Desde el pasado 6 de junio, Los Ángeles, California se ha convertido en el escenario de intensas manifestaciones que se han extendido por tres días consecutivos. Las protestas surgieron como respuesta a una serie de redadas migratorias masivas encabezadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que resultaron en la detención de cientos de personas latinas que residen en Estados Unidos.
Este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos mil elementos de la Guardia Nacional para contener las protestas en Los Ángeles y continuar con la política de detención del ICE.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el operativo dejó al menos 42 personas mexicanas detenidas, 37 hombres y cinco mujeres. Sin embargo, en entrevista con La Cadera de Eva, Odilia Romero, cofundadora y directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO), reveló que entre el 2 y el 8 de junio, las detenciones superaron las 200 personas, la mayoría de origen indígena maya y zapoteco.
Según datos del Migration Policy Institute (MPI), en Estados Unidos viven alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano, de las cuales 10 millones nacieron en México.
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Comunidad indígena, la más afectada en Los Ángeles
“Las organizaciones respondimos convocando protestas pacíficas para exigir garantías judiciales y subrayar que, más allá de la etiqueta de “latinos”, somos pueblos originarios con lenguas y derechos propios”, dice la defensora indígena, Odilia Romero, y es que las redadas migratorias iniciaron en los distritos de Paramount y Compton, históricamente habitadas por personas indígenas.
El conflicto comenzó cuando agentes migratorios detuvieron a personas con audiencias pendientes, ya fuera dentro o a las afueras de los tribunales, violando su derecho al debido proceso. Poco después, las autoridades lanzaron redadas masivas en un distrito mayoritariamente indígena, señala Romero.
En ese contexto, la comunidad indígena de Nigromante, Veracruz, con una larga tradición de autoorganización, se movilizó para exigir intérpretes y defensa legal adecuada. Sin embargo, la respuesta de la Policía de Los Ángeles (LAPD) y de la Guardia Nacional ha sido más que opaca, ha sido violenta y discriminatoria, de acuerdo con Romero.
Precisamente uno de los mayores conflictos a los que se enfrenta la comunidad indígena es a la violencia y discriminación lingüística institucional, pues la falta de interpretes bilingues en las audiencias, no sólo al español, complejiza el debido proceso legal y migratorio. La violencia policial y lingüística deja huellas duraderas en comunidades ya desplazadas por la defensa de sus territorios.
“Frente a ello, redes de apoyo y organizaciones de derechos humanos, indígenas y no indígenas, nos hemos unido para defender el derecho a un proceso justo y a la interpretación lingüística. Desde la organización CIELO (Comunidades Indígenas en Liderazgo), por ejemplo, priorizamos la defensa de los derechos lingüísticos, convencidos de que sin traducción no hay justicia”.
En términos de Producto Interno Bruto, California es la cuarta economía más grande a nivel mundial, superando el PIB de Japón con 4.10 billones de dólares, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA).
“Nosotros contribuimos a la economía de dos países (México y Estados Unidos). La economía de Los Ángeles no sobrevive sin los migrantes. A nosotros nos gustaría que los medios recordaran nuestra contribución, que somos parte esencial de la economía y que mantenemos a México también”, finalizó Romero.
¿Qué ha pasado con las rodadas de inmigración en los Ángeles?
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newson, rechazaron los ataques y el despliegue de la Guardia Nacional y Newson anunció que tomará acción a través de una demanda federal por violación a la soberanía estatal, calificando el movimiento como inconstitucional, después de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles participaran en las redadas.
“Si el gobernador Gavin Newscum, de California, y la alcaldesa Karen Bass, de Los Ángeles, no pueden hacer su trabajo, que todos saben que no pueden, entonces el gobierno federal intervendrá y resolverá el problema, disturbios y saqueadores, ¡como debe resolverse!”, escribió el presidente Trump en respuesta.
Estas acciones enmarcadas en una rígida política migratoria impulsada por el gobierno federal ha provocado una ola de indignación entre la comunidad latina, quienes han denunciado el uso innecesario de la fuerza, criminalización y la separación arbitraria de familias.
Líderes y activistas latinos y mexicanos como LULAC, Unidos US, y la Hispanic Federation han criticado y denunciado a la administración de Trump por la criminalización de redadas migratorias.
¿Cuál es la postura de México?
Al respecto, este 9 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum condenó durante la conferencia de la mañanera la violencia contra migrantes.
“La gran mayoría lleva más de cinco años viviendo allá, aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. En este sentido hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al estado de derecho”, dijo.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que ya han activado sus protocolos para atender y brindar información a personas connacionales, así como asesoría legal y gestión de acceso consular en los centros de detención.
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