El pasado 14 de diciembre, el Congreso de San Luis Potosí aprobó con 19 votos a favor y 8 en contra, un decreto que reforma a la Ley Electoral del estado en materia de paridad. 

El decreto establece la obligación de postular únicamente a mujeres en las elecciones de 2027. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán registrar candidaturas de mujeres para la gubernatura del estado.

Para garantizar la paridad de género, el decreto plantea que las candidaturas deberán seguir el  principio de alternancia de género, es decir, que en  el siguiente periodo los partidos estén obligados  a una persona de distinto género al del periodo inmediato anterior.

Esta medida busca cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en un estado que, hasta ahora, ha sido gobernado únicamente por hombres. De acuerdo con el Congreso, esta situación “constituye evidencia irrefutable de una barrera estructural que impide el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres”.

La propuesta, presentada en el Pleno del Congreso del Estado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí el pasado jueves 11 de diciembre y aprobada sólo tres días después, ha sido objeto de críticas, no sólo por la rapidez de su aprobación si no también por la supuesta injerencia del Gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, a quién se le acusa de recurrir a estrategias de nepotismo electoral para dejar en el cargo de Gobernadora a su esposa, la senadora, Ruth Miriam González Silva.

¿Nepotismo electoral o paridad sustantiva?

La ley, rebautizada en redes sociales como “Ley Ruth”, “Ley Gobernadora” o “Ley Esposa”, abrió el debate sobre el nepotismo electoral en la entidad, pues la reforma ha sido acusada de supuestamente estar diseñada por Gallardo para asegurar su sucesión y evitar la competencia. 

La medida ha sido criticada por ser potencialmente inconstitucional, ya que si bien,  desde 2014 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promueve la paridad sustantiva, 50% hombres, 50% mujeres, en general, no necesariamente hace referencia a la exclusividad de un sólo género para un cargo específico en un periodo determinado. 

“Creo que está bien que se legisle para que las mujeres tengamos mayor participación en la vida pública, porque finalmente resuelve una desigualdad histórica, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum durante la conferencia de la mañanera del pasado lunes 15 de diciembre. Sin embargo, añadió que no sabía si el decreto violaba la Constitución, por lo que realizó una consulta con el Coordinador General de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar.

Además, la presidenta reafirmó su postura en contra del nepotismo político, y recordó que en 2023 entrará en vigor la reforma contra el nepotismo electoral, que prohibirá que familiares directos puedan ocupar el mismo puesto de elección.

Sin embargo, y como informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la reforma contra el nepotismo es una medida limitada e insuficiente, pues sólo prohíbe el nepotismo en los puestos de elección popular, excluyendo todos los cargos dentro de la administración pública federal, tal es el caso de al menos 45 cargos públicos ocupados por familiares de los 37 diputados y senadores que integran los órganos de gobierno del Congreso de la Unión y ninguno sería afectado por la reforma.

La “Ley Mariana” en Nuevo León

El caso de la “Ley Mariana”, en Nuevo León, es similar. La propuesta es una iniciativa ciudadana que fue presentada el 18 de junio que busca que, para las elecciones a la gubernatura de Nuevo León en 2027, sólo participen candidatas mujeres.

El argumento principal, al igual que en el caso de San Luis Potosí, consiste en que Nuevo León nunca ha tenido una gobernadora desde la Independencia de México, y buscan exhibir la medida como un avance feminista y un discurso de equidad de género para revertir esa ausencia histórica. 

Sin embargo, esta iniciativa también ha sido acusada de promover el nepotismo electoral para que  Mariana Rodríguez Cantú, influencer y esposa de Samuel García, Gobernador de Nuevo León,  sea la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) y la contendiente más fuerte para el cargo.