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La noche de este martes 23 de diciembre de 2025, la justicia poblana marcó un precedente histórico al declarar culpable a Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla, por el feminicidio de su expareja, la abogada y activista Cecilia Monzón.
El tribunal determinó que el expolítico del PRI actuó como autor intelectual del crimen, ordenando el ataque armado contra la madre de su hijo tras las denuncias por pensión alimenticia y violencia familiar que ella había interpuesto en su contra.
A pesar del fallo por feminicidio, el proceso por violencia familiar que Cecilia interpuso antes de morir ha enfrentado severos retrocesos legales. Aunque en mayo de 2024 un Juez de Control impuso una sentencia de seis años de prisión a López Zavala por este delito, la situación jurídica se complicó meses después.
En noviembre de 2025, un Tribunal de Puebla revocó el fallo, dejando sin efecto la sentencia y ordenando repetir la audiencia.
¿A cuántos años de prisión podría ser sentenciado Javier López Zavala?
Aunque ya se dictó el fallo condenatorio, la audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre de 2025. En esta sesión se determinará la cantidad exacta de años que los culpables pasarán en prisión, así como las multas correspondientes.
La familia de Cecilia Monzón y la Fiscalía han solicitado la pena máxima de 60 años de prisión por el delito de feminicidio. Esta condena deberá sumarse a los seis años de prisión que ya le habían sido impuestos a López Zavala por el delito de violencia familiar cometido contra la activista.
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Cronología del caso
El feminicidio de Cecilia Monzón ocurrió el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. La acrivista fue emboscada mientras conducía su vehículo por el Camino Real a Cholula por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en seis ocasiones.
La Fiscalía del Estado acreditó, mediante pruebas de llamadas y testimonios, que López Zavala planeó el atentado como represalia por las acciones legales de la víctima. Los autores materiales, identificados como Jair “N” (sobrino del sentenciado) y Silvestre “N”, también fueron declarados culpables por ejecutar el ataque.
El proceso legal, que duró más de tres años, estuvo liderado por Helena Monzón, hermana de la activista y abogada de nacionalidad española, quien viajó a México para dar seguimiento personal al caso. Durante el juicio, Helena denunció constantes obstáculos, incluyendo múltiples amparos solicitados por la defensa de López Zavala para dilatar la sentencia y buscar su liberación.
Tras conocerse el fallo, Helena destacó que el respaldo de las colectivas feministas fue fundamental en los "momentos más oscuros" para lograr la condena.
Además, recordó que su hermana, conocida como "la abogada de las mujeres", había solicitado protección a las autoridades antes de su muerte debido a las amenazas recibidas, pero nunca la obtuvo.
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¿Qué es la "Ley Monzón" y cómo surgió tras este caso?
El feminicidio de Cecilia Monzón impulsó una reforma legislativa conocida como la “Ley Monzón”. Esta iniciativa, promovida por Helena Monzón junto a legisladoras de diversos partidos, establece la pérdida de la patria potestad de hijos e hijas cuando el padre sea condenado o vinculado a proceso por el feminicidio de la madre. La premisa fundamental de esta ley es que un agresor nunca puede ser considerado un buen padre.
Entre sus puntos clave se encuentran:
Pérdida automática de la patria potestad: se establece la pérdida de derechos de patria potestad, tutela, guarda y custodia cuando el padre sea condenado por feminicidio en contra de la madre de los menores.
Suspensión inmediata: basta con un auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio para que la patria potestad sea suspendida, evitando que el agresor mantenga control sobre los hijos mientras se dicta sentencia.
Restricción total de convivencia: el agresor pierde el derecho a visitas y regímenes de convivencia.
Aumento de penas: la iniciativa también contempla incrementar las penas de feminicidio hasta los 70 años si la víctima es una niña, adolescente o persona con discapacidad.
