La propuesta conocida como “El agresor sale de casa” que busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, buscando establecer la desocupación inmediata del domicilio por parte del agresor en casos de violencia grave o de riesgo, fue aprobada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados este 27 de mayo.
La iniciativa, que tuvo su origen como una reforma local en la Ciudad de México en 2020, tiene el objetivo de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para mujeres, adolescentes, niñas y niños, priorizando la salida del agresor sin importar la propiedad del inmueble. Sin embargo, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), advierte que en la práctica, la medida enfrenta obstáculos que reducen su efectividad y pueden poner en riesgo a las víctimas.
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¿En qué consiste la propuesta de “El agresor sale de casa”?
La reforma busca modificar o adicionar artículos de la ley existente, incluyendo la creación de un Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección administrado por la Secretaría de Gobernación y, tras la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), será administrado por la Secretaría de las Mujeres en coordinación con otras entidades.
Este registro tendría como meta controlar las órdenes de protección a nivel nacional, permitir el acceso a información en tiempo real para las autoridades, establecer un mecanismo de supervisión y facilitar la interoperabilidad para sanciones en caso de incumplimiento.
Dentro del proyecto de ley, se señala explícitamente que el Ministerio Público sería responsable de dictar la desocupación inmediata, la cual debería ser ejecutada por autoridades competentes, incluso en casos de arrendamiento.
Foto: Cuartoscuro
¿Cuáles son los desafíos de implementar la reforma?
Si bien la propuesta resulta prometedora en su intención de protección, Wendy Figueroa, señala que en la práctica no sucede así e incluso puede generar más violencias contra las mujeres. La directora de la Red Nacional de Refugios menciona que, aunque la ley contempla esta medida, "en pocas ocasiones ocurre".
Las principales críticas y desafíos identificados en la implementación de esta medida, particularmente en la Ciudad de México donde ya se ha aplicado, son múltiples y preocupantes, según la directora de la RNR:
Ineficacia en la ejecución: no hay protocolos eficientes ni suficientes para llevar a cabo la medida. Un caso reciente acompañado por la RNR evidenció que, a pesar de la autorización judicial, la medida de salida del agresor tardó siete días en intentarse aplicar.
Sistema patriarcal y revictimización: el sistema judicial a menudo duda más de las víctimas que de los agresores, operando desde una lógica patriarcal que revictimiza a las mujeres y las responsabiliza por la violencia que viven.
Falta de seguimiento y monitoreo: no hay dispositivos de monitoreo ni medidas de alejamiento eficaces una vez que se dicta la medida. La vigilancia recae en la propia víctima, quien debe documentar los incumplimientos del agresor, poniéndola en mayor riesgo y generando ansiedad y estrés.
Wendy Figueroa explica que las órdenes de protección duran solo tres meses y ratificarlas implica enfrentar obstáculos y el cuestionamiento de la situación de riesgo. Esto contribuye a que, por falta de seguimiento, mujeres con órdenes de protección hayan sido víctimas de feminicidio por parte de sus agresores.
El agresor permanece cerca: salir no significa estar a salvo, la medida no regula el entorno o la familia del agresor que muchas veces se queda al lado, sigue, vigila o incluso agrede a la mujer. El agresor puede negarse a salir y no se utiliza la fuerza pública.
Para la directora de la RNR, esto evidencia que las medidas carecen de un enfoque territorial que considere el contexto más allá del domicilio directo donde cohabitan, invisibilizando el riesgo que representa el entorno cercano.
Instituciones ineficientes y descoordinadas: se necesita un trabajo coordinado y colaborativo entre las instituciones gubernamentales (Secretaría de las Mujeres, Ministerios Públicos, Poder Judicial), lo cual actualmente no existe, priorizando trámites sobre la víctima.
Wendy Figueroa menciona que los Ministerios Públicos muchas veces carecen de una mirada de género y derechos humanos, e incluso pueden proporcionar información que desfavorece a la víctima, como en el caso donde se dudó si eran una o dos viviendas.
Priorización de la vivienda sobre la seguridad: la medida puede ser utilizada por autoridades para simular protección o se prioriza el tema de una vivienda sobre el riesgo extremo de la víctima. El derecho a vivir sin violencia debe pesar más que la presunción de una posible disputa patrimonial o lo que diga el agresor.
Medidas simbólicas: debido a las deficiencias, la medida de desocupación se vuelve meramente simbólica y no garantiza la protección real.
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¿Qué papel juegan los refugios frente a la ineficacia de las medidas legales?
Ante la "ineficacia de estos mecanismos" y los "huecos" existentes, la directora de la Red Nacional de Refugios enfatiza que los refugios "siguen siendo el espacio más garante" para las mujeres víctimas de violencia y sus hijos. Los refugios ofrecen seguridad y atención integral y especializada (jurídica, psicológica, médica, acompañamiento hacia la autonomía), algo que una simple orden de protección no contempla.
Las cifras respaldan esta necesidad continua. La violencia familiar es el delito más común en la Ciudad de México, y a nivel nacional, las carpetas de investigación aumentaron entre enero y febrero de 2025, al pasar de 19 mil 295 a 20 mil 687 las carpetas de investigación abiertas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Además, los ingresos de mujeres de la Ciudad de México a refugios no han disminuido. A nivel nacional, la RNR reportó un aumento del 18% en el acompañamiento a mujeres e infancias en los primeros cuatro meses de 2025 respecto al año anterior y las mujeres de la Ciudad de México (donde la medida ya se aplica) atendidas en refugios aumentaron un 5% en 2024 respecto a 2023.
Wendy Figueroa señala que mientras que las medidas legales son "simulaciones" debido a la falta de voluntad política, recursos y un enfoque feminista, los refugios se han convertido en la "única alternativa segura y efectiva", por lo que son una "necesidad primaria".
Sin embargo, a pesar de su papel vital ante la ineficacia estatal, la directora de la RNR menciona que los refugios enfrentan un debilitamiento, con presupuestos que disminuyen o presentan retrasos año con año, lo que limita su capacidad de respuesta.
“La violencia no se resuelve con simulaciones legales, sino con voluntad política, con recursos suficientes, presupuesto y con un enfoque feminista en cada acción" (Wendy Figueroa, directora RNR)
