La Ley Ácida, también conocida como Ley Malena, una reforma legislativa que considera la violencia ácida como tentativa de feminicidio, ya es una realidad en 15 estados de México. Esta ley surge a raíz del ataque sufrido por la saxofonista María Elena Ríos en 2019, quien fue víctima de un intento de feminicidio con ácido.
Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Ciudad de México, Campeche, Guerrero, Colima, Nayarit, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León y Chiapas, son los estados que hasta el momento han tipificado la violencia ácida como tentativa de feminicidio.
En algunos estados, como Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas, se espera que se discuta y vote la iniciativa de reforma en 2025. Mientras que, en las entidades restantes, aún no se han establecido sanciones o penas específicas para este delito en el Código Penal.
¿En qué consiste la Ley Malena?
La Ley Ácida es una iniciativa legislativa que busca reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y establecer mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.
Esta ley no solo se enfoca en los ataques con ácido, sino que también considera otros agentes químicos como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.
Puntos clave
1. Tipificación de la violencia ácida: los ataques con ácido serán considerados como feminicidio o tentativa cuando provoquen deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo u ocasionen la pérdida del oído o la vista. Se considerarán las consecuencias físicas, sociales y psicológicas, así como las víctimas indirectas, como las familias y amistades. El Ministerio Público tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño.
2. Registro de los ataques con ácido: las instituciones de salud serán responsables de llevar un registro de los ataques con ácido, ya que actualmente no se cuenta con uno. Según estimaciones, solo se registra un 20% del total de ataques, lo que destaca la necesidad de un registro preciso.
3. Inclusión de las mujeres trans: la Ley Malena también considera la situación de vulnerabilidad de las mujeres trans en México, que tienen un promedio de vida de 35 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta iniciativa busca proteger a este grupo vulnerable y garantizar su acceso a una vida libre de violencia.
Penas y sanciones
Las penas y sanciones varían según el estado, pero en general, se busca castigar con severidad a quienes cometan este tipo de delitos. Por ejemplo:
- En Puebla, la pena máxima es de 40 años de prisión para quienes agredan a mujeres con sustancias corrosivas.
- En Oaxaca, las penas van de 20 a 30 años y aumentan si hay relación de parentesco, concubinato, noviazgo, laboral o docente.
- En Ciudad de México, se tipificó el delito de violencia por ataques con ácido, con penas de 8 a 12 años de prisión y multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización.
Foto: Cuartoscuro
Violencia ácida: un delito que deja marcas físicas y emocionales
La violencia ácida es un acto de violencia extrema que implica arrojar ácido en el cuerpo de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla, torturarla o asesinarla. En el 90% de los casos registrados, la agresión se ha dirigido al rostro, lo que conlleva una carga simbólica significativa, ya que los ataques con ácido pretenden marcar de por vida, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Las entidades federativas que más reportan estos crímenes son Ciudad de México, Puebla, Estado de México. De las víctimas mujeres de las que se tiene conocimiento, solo 22 han logrado sobrevivir y, en la mayoría de los casos, tenían entre 20 y 30 años de edad cuando recibieron la agresión con ácido. Además, en el 85% de estos casos, el autor intelectual ha sido un hombre que era o había sido su pareja.
La violencia ácida tiene un impacto devastador en las víctimas, no sólo en términos físicos, sino también emocionales y psicológicos. Las víctimas pueden sufrir de trauma, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, lo que puede afectar su calidad de vida de manera significativa.
