Con la aprobación de la llamada “Ley Espía”, el Congreso de nuestro país da un paso más hacia la consolidación de un Estado de vigilancia. Así lo han denunciado organizaciones como R3D, Artículo 19 y SocialTIC, al advertir que esta nueva legislación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por la Cámara de Diputados el 28 de junio, permite al gobierno acceder sin orden judicial a bases de datos personales sensibles.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, aún pendiente de revisión en el Senado, fue aprobada con 324 votos a favor, por parte de Morena, PT y PVEM, y 117 en contra. Su aprobación ha desatado un intenso debate sobre los alcances del poder del Estado para acceder y centralizar información ciudadana bajo el argumento de seguridad pública.
¿Qué es la “Ley Espía”?
La llamada “Ley Espía” es una serie de reformas que otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la facultad de consultar y acceder a bases de datos públicas y privadas sin necesidad de autorización judicial.
Los datos a los que el Estado podrá acceder incluyen información biométrica, médica, fiscal, bancaria, telefónica, vehicular, huellas dactilares, la CURP biométrica, y registros de servicios como salud, telecomunicaciones y finanzas.
Organizaciones como R3D han señalado que este tipo de acceso irrestricto representa una amenaza para la privacidad de todas las personas y sienta las bases para un sistema de vigilancia masiva sin controles democráticos ni garantías de rendición de cuentas.
¿Cuál es el objetivo de la ley?
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, tiene como objetivo centralizar la información de las y los ciudadanos mexicanos para “fijar mecanismos de coordinación y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno”, como se lee en un comunicado emitido por el grupo parlamentario de Morena.
Esto bajo un sistema de inteligencia y tecnología que tiene como propósito consultar, acceder, sistematizar y utilizar la información de bases de datos y mediante el análisis criminal, que busca información de incidencia y sospecha utilizando, para prevenir los actos delictivos.
¿Cuál fue la respuesta de la oposición?
La propuesta, que otorga amplias facultades de acceso a bases de datos públicas y privadas, avivó el debate entre opositores de Morena y sus aliados, quienes votaron en contra de la ley y denunciaron la existencia de un “Estado espía”.
Tal fue el caso de Ricardo Anaya, senador en la actual LXVI Legislatura, que señaló que el gobierno estaba buscando consolidar un “Estado espía”, ante la aprobación del uso de la CURP biométrica como método de identificación oficial, el pasado 27 de junio, como parte de una serie de reformas de seguridad, entre ellas la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
Al respecto, Claudia Shienbaum señaló durante la conferencia de la mañanera que esta serie de reformas tiene como objetivo regular la integración y el funcionamiento de un sistema de información que permita hacer más expedita la persecución del delito de alto impacto, tal es el caso de el homicidio, la trata de personas, extorsión, robo con violencia y narcotráfico.
“Atender un homicidio requiere información que tiene que ver con la escena del crimen. Si hay una huella digital, con qué se compara para saber de quién es. No quiere decir que de todo el país vamos a tener huellas digitales pero sí que por lo menos se tenga un sistema de huellas digitales en todo el país que permita llegar más pronto a la persona que pudo haber cometido el delito”, dijo durante la conferencia en respuesta a las críticas, y finalizó asegurando que la ley no tiene “nada que ver con intervenir una conversación telefónica”.
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¿Por qué importa?
México tiene antecedentes graves de vigilancia ilegal por parte de las fuerzas armadas y agencias de inteligencia. La investigación Ejército Espía documentó cómo el software Pegasus fue utilizado para espiar a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos. En todos los casos, la impunidad ha prevalecido.
“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad es una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, señaló R3D en su más reciente comunicado.
Las organizaciones firmantes de ese mismo comunicado han llamado al Senado de la República a rechazar esta y otras reformas que atentan contra la privacidad, la libertad de expresión y los derechos humanos.
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