El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, informó a través de los medios de comunicación que el gobierno de su país investigará la violación de más de 500 menores de edad de los pueblos indígenas Awajún y Wampis de la Amazonia peruana.
El Consejo de Mujeres Awajún que viven en esa región del país denunciaron los abusos de los que fueron víctimas las menores por parte de sus propios maestros, los cuales sucedieron entre el 2010 y el 2024, en escuelas públicas donde ellas asistían a clases.
Los abusos sexuales y violaciones que sucedieron en esos 14 años habrían tenido como víctimas a 524 niñas y adolescentes de la etnia nativa Awajún y Wampis, en escuelas públicas de la provincia Condorcanqui, en la selva norte de Perú, colindando con el país de Ecuador.
Los dirigentes de los pueblos Awajún y Wampis, denunciaron, a través del Centro Amazónico, que muchas de las víctimas quedaron embarazadas y/o fueron contagiadas del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
“Nada justifica que se puedan violentar el interés superior de la niña, niño o del adolescente que tienen que ver con su Integridad física no podemos solapar ni pretender justificar por ninguna práctica cultural por ancestral”, declaró el primer ministro Adrianzén.
Impunidad y estigma: La respuesta de los ministros
Ante estos sucesos, las respuestas de los ministros y ministras no fueron alentadoras, todo lo contrario. Su postura frente al crimen de abuso sexual del que fueron víctimas más de 500 niñas indígenas fue estigmatizante.
El ministro de Educación, Morgan Quero, se refirió a estos casos como una "práctica cultural” de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana. “Si es una práctica cultural (...) para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad".
Por otro lado, la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, respaldó lo dicho por el ministro Morgan Quero sobre violación de niñas indígenas.
“Se trata efectivamente de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, cierto, a las adolescentes sobre todo, que es importante postergar sus revisiones sexuales y se van a hacer que sea protegida”, dijo la ministra.
Ante estas declaraciones que revictimizan a las niñas indígenas y a los pueblos indígenas de Perú, la vocera del Gobierno autónomo de “la Nación Wampis”, respondió al ministro de educación y rechazó su postura ante los abusos cometidos por los profesores.
“Señor ministro de Educación, Morgan Quero la violación contra niños y niñas no es una práctica cultural de los Wampis es un delito. Más de 524 denuncias de abuso sexual se reportaron entre 2010 y 2024 contra docentes de la provincia de Condorcanqui”.
En el comunicado, la vocera explica que en el territorio Awajún y Wampis del distrito de Río Santiago se denunciaron 175 docentes por estos delitos contra estudiantes Wampis a nivel primaria y secundaria, pero solo 121 fueron separados de su cargo en toda la provincia.
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Mientras que en el territorio Wampis, se denunciaron 10 profesores por hostigamiento y abuso sexual, no se les apartó del cargo y continúan trabajando en las aulas, y solo 24 docentes fueron separados de las instituciones educativas y el distrito Río Santiago.
Aunque el gobierno Wampis informó de estos abusos al Ministerio de Educación, a la dirección Regional de educación de Amazonas no se pronunciaron al respecto, así lo denunció la vocera de los pueblos indígenas de Awajún y Wampis.
“El estado peruano no garantiza seguridad para los niños y niñas”, concluyó la vocera en su comunicado.
En este mismo sentido, la Red de 78 organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos en Perú desde hace más de 39 años, lamentaron la postura de la ministra en su cuenta de X.
“Es deplorable que la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, respalde la afirmación del ministro de Educación, sugiriendo que las violaciones sexuales son prácticas culturales. Este hecho revela la indiferencia y discriminación de este gobierno hacia las niñas y niños awajún”, se lee en su denuncia.
Asimismo, exigen la renuncia inmediata del ministro de Educación por justificar la violencia sexual y justicia para las menores que fueron víctimas.
"No es aceptable que se utilice el relativismo cultural para minimizar y justificar la violencia sexual contra nuestras niñas. Esta postura instrumentaliza y estigmatiza "la cultura" y niega nuestros derechos fundamentales”, denuncian.
