Ante la falta de apoyo por parte del gobierno federal, madres y familiares de personas desaparecidas dedican largas jornadas para buscar a sus seres queridos, dejan de lado sus actividades habituales y emprenden búsqueda en fosas comunes, terrenos baldíos y calles desoladas.
Lo que afecta a sus ingresos económicos y vida social, las madres que buscan a sus hijos han reiterado que sus vidas cambian drásticamente: sus familiares y amigos se alejan de ellas, pierden sus empleos y son víctimas de amenazas y violencias. También se enfrentan a la falta de recursos monetarios para solventar sus gastos. Incluso varias han sido asesinadas mientras buscan a sus desaparecidos.
El pasado 8 de abril, la senadora de la República por el estado de Sonora, Sylvana Beltrones propuso una iniciativa de ley para que familiares de víctimas de desaparición, se integren a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), reciban un salario, seguridad social, seguro de vida y protección del Estado mexicano.
El Estado busca deslindarse de la crisis de desaparecidos
Sin embargo, iniciativas como esta normalizan que sean las madres quienes busquen a sus propios hijos, en lugar de que el Estado ofrezca una respuesta, advirtió César Contreras León, abogado colaborador en el área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en entrevista con La Cadera de Eva.
“Históricamente el Estado mexicano ha claudicado la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas desde hace muchos años, desde el inicio de la crisis de desaparición. Ante el vacío del Estado, las familias fueron las que tomaron la búsqueda en sus propias manos, y no porque así fuera su deseo, sino por la falta de respuesta institucional y de las autoridades”, dijo.
Por lo que, agregó, las buscadoras son quienes tienen los conocimientos de cómo realizar las búsquedas de campo y conocen mejor que nadie la geografía y los lugares de búsqueda. “Son las que han logrado localizar los restos y los cuerpos y localizar a las personas también con vida en nuestro país”, explicó Contreras León.
Desde el 2010 en México, el Centro Prodh ha documentado que 22 buscadoras y buscadores han sido asesinados y una madre buscadora se encuentra desaparecida desde enero de 2024.
Las buscadores y buscadores se encuentran en riesgo
Aunque la iniciativa se encuentra pendiente, César Contreras dijo que hay varias interrogantes alrededor de esta propuesta: “Si algo saliera mal en una búsqueda, ¿qué sucedería con las madres buscadoras integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda?, ¿Responsabilizará a las familias de esos problemas que llegaran a surgir?”, cuestionó.
Además, el abogado explicó que algunos familiares de personas desaparecidas ya han trabajado en las comisiones de búsqueda. Como fue el caso del abogado Javier Barajas Piña, quien buscaba a su hermana desaparecida y encontró la fosa más grande del país con 80 cuerpos en Salvatierra, Guanajuato.
“Junto con el colectivo de buscadoras Ángeles de Pie Por Ti localizaron la fosa y posteriormente la comisión de búsqueda lo contrató. Después de trabajar durante algunos meses, fue asesinado en el centro de Salvatierra, Guanajuato, por integrantes del crimen organizado”, relató.
Al recordar este caso, César afirmó que es un riesgo para las familias hacer búsquedas desde el Estado cuando no se ofrecen garantías de seguridad. Y del mismo modo, hacerlos partícipes de la CNB no resolvería la falta de recursos tecnológicos y materiales para la búsqueda de personas desaparecidas y tampoco los retos en términos de seguridad para las personas buscadoras.
“Iniciativas como estas parecen improvisadas, nos parece que no atienden a profundidad el problema y que al contrario pueden tener implicaciones bastante perversas con la utilización de las víctimas”, declaró.
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Contreras León agregó que el Estado está obligado a brindar los gastos de traslado, alimentación y vivienda para las familias de personas desaparecidas por ser víctimas en virtud de la Ley General de Víctimas.
A pesar de esto, muchas familias no reciben recursos. “Integrarlas como funcionarias públicas no resuelve esa situación sino que más bien es una forma de darle la vuelta a esa obligación del Estado mexicano”, aseguró.
Las madres buscadoras necesitan que el Estado asuma la responsabilidad de buscar
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas fue impulsada por buscadoras y desde el 2017 piden que el Estado se haga cargo de la crisis de desapariciones y que forme más comisiones de búsqueda. Pero ahora, las autoridades prefieren que ellas sean las funcionarias públicas.
“Es como decirle a la madre de una víctima de feminicidio que ella sea el Ministerio Público del caso. Es hacer a un lado la obligación y pensar que este es solamente un tema de recursos económicos o de un salario, cuando en realidad el tema es mucho más profundo”, dijo.
En lugar de debatir sobre el censo de personas desaparecidas o si las madres deben formar parte de la CNB, es necesario un diálogo con las familias para conocer sus necesidades, peticiones y los obstáculos que han impedido que encuentren a sus desaparecidos.
En el Senado proponen que las madres buscadoras se integren a la Comisión Nacional de Búsqueda
El 17 de abril la senadora presentó la iniciativa de ley que propone reformar los artículos 65 y 164, así como la adición de los artículos 66 Bis y 127 Bis a la Ley general en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La legisladora priísta propuso que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) podrá auxiliarse por personas especializadas en búsqueda de personas, familiares de personas no localizadas.
Además, la Comisión Nacional de Búsqueda implementará programas de trabajo temporal para apoyar económicamente a los familiares de personas no localizadas que sean auxiliares en la búsqueda de personas.
En la iniciativa, la senadora explicó que los programas incluirán medidas de protección que salvaguarden la vida e integridad de los familiares auxiliares, seguros de vida durante el tiempo de su encargo y las herramientas que sean necesarias para el desempeño de su labor.
La Comisión Nacional de Búsqueda procurará integrar al menos tres familiares por cada persona desaparecida, como auxiliares de búsqueda, entre estos a la madre de la persona desaparecida.
Esto quiere decir que familiares de personas desaparecidas podrán trabajar en conjunto a la CNB como auxiliares, percibir un salario y medidas de protección, además de herramientas adecuadas para realizar las jornadas de búsqueda.
Cabe resaltar que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay (hasta el 15 de mayo de 2024) 317 mil 213 registros de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 114 mil 968 personas permanecen como desaparecidas y no localizadas y 202 mil 245 personas han sido localizadas.
Si la iniciativa de reforma que propuso Sylvana Beltrones es aprobada, México sería el segundo país en Latinoamérica en tener una ley que proteja a madres buscadoras. Ya que el 4 de abril de este año, el Senado de Colombia aprobó la Ley Integral para la Protección de los Derechos de Las Buscadoras, la cual garantiza la protección y seguridad social a buscadoras.
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Además, establecieron el 23 de octubre como el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres y Personas Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada. Esto para reconocer el trabajo que por muchos años fue invisible para las autoridades colombianas.
Sobre este tema, César Contreras dijo que el caso de Colombia es diferente, ya que en México las instituciones han maltratado a las víctimas durante años. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) informó en 2022 que los propios trabajadores de la Comisión Nacional no tenían la totalidad de prestaciones ni de seguridad laboral como servidores públicos.
“El proceso de paz de Colombia es diferente al inexistente proceso de paz que hay en México. La institucionalidad es diversa, la normatividad es diferente. La historia en general es muy distinta, la propia proporción de la población en Colombia, de las regiones donde se hallaron las desapariciones”, concluyó.