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Este 2 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso clave para los derechos reproductivos en México: declaró la invalidez de varias disposiciones de la Ley de Salud y del Código Penal de Tlaxcala que restringían el acceso al aborto.
Con ello, eliminó requisitos como iniciar una investigación ministerial o pedir autorización del Ministerio Público para acceder a una interrupción del embarazo, incluso en casos de violencia sexual.
La Corte reiteró que condicionar la atención a trámites judiciales vulnera el derecho a decidir y desconoce la realidad de las víctimas, que suelen enfrentar miedo, estigmas o amenazas al denunciar. También invalidó el artículo que criminalizaba de manera absoluta el aborto autoprocurado y consentido.
Pero ¿qué implicaciones tiene el fallo de la Suprema Corte en Tlaxcala?
En entrevista para La Cadera de Eva, Marau Basilio, médica gineco obstetra e integrante de la red Salvemos Miles de Vidas en Tlaxcala, señala que el fallo llega a un estado que “tiene focos rojos” por trata y violencia sexual.
Los datos lo confirman. Tlaxcala mantiene una Tasa de Fecundidad Adolescente de 58.1 nacimientos por cada 100 mil adolescentes —por encima de la media nacional (50.6)— según el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC). Entre 2015 y 2023, el porcentaje de nacimientos en niñas menores de 15 años se mantuvo en 0.5%.
Además, de acuerdo con el INEGI, en 2023 uno de cada cuatro embarazos en niñas menores de 15 años fue causado por un hombre adulto, y en adolescentes de 15 a 19 años, la mitad de los hombres responsables tenía más de 19 años.
A esto se suma que, en 2024, el 11.1% de los egresos obstétricos en hospitales públicos del estado fueron por aborto (mil 250 casos), según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios. La mayoría se resolvió con legrado (61.7%), un procedimiento más invasivo y aún por encima del promedio nacional; solo 33.8% se atendió con Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y 3.7% con medicamentos.
La situación de salud materna tampoco es menor: en 2023, Tlaxcala registró una razón de mortalidad materna de 21.8, mayor a la nacional (19.4), de acuerdo con la Secretaría de Salud. Y el 18.7% de los delitos de género denunciados en 2024 correspondió a violencia sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En este contexto, Basilio considera que el desafío ya no es jurídico, sino práctico: la implementación.
“El personal que está en contacto desde la entrada: trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, médicos necesitan capacitación en el marco legal para trabajar con certeza. Y necesitamos sensibilización para que no entren nuestros prejuicios” (Marau Basilio, médica)
Mientras tanto, en Guanajuato…
El contraste es significativo. El 4 de diciembre de 2025, el Congreso de Guanajuato rechazó —por quinta vez en siete años— la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario. Fueron 19 votos en contra y 17 a favor, entre gritos de “Guanajuato es provida”.
El aborto sigue penalizado ahí con penas de seis meses a tres años, salvo en casos de violación o riesgo para la salud. Mientras la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco recordó que la SCJN ya declaró inconstitucionales partes del Código Penal estatal, la diputada Karol Jared González Márquez defendió mantener las sanciones como “herramientas legales”.
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Aunque el aborto está despenalizado o legalizado en 25 entidades. Además de Guanajuato otros estados donde está pendiente legislar sobre el tema son: Querétaro, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos y Sonora.
El informe Mapa del aborto en México 2025 de la organización Telefem muestra que persisten “profundas desigualdades” en el acceso real. Paula Rita Rivera Núñez, gerente de Operaciones de la organización, explica que las barreras no solo son legales sino institucionales: “Hay desigualdades profundas entre entidades y eso afecta el derecho a decidir”. Estados como Guerrero, Veracruz y Quintana Roo han avanzado, pero “la cobertura no es la esperada”.
Los datos lo confirman: en 2024 hubo 71 mil 989 atenciones de aborto en instituciones públicas, y más del 80%ocurrieron en la Ciudad de México, según cifras de OBSERVAS basadas en la Secretaría de Salud.
Telefem y otras organizaciones insisten en que la Interrupción Legal del Embarazo debe ser realmente accesible en todos los estados donde ya está despenalizada —con acompañamiento emocional, psicológico y legal— especialmente para personas gestantes en contextos vulnerables.
