Desde 2020, Kenia Inés Hernández Montalván, mujer afroindígena y defensora de derechos humanos, está privada de su libertad por delitos que jamás cometió. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) la ha perseguido penalmente negándole la oportunidad de llevar su proceso en libertad o llegar a un acuerdo reparatorio que le permita regresar con sus dos hijos pequeños.
Recientemente, CAPUFE ha mostrado disposición para negociar un acuerdo reparatorio, lo que representa la primera oportunidad en cuatro años para avanzar hacia la libertad de Kenia. El Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia Hernández ha publicado una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y a CAPUFE, para pedir la liberación de la activista.
El Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia Hernández ha solicitado al gobierno de Sheinabum sea congruente entre el decir y el hacer, recordando que en el sexenio pasado se le preguntó cinco veces al presidente Andrés Manuel López Obrador por la libertad de Kenia, y en las dos últimas ocasiones dijo que haría todo lo posible por liberarla, algo que no ocurrió.
La audiencia intermedia en el caso de Kenia se llevó a cabo el 14 de enero, y ha enfrentado múltiples aplazamientos debido a la falta de un intérprete y las negociaciones con CAPUFE y cambios en la Fiscalía. De acuerdo con la ley, esta audiencia es la última oportunidad para alcanzar una salida alterna en este caso, y las opciones se reducen a dos: optar por un procedimiento abreviado o concretar un acuerdo reparatorio.
Foto: Cuartoscuro
¿Quién es Kenia Hernández?
Kenia Hernández es una defensora de derechos humanos indígena amuzga que ha sido injustamente encarcelada desde el 2020. Nació en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, y se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, las mujeres y la tierra. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, y ha sido objeto de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades desde 2019.
En junio de 2020, Kenia fue detenida junto a tres activistas más en la carretera Toluca-Valle de Bravo, mientras protestaba pacíficamente por la liberación de presos políticos. Aunque fue liberada cinco días después, fue detenida nuevamente en octubre de 2020 en Amozoc, Puebla, sin orden judicial y sin explicaciones. Fue acusada de robo con violencia y fue vinculada a proceso en febrero de 2022.
Durante su encarcelamiento, Kenia ha enfrentado condiciones de salubridad precarias en la prisión de máxima seguridad en Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, en Morelos, lo que deterioró su salud.
En febrero de 2024 fue trasladada al penal Sergio García Ramírez de Ecatepec en el Estado de México. La defensora de derechos humanos ha sido condenada a 22 años y tres meses de prisión por los delitos de robo con violencia, ataques a las vías de comunicación y siete cargos más, que se consideran fabricados.
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La libertad de Kenia Hernández depende de una audiencia crucial
Criminalización a defensoras
La criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos es un tema muy preocupante en México y Latinoamerica. Kenia Hernández es un ejemplo claro de esto, durante su estancia en centros penales, ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, restringen sus visitas, ha sufrido las condiciones precarias de las cárceles y violencia desmedida por parte de trabajadores y autoridades, según han documentado el movimiento Libertad para Kenia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha observado un aumento de mecanismos y acciones destinados a entorpecer la defensa de los derechos humanos, lo que afecta particularmente a quienes defienden la tierra y el territorio. Además, ha identificado un patrón de criminalización dirigido a los líderes indígenas, quienes buscan proteger sus derechos frente a las acciones que ocurren en sus territorios.
De acuerdo con la organización ambiental EarthRights International, la criminalización tiene consecuencias devastadoras en múltiples niveles, desde impactos psicológicos, emocionales y financieros hasta ataques físicos que pueden poner en riesgo la vida de las y los defensores y sus seres queridos. Estos efectos tienen un impacto profundo en la dinámica familiar y comunitaria, agravando la situación de vulnerabilidad de las defensoras.
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