Miles de niñas en todo el mundo son abusadas sexualmente y a muchas de ellas, se les niega el acceso al aborto; como fue el caso de Fátima, Norma, Lucía y Susana. Desde 2019, el movimiento “Niñas, No Madres” exige justicia para las menores que fueron obligadas a maternar. A cinco años del inicio de esta campaña, las niñas aún siguen esperando que se les repare el daño.
El movimiento regional surgió en 2016, después de que Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Seguro (CLACAI) lanzaron la campaña #NiñasNoMadres, en la cual se concientizó sobre las maternidades forzadas y la violencia sexual en Latinoamérica.
En 2017, llevaron ambas problemáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el número de niñas violentadas por sus agresores y por el Estado iba en aumento. Cada año han presentado avances significativos para proteger la salud y derechos de las niñas.
El movimiento siguió de cerca el caso de Camila, una niña peruana que pastoreaba ovejas en la zona rural de Perú. A los nueve años, su padre la violó sexualmente por primera vez, él la amenazaba constantemente y le decía que si hablaba, mataría a su madre y hermano; esto continuó por varios años.
La menor quedó embarazada a los 13 años, su madrina la llevó a denunciar, los médicos determinaron que el embarazo sería de alto riesgo debido a su frágil salud mental. Su madre solicitó un aborto terapéutico, tardaron en darles respuesta por lo que Camila fue obligada a continuar con el embarazo.
Al poco tiempo, la menor tuvo un aborto espontaneo y la fiscal que llevaba su caso la denunció por ejercer un “autoaborto”, el cual contempla una pena mayor de todos los casos de aborto en dicho país. En este proceso, fue revictimizada y juzgada por la sociedad y las autoridades.
Aunque el violador recibió una cadena perpetua, la fiscalía y las personas que la criminalizaron no habían sido castigados hasta que “Son Niñas, No Madres” exigió justicia para la menor, el dictamen fue aprobado el 13 de junio de 2023, pero las autoridades no han reparado el daño.
La organización ha asistido a niñas de toda Latinoamérica, incluyendo: Guatemala, Ecuador, Perú y Nicaragua. El movimiento ha expuesto cuatro casos como los de Camila y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades de sus respectivos países los presentaron ante el Comité de Derechos Humanos en mayo de 2019.
Caso Fátima
A sus 13 años, Fátima fue violada por un profesor y funcionario público de Guatemala, tres meses después su madre descubrió que la menor estaba embarazada. Denunció al agresor, sin embargo, José tenía contactos en la fiscalía y lo alertaron de su posible detención y huyó.
Si bien las autoridades conocían la situación de Fátima y su delicado estado de salud mental, le negaron el acceso al aborto y no le ofrecieron asistencia psicológica. La menor dejó sus estudios, pues era víctima de bullying en su escuela, dio a luz en septiembre de 2010 y 14 años después, el agresor sigue libre.
Caso Lucía
La menor era integrante de un coro de la iglesia en Nicaragua, pues le gustaba cantar. El sacerdote de su parroquia comenzó a enviarle mensajes sexuales y a sus 13 años comenzó a violarla. Cuando cumplió 14, Lucía se enteró que estaba embarazada, su madre y ella denunciaron al agresor pero las autoridades entorpecieron el proceso, la obligaron a continuar con el embarazo y nunca procesaron al sacerdote.
Caso Norma
La infancia de Norma fue difícil debido a que sus seres queridos la protegían de su propio padre, quien había violado a su sobrina; por lo que siempre estaba bajo cuidados de otras personas. Cuando su abuela murió, la menor regresó a vivir con su papá y este la violó en repetidas ocasiones.
A los 13 años se enteró que estaba embarazada y su hermana la llevó a denunciar, pero los médicos no le dieron oportunidad de abortar a pesar de que el aborto está despenalizado en Ecuador cuando se pone en riesgo la vida de la madre. La menor intentó suicidarse y su padre pudo huir en cuanto se enteró de la denuncia.
Durante el parto, la menor fue víctima de violencia obstétrica y aunque no quería quedarse con el bebé, la manipularon para hacerlo. Cuatro años después, el agresor murió y Norma nunca obtuvo justicia por todos los daños que su papá y el Estado la hicieron pasar.
Caso Susana
La menor fue víctima de violaciones desde los seis años, por parte de su abuelo, quien pertenecía a un grupo criminal en Nicaragua. A los 13 años quedó embarazada producto del abuso sexual, su abuela quería denunciar a su marido pero las trabas del Estado la impidieron, pues nadie quería recibir su denuncia.
Susana se vio obligada a continuar con su embarazo, pues las autoridades no le permitieron abortar. La denuncia fue rechazada cinco veces y luego la archivaron, hasta ahora, el agresor sigue libre y la amenaza constantemente.
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