiencia de debate el 21 de agosto de 2025, pero esta fue suspendida y, hasta la fecha, no se ha reprogramado.
“Lo único que pido es justicia, lo único que pido es que no se olviden de mi caso, que no se queden calladas las autoridades, porque saben lo que está pasando y lo saben perfectamente bien. Solo estoy pidiendo justicia” (María Elena Ríos)
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