Por: 
Desabasto recurrente de medicamentos, uso persistente de técnicas médicas obsoletas, objeción de conciencia, trato hostil y estigmatizante y falta de cobertura en zonas rurales y periféricas, son las barreras que tiene que enfrentar mujeres y personas gestantes en ocho estados donde el aborto esta despenalizado para acceder a la interrupción legal del embarazo.
El informe "Aborto: De la despenalización al acceso. Contraloría social para el diagnóstico del aborto legal en ocho estados de México" del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y su red, REDefine, constata que pese a la creación de lineamientos y la ampliación de las legislaciones en la materia, en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Quintana Roo los servicios de aborto se ven limitados y que su acceso dependa de la suerte o el activismo.
¿Por qué el aborto no es accesible en los estados despenalizados?
La falta de accesibilidad efectiva al aborto en los estados donde ha sido despenalizado se debe principalmente a una brecha significativa entre la ley (despenalización) y la realidad operativa en el sistema de salud.
En entrevista para La Cadera de Eva, Pascale Brennan, oficial de Incidencia de Redefine, explica que a pesar de que ocho estados estudiados despenalizaron el aborto, la accesibilidad territorial sigue siendo el principal obstáculo, manteniendo a la Ciudad de México (CDMX) como el epicentro de la atención a nivel nacional.
Tan solo en los primeros cinco meses de 2025, CDMX concentró el 54% del total de abortos (10 mil 192 de 18 mil 874) registrados en los ocho estados investigados. Esto es un indicador de la "falta de disponibilidad, accesibilidad de estos servicios" en sus propios estados.
Los estados que despenalizaron recientemente presentan tasas de servicios significativamente más bajas que la capital. Por ejemplo, en 2025 (enero-mayo), CDMX registró una tasa de 256 abortos por cada 100 mil mujeres en edad reproductiva, mientras que el Estado de México (37), Veracruz (44) y Michoacán (53) mostraron tasas mucho más reducidas.
En estados como Veracruz (2021), Guerrero (2022) y Quintana Roo (2022), las cifras iniciales fueron muy bajas, y se observó un "incremento progresivo hasta dos años después" de la reforma.
TE PODRÍA INTERESAR
El ABC de la despenalización y legislación del aborto en México
¿Cuáles son los principales obstáculos?
En términos de disponibilidad de los Servicios de Aborto Seguro (SAS), los hallazgos son preocupantes incluso en un contexto legal. La objeción de conciencia se identificó como un factor transversal que reduce significativamente la disponibilidad efectiva de personal, generando que el acceso dependa de un número muy reducido de médicos no objetores.
Además, en Quintana Roo, se reportó una posible objeción de conciencia institucionalizada, lo cual es ilegal pero sigue ocurriendo.
El desabasto de mifepristona y misoprostol es un problema transversal en la mayoría de las entidades. Pascale Brennan señala que este problema de recursos obliga a las usuarias a buscar los fármacos por fuera, lo que se convierte en un "gasto de bolsillo a pesar del derecho".
Además, instituciones federales con la mayor derechohabiencia, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Mariana (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), no están brindando el servicio de aborto seguro, sobrecargando a la Secretaría de Salud.
A esto se suma que, los servicios están concentrados en las capitales y principalmente en hospitales de segundo o tercer nivel, lo que "implica trasladarse" para las usuarias de zonas rurales o periféricas, perpetuando desigualdades.
TE PODRÍA INTERESAR
“No acompañamos abortos, acompañamos decisiones”: 27S en México
Estigma y violencia silenciosa
Pascale Brennan menciona que, la aceptabilidad del servicio se ve seriamente comprometida por el trato que reciben las usuarias, a pesar de la ley:
Violencia obstétrica y juicios morales: aunque el personal de salud asegura actuar bajo ética, las acompañantes reportaron "actitudes hostiles, juicios morales, comentarios culpabilizantes y violencia obstétrica".
Una acompañante incluso mencionó el "uso limitado de anestesia y la falta de indicaciones para el manejo del dolor en casa 'para que las personas pues vivan como con mucho dolor estos procedimientos'".
Criminalización y hostigamiento: la permanencia del aborto como delito en los códigos penales contribuye al estigma y a que el personal de salud tenga temor al estigma, a la misma criminalización, lo que lleva a formas indirectas de restricción del servicio.
Además, se reportaron acciones de grupos antiderechos que desinforman a las personas usuarias frente a las clínicas.
Vulneración a la autonomía de adolescentes: pese a la normativa que lo permite a partir de los 12 años, en la práctica, se sigue exigiendo la presencia de un adulto responsable o familiar para la ILE, lo que restringe el acceso y vulnera el derecho a la confidencialidad y autonomía de las adolescentes.
La calidad de la atención médica también se ve afectada por la lentitud en la adopción de estándares internacionales:
- Uso de técnicas obsoletas: el legrado uterino instrumental (LUI), un procedimiento considerado obsoleto y riesgoso por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue siendo el segundo método más usado, lo que refleja una deficiencia en la calidad técnica de la atención.
- Barreras de la interseccionalidad: el acceso es limitado para poblaciones vulnerables. Se identificó la carencia de materiales informativos accesibles en braille o en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y la carencia de intérpretes en lenguas indígenas, lo que constituye una barrera discriminatoria.
A pesar de los avances legales, el informe concluye que el acceso efectivo está condicionado por una fragmentación institucional, territorial y cultural.
"La despenalización del aborto es solo el primer paso; el verdadero reto consiste en garantizar que el derecho al aborto sea una realidad, sin importar el lugar de residencia, la condición socioeconómica, la etnia, la identidad de género ni la situación migratoria" (Pascale Brennan, oficial de Incidencia de Redefine)
