La Ley Ingrid, aprobada en 2022 tras el feminicidio de Ingrid Escamilla y la difusión masiva de sus imágenes por servidores públicos y medios de comunicación, busca sancionar la difusión de contenido violento que atente contra la dignidad de las víctimas de feminicidio y sus familias.
Sin embargo, su aplicación sigue siendo limitada y poco efectiva, como lo evidencia el reciente caso de Valeria Márquez, una influencer y modelo de 23 años, víctima de un presunto feminicidio la tarde del 13 de mayo en Zapopan, Jalisco.
Valeria fue asesinada mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza por Tik Tok. El video de su muerte fue guardado, replicado y viralizado en redes sociales y medios, desatando una ola de revictimización digital que la reduce a un espectáculo morboso y cosificado.
La circulación de contenido sensible sobre víctimas de feminicidio en plataformas digitales, desde el morbo hasta la desensibilización, se conoce como violencia digital y afecta a alrededor del 20% de las mujeres mayores de 20 años en México, según el Módulo Sobre Ciberacoso (2023).
A pesar de que la Ley Ingrid propone sancionar la difusión de imágenes y videos de este tipo, principalmente cuando son difundidos por servidores públicos, su aplicación ha sido limitada. Datos de la Secretaría de Gobernación proporcionados vía transparencia a La Cadera de Eva indican que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, no se ha iniciado ninguna carpeta de investigación bajo la Ley Ingrid por difusión de imágenes o videos relacionados con feminicidio.
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¿Por qué no se aplica en el caso de Valeria Márquez?
La Ley Ingrid consiste en un conjunto de reformas al Código Penal y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobadas por el Congreso federal en 2022, tras el feminicidio de Ingrid Escamilla en febrero de 2020, tras la difusión de imágenes sensibles de su asesinato por parte de servidores públicos y medios de comunicación.
Leslie Jiménez Urzúa, abogada feminista y especialista en derecho penal, explica que la Ley Ingrid no aplica en este caso porque el video que circula en redes proviene de la propia cuenta personal de Valeria y no de un tercero o autoridad, lo que dificulta su investigación y sanción. Además, Jalisco aún no ha incorporado las reformas necesarias al Código Penal para aplicar la Ley Ingrid.
Hasta ahora sólo tres entidades del país han implementado La Ley Ingrid a sus reformas locales, entre ellos, la Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Los estados que han presentado iniciativas son Chihuahua, Jalisco, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Durango y Colima.
Otra complicación en el caso de Valeria es que algunas líneas de investigación apuntan a la posible participación del crimen organizado en el asesinato. Si esto se confirma, el caso podría pasar a competencia federal, lo que abriría la puerta a aplicar el Código Penal Federal. Sin embargo, según Jiménez, esto podría impedir que el delito sea tipificado como feminicidio, pues este no está incluido en el catálogo federal.
En caso de descartarse la participación del crimen organizado, el delito correspondería a la jurisdicción local. En Jalisco, aunque en 2021 se presentó una iniciativa para incorporar las reformas de la Ley Ingrid al Código Penal estatal, hasta la fecha estas modificaciones no se han aprobado ni implementado.
“Nadie, en ningún contexto, merece ser victimizado, expuesto a medios ni mucho menos terminar muerta o muerto por un contexto de violencia sistémica. Compartir este tipo de contenido es revictimización. Al final del día, aunque no haya tal una acción punitiva, esto no implica que no sea una violación a los derechos humanos de las víctimas”, ( Leslie Jiménez Urzúa.)
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“No hay un delito que se tenga que investigar porque no está en el Código Penal de Jalisco. Lo que tenemos son medidas administrativas víctimas que tiene que ver con embargar el contenido, con pedir que ese contenido se baje o que no se difunda, y esto principalmente surge desde el lado de las víctimas para solicitarlo ante una autoridad jurisdiccional para que se pueda evitar la difusión de ese contenido”, responde Leslie Jiménez.
De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Gobernación al 6 de marzo de 2025, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas no tiene registros de sanciones aplicadas a medios que difundieron imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla.
En 2020 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) inició una queja ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación por la difusión y publicación de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla en contra de cinco medios: El Metro; El Gráfico, El Universal y Pásala.
Como en el caso de Valeria Márquez, el feminicidio de Ingrid Escamilla fue difundido, fetichizado e instrumentalizado en redes sociales a gran escala. Este caso abrió el debate sobre los límites de la difusión de contenido violento, especialmente en contra de las mujeres, en espacios de internet, y sobre la necesidad de señalar la falta de responsabilidad y de sensibilización de los medios de comunicación y servidores públicos en casos de feminicidio y violencia de género.
