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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía previsto discutir el 6 de enero de 2026 un caso clave para los derechos reproductivos: la validez de la reforma penal de Aguascalientes que reduce de 12 a solo seis semanas el plazo legal para acceder al aborto. Sin embargo, el proyecto fue retirado de la lista de asuntos del Pleno y, hasta ahora, no existe una nueva fecha pública para su análisis.
Las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024 —presentadas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)— cuestionan si castigar el aborto después de la sexta semana vulnera el derecho a la salud, la autonomía reproductiva y los estándares fijados por la propia Corte.
El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, propone declarar inconstitucionales los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal de Aguascalientes. El punto central es el artículo 101, que penaliza el aborto voluntario después de seis semanas de gestación.
El razonamiento es contundente: usar el derecho penal para proteger la vida en gestación es incompatible con un Estado democrático de derecho. Penalizar la interrupción del embarazo no garantiza el derecho a la salud y, en los hechos, anula el derecho a decidir sobre la maternidad al imponer penas de prisión incluso dentro del primer trimestre. Organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) han sido claras: reducir el plazo no amplía derechos, los vacía de contenido.
La presión clerical que sacó el proyecto de la Corte
El debate jurídico no se dio en el vacío. La Arquidiócesis Primada de México lanzó una crítica pública que terminó por sacar el proyecto de la lista de asuntos a discutir en la Suprema Corte. El posicionamiento se publicó en el semanario Desde la fe, bajo el título “El desprecio por la vida humana en la Corte”.
Desde ahí, la Iglesia acusó que el proyecto buscaba una “despenalización total” del aborto y aseguró, sin sustento jurídico, que permitiría la interrupción del embarazo durante los nueve meses de gestación, “sin tomar en cuenta el bienestar de la madre ni del niño”.
Cuestionado por estas declaraciones, el ministro Espinosa Betanzo fue tajante: el aborto ya está despenalizado en México desde 2023, tras los criterios obligatorios emitidos por la Corte.
Aun así, tras la crítica clerical, el proyecto dejó de aparecer en la lista oficial de asuntos sometidos a consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Cadera de Eva consultó dicho listado y constató que el caso ya no está incluido. Aunque el proyecto podría volver a incorporarse, hasta el momento no se han hecho públicas las razones de su retiro ni se ha informado una nueva fecha para su discusión.
¿Cuál es la situación del aborto en Aguascalientes?
El caso de Aguascalientes es un ejemplo claro de retroceso legislativo deliberado. En agosto de 2023, la SCJN ordenó la despenalización del aborto en la entidad al resolver el Amparo en Revisión 79/2023, impulsado por organizaciones como GIRE, Morras Help Morras y Cultivando Género.
En cumplimiento de esa sentencia, el Congreso local despenalizó el aborto hasta las 12.6 semanas en diciembre de 2023. Sin embargo, el avance duró poco. En agosto de 2024, las y los legisladores aprobaron una nueva reforma que redujo el plazo a seis semanas, pese a que la Corte ya había establecido que el mínimo razonable debía ser de 12 semanas y a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Para organizaciones como GIRE la medida es una trampa legal: muchas personas no saben que están embarazadas en ese lapso, lo que convierte el “derecho” en una ficción.
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A nivel nacional, el aborto sigue cargando con una anomalía jurídica. Pese a los fallos históricos de la SCJN desde 2021, ninguna entidad ha eliminado completamente el aborto de su código penal.
La red Salvemos Miles de Vidas México advierte que esta penalización perpetúa una deuda grave con los derechos humanos pues señala que castigar el aborto no lo detiene; solo lo vuelve inseguro, como lo demuestran las urgencias médicas que siguen recibiendo personas con complicaciones. Además, el miedo a la criminalización inhibe al personal de salud y expulsa a quienes buscan atención postaborto, afectando sobre todo a mujeres en contextos de precariedad.
Frente a este escenario, organizaciones como GIRE y Salvemos Miles de Vidas México llaman a que 2026 sea el año en que el aborto salga definitivamente de los códigos penales. La resolución del caso Aguascalientes podría marcar un nuevo piso mínimo: impedir que los congresos locales simulen cumplir mientras restringen el acceso.
