La política de deportaciones masivas impuesta por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre las personas migrantes sobre todo entre las infancias y adolescencias quienes se enfrentan a la posibilidad de ser deportados sin garantías de seguridad ni protección.
En entrevista para La Cadera de Eva, Tania Ramirez, directora de la Red de los Derechos de la Infancia en México (Redim) explica que estas deportaciones no sólo fragmentan familias, sino que también causan un profundo daño psicológico en infancias y adolescencias migrantes, quienes enfrentan sentimientos de frustración, fracaso y pérdida de esperanza pues a menudo migran en busca de reunificación familiar o huyendo de la violencia y la pobreza.
“Regresarles a través de esta deportaciones masivas, además del estigma, el impacto psicológico y la falta de una red de apoyo y un diálogo cuidadoso pues les deja en una circunstancia de mucha vulnerabilidad” (Tania Ramirez, directora de Redim.)
Al respecto, Tania Ramirez expresa preocupación por la posibilidad de que aumente la vulnerabilidad y el maltrato a la niñez migrante, pues durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos Donald Trump separó a niños y niñas de sus familias y los puso en cárceles a temperaturas bajas y con comida de mala calidad e incluso mostró esta realidad ante los medios de comunicación como un espectáculo.
Se estima que en el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, el gobierno de Estados Unidos separó a más de 4 mil 600 niños y niñas de sus familiares, de acuerdo con un informe de Human Rights Watch.
Foto: Cuartoscuro
¿Cuál es el impacto de las deportaciones masivas en las infancias?
La relación entre Estados Unidos y México en términos de políticas migratorias y comerciales ha sido un proceso continuo de adaptación a las necesidades y realidades de ambos países.
Una de estas políticas es la implementación del “Título 42”, que permite la expulsión de personas adultas y familias que cruzan sin autorización las fronteras terrestres de Estados Unidos, la cual ha tenido un impacto significativo en la migración.
Otro de los programas controversiales durante la primera era de Donald Trump como presidente de EU, fue "Tolerancia Cero", una política migratoria implementada en 2018. Su principal objetivo era procesar penalmente a todas las personas que cruzaran ilegalmente la frontera sur, sin importar si eran solicitantes de asilo o si viajaban con niños.
Tan solo en 2024, Estados Unidos deportó a 28 mil 270 niños, niñas y adolescentes mexicanos, la cifra más alta en 16 años. De estos, 16 mil 303 tienen entre 12 y 17 años, y mil 967 tienen entre cero y 11 años. Es alarmante que de estos últimos, 11 mil 813 viajaron acompañados y 154 lo hicieron solos, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).
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En este contexto, organizaciones como Redim advierten que los decretos emitidos por Trump contra la población migrante anuncian la violación sistemática de derechos humanos y más discriminación: detenciones arbitrarias, separación familiar, apátridas, deportaciones masivas, entre otras.
Estas medidas violan el Artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño que obligan a los Estados a garantizar medidas de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios.
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Retos y desafíos en México
La capacidad de los países para recibir a niños, niñas y adolescentes migrantes también es una preocupación latente. Tania Ramirez señala que, aunque México ha expresado una postura más humanitaria en comparación con Estados Unidos, debe demostrar con acciones concretas su compromiso con la protección de los derechos de las infancias migrantes.
A pesar de este discurso, Tania señala que las instituciones mexicanas enfrentan desafíos para brindar atención adecuada a esta población vulnerable. La falta de sensibilidad y las malas prácticas en albergues y centros de detención son una constante, lo que genera temor de que la situación empeore con el incremento de retornos.
En una carta abierta al gobierno mexicano, organizaciones de la sociedad civil y personas retornadas exigen una política de Estado que repare la deuda histórica con la población migrante y sus familias. Entre sus demandas clave, destacan:
- Reconocimiento constitucional de las personas en contextos de migración.
- Rechazo a las deportaciones nocturnas y creación de un consejo coordinador con personas deportadas y sus familias.
- Diseño de una política integral para personas en contexto de retorno con presupuesto asignado.
- Reconocimiento de documentos de identidad emitidos en el extranjero.
- Digitalización de actas de nacimiento en estados con alta migración.
- Gratuidad en trámites de inscripción de nacionalidad para hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.
- Adaptación de los programas de bienestar a las personas retornadas.
- Diagnóstico nacional de la población en contextos de retorno.
- Implementación de campañas de difusión para garantizar la reinserción.
Tania Ramírez enfatiza la necesidad de que México demuestre coherencia entre el discurso humanista y la acción, especialmente en el trato hacia los migrantes por parte de funcionarios públicos. Es crucial evitar vejaciones y malas prácticas, priorizando el bienestar de los niños y adolescentes.
Algunas de las recomendaciones de la Redim para garantizar los derechos de las infancias y adolescencias migrantes son:
- Capacitación a funcionarios públicos sobre el interés superior de la niñez.
- Revisión de políticas que prioricen el retorno sobre el bienestar de los menores.
- Igualdad en el trato entre niñas y niños retornados y los que están en territorio mexicano.
- Acatar la ley de migración de 2020, que reconoce el principio de no retorno y la reunificación familiar.
- Construcción de mecanismos transnacionales de protección a la niñez coordinando esfuerzos entre los países de origen, tránsito y destino de los migrantes.
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