Recientemente el Congreso de la República del Perú hizo público un cambio en su Reglamento Interno del Trabajo que ha generado una gran controversia. En un comunicado oficial, se dio a conocer que a partir de ahora se prohíbe el uso de prendas como minifaldas, shorts, jeans y otras similares por ser consideradas inapropiadas.
La decisión ha sido criticada por los ciudadanos de Perú, señalando que está enraizada en el machismo. Además se da en un contexto donde el Congreso está acusado por la supuesta existencia de una red de tráfico sexual en su interior, por lo que las medidas sobre el código de vestimenta sería una coartada para contener las acusaciones, señalan usuarios en redes sociales.
Susel Paredes, integrante del grupo parlamentario Bloque Parlamentario Popular declaró que estas reglas están fundamentadas en la prohibición de las libertades de las personas. “Ahora las cosas han retrocedido, y eso es muy peligroso para la libertad de las personas”.
Congresistas señalan que las expectativas por seguir un código de vestimenta son asimétricas entre hombres y mujeres, debido a que comúnmente los hombres asisten al Congreso sin cumplir con el código de vestimenta, de igual forma, el comunicado hace énfasis en que la ropa de verano está permitida y los hombres pueden prescindir de saco y corbata.
Año con año se lanza un comunicado recordando el código de vestimenta, sin embargo, esta es la primera vez que el uso de la palabra “minifalda” se destaca, medida dirigida a personas que integran el parlamento.
Acusaciones sobre una red de tráfico
Susan Paredes señaló que la publicación de estas medidas se da después de una investigación que señala la existencia de una red de prostitución y trata de personas integrada por trabajadores y extrabajadores del parlamento del Congreso de la República, y de la muerte de una mujer asesinada por balazos mientras abordaba un taxi.
La Fiscalía de Perú abrió una investigación en contra del ex funcionario parlamentario Jorge Torres Silva, quien fungía como jefe de la Oficina de Asesoría Legal. Torres fue acusado por ser el supuesto líder de la red de prostitución y por el delito de explotación sexual.
El caso surgió después del asesinato a mano armada de Andrea Vidal, abogada de 28 años que había sido despedida en una semana antes de morir. Vidal, quien presuntamente trabajaba bajo las órdenes de Torres, invitaba a jóvenes para coordinar encuentros con funcionarios del parlamento. Las investigaciones señalan que una de las formas de operación de la red era prometer puestos de trabajo en el Congreso a cambio de “favores sexuales”.
Mujeres también han denunciado haber sufrido agresiones sexuales y violaciones por parte de congresistas dentro de sus oficinas desde el año 2022, sin embargo, el caso continúa en investigación.
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Otras acusaciones señalan que en la red de prostitución se organizaban fiestas exclusivas en hoteles lujosos donde se podía alquilar a mujeres previamente seleccionadas a través de un catálogo. Para ingresar y tener acceso al listado de mujeres se debe pagar la cantidad de cien soles, aproximadamente 545 pesos mexicanos.
Susan Paredes también cuestionó la función de Isabel Cajo en Congreso, a quien se le acusa de ascender rápidamente de posición laboral sin haber concluído sus estudios. Isabel Cajo también era creadora de contenido en la plataforma OnlyFans y Glambu, una aplicación de citas dirigida a hombres ricos, en la que supuestamente ofrecía encuentros sexuales.
A pesar de las denuncias, miembros del Congreso han negado la existencia de una red de prostitución. El Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró en una entrevista con la revista Caretas que se está haciendo una investigación del caso, pero que personalmente él no cree que exista una red de prostitución dentro del parlamento y que la hipótesis no tiene fundamento.
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