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Karla, de 9 años, y sus hermanas gemelas Meredith y Medelin, de 11, fueron encontradas muertas y abrazadas bajo un mezquite en Hermosillo, Sonora en julio de 2025. El hallazgo ocurrió un día después de que el cuerpo de su madre fuera localizado. La Fiscalía estatal señaló como principal responsable a la pareja de la madre, un hombre presuntamente vinculado a un grupo delictivo que opera en la capital sonorense.
Este fue uno de los casos documentados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en su Balance Anual 2025, que advierte sobre la persistencia de la violencia extrema contra niñas y adolescentes en el país. Entre enero de 2015 y noviembre de 2025 se registraron 884 feminicidios de niñas y adolescentes, 131 cometidos con arma de fuego y 140 con arma blanca.
Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 58 feminicidios de niñas y adolescentes, de entre 0 y 17 años, es decir, en promedio cada 5.5 días se registró un feminicidio infantil.
De los feminicidios registrados contra niñas y mujeres adolescentes en la última década, 145 han tenido lugar en Estado de México, 68 en Veracruz y 68 en Jalisco; concentrándose en estas tres entidades, tres de cada 10 feminicidios de mujeres entre 0 y 17 años registrados en el periodo, lo que revela una violencia persistente y territorializada contra niñas y adolescentes.
Violencia letal contra la niñez: menos cifras, mismo abandono
El informe de REDIM confirma que la violencia contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo crítica. Solo en 2025, mil 991 menores fueron víctimas de homicidio, 565 de ellos con armas de fuego. Guanajuato, Michoacán y Sinaloa encabezan la lista.
Aunque la cifra representa una reducción del 11.5% respecto a 2024, la organización es clara: ninguna baja puede celebrarse cuando el derecho a la vida sigue siendo vulnerado. Reducir estadísticas no es lo mismo que garantizar protección.
La violencia no siempre deja cuerpos. A veces deja ausencias. Durante 2025 se reportaron 10 mil 707 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Lo más alarmante es que el número de quienes siguen sin ser localizados aumentó 30.3% frente a 2024. Hoy, 2 mil 856 familias siguen buscando.
Esta crisis ocurre en un país que acumula más de 133 mil personas desaparecidas, una cifra que ya activó procedimientos urgentes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Foto: Cuartoscuro
Reclutamiento y trata: violencias que casi no se nombran
El informe de REDIM pone el foco en dos formas de violencia que suelen quedar fuera del debate público: el reclutamiento forzado y la trata de personas.
Trata de personas: en 2025 se identificaron 278 víctimas menores de edad, de las cuales 210 eran niñas y adolescentes.
Reclutamiento forzado: se estima que entre 388 y mil 84 adolescentes privados de la libertad por delitos relacionados con la delincuencia organizada son en realidad víctimas, no criminales.
Los estados con mayor presencia de estos delitos son el Estado de México, Sonora y Chihuahua, donde los grupos criminales utilizan a la niñez como "carne de cañón" para actividades delictivas.
REDIM advierte que estas violencias impactan de forma desproporcionada a niñas indígenas, migrantes, en situación de pobreza y exclusión, dejando claro que no todas las infancias están igualmente protegidas.
Sin presupuesto no hay protección
Para REDIM, el problema no es solo de diagnóstico, sino de voluntad política. Tania Ramírez Hernández, directora de la organización, junto con el grupo de participación infantil Juntas y juntos por nuestros derechos, fue directa: la niñez no es prioridad para el Estado mexicano.
El presupuesto proyectado para 2026 destina apenas 10.8% del gasto público a la infancia, lo que representa una disminución en comparación con años anteriores. Aunque esta cifra muestra un aumento nominal del 8% respecto a 2024, equivalente a un incremento real del 5% (considerando una inflación del 3%), la tendencia es preocupante cuando se analiza en términos relativos.
De acuerdo con la organización, el monto asignado a la infancia en 2026 es menor al asignado en 2025 (11%) y significativamente menor al de 2015, cuando se destinaba el 15% del gasto público federal a la infancia y adolescencia.
Entre las exigencias están fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), implementar políticas de seguridad con enfoque de derechos humanos y dejar de criminalizar a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de contextos violentos.
