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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en pausa uno de los debates más relevantes sobre derechos reproductivos en el país. En la primera semana de sesiones de 2026, el máximo tribunal retiró de la agenda del Pleno los proyectos que analizarían la constitucionalidad de la reforma que redujo de 12 a seis semanas el plazo legal para abortar en Aguascalientes.
El 6 de enero de 2026, la Corte tenía previsto discutir la acción de inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, promovidas por el Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ambas impugnaban disposiciones del Código Penal de Aguascalientes y una ley estatal que protege la vida desde la concepción, reformas que en conjunto redujeron drásticamente el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, tras las críticas públicas de la Arquidiócesis Primada de México, publicadas el 13 de diciembre de 2025 en su semanario Desde la fe, donde afirmó —sin sustento— que el proyecto permitiría abortos durante los nueve meses de gestación, el asunto fue retirado del orden del día a finales de diciembre, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha para su discusión.
La decisión no solo impactó a esa entidad: también dejó en suspenso un asunto clave de San Luis Potosí relacionado al aborto, profundizando la incertidumbre jurídica para mujeres y personas gestantes en estados donde el derecho a decidir sigue siendo frágil.
En entrevista para La Cadera de Eva, Ninde Molre, directora de Abortistas MX, explica que en la SCJN es común que algunos asuntos se pospongan tras reuniones privadas entre ministros.
Sin embargo, Molre subraya que resulta especialmente significativo que la Corte haya retirado no solo el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, relativo a Aguascalientes, que propone invalidar los artículos del Código Penal que castigan el aborto después de seis semanas de gestación, sino también el proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, correspondiente a San Luis Potosí.
En este último caso, el proyecto analizaba una reforma que eliminó la causal que permitía abortar cuando la vida de la persona gestante estuviera en riesgo. Frente a ello, el Ejecutivo federal impugnó la medida al considerar que representa un retroceso en la protección del derecho a la salud y abre la puerta a la criminalización de decisiones médicas urgentes.
“La Corte actual es muy sensible a la opinión pública. Es una Corte a la que le importa mucho lo que se está diciendo socialmente de ella”, señala Molre. Desde su perspectiva, el retiro de los proyectos, ocurrido tras el posicionamiento de la jerarquía católica, abre preguntas incómodas sobre el peso real de las presiones conservadoras en las decisiones del máximo tribunal.
“Eso no tendría que ser el principio bajo el cual opere la Corte. La SCJN está obligada a defender el marco constitucional y los derechos humanos, no intereses religiosos” (Ninde Molre, directora de Abortistas MX)
¿Qué hay detrás de esta suspensión?
Uno de los principales argumentos de los grupos opositores al proyecto de Aguascalientes fue que este permitiría abortos durante toda la gestación, una narrativa que se ha repetido en medios y redes sociales. Para Ninde Molre, se trata de un discurso deliberadamente alarmista.
“El proyecto no tiene que ver con permitir abortos hasta los nueve meses. Lo que plantea es que el derecho penal no es el ámbito adecuado para regular el aborto”, aclara.
Molre explica que en Aguascalientes existe una contradicción jurídica: el Congreso local aprobó una ley de “protección a la vida” mientras mantuvo sanciones penales contra el aborto. El proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo buscaba invalidar esa incongruencia por ser incompatible con un Estado democrático y con los criterios ya establecidos por la propia Corte.
¿Qué riesgos implica para el país avalar un plazo de solo seis semanas?
La principal preocupación de las organizaciones feministas es que, si la SCJN valida el plazo de seis semanas en Aguascalientes, se abriría la puerta a un efecto dominó en otros estados conservadores como Guanajuato, Nuevo León o Morelos.
“El estándar de seis semanas no tiene sustento científico. En muchos casos, un embarazo no puede detectarse hasta después de la semana cinco o seis. Eso, en los hechos, impide el acceso al aborto” (Ninde Molre, directora de Abortistas MX)
Validar ese recorte, añade, permitiría que otros congresos locales establezcan plazos aún más restrictivos —de dos o cuatro semanas— vaciando de contenido un derecho que ya había sido reconocido por la Corte. “Sería una forma de decir que el derecho existe en el papel, pero no en la realidad”, resume.
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Entre la suspensión judicial y la urgencia médica
Mientras la discusión sigue congelada en la Corte, las consecuencias se viven todos los días en hospitales y clínicas.
En San Luis Potosí, la reforma impugnada eliminó la causal salud, lo que significa que incluso cuando una mujer enfrenta riesgos graves, el personal médico opera bajo el temor de ser criminalizado. “Eso genera omisiones, retrasos y decisiones médicas tomadas desde el miedo, no desde la ética”, explica Molre.
En Aguascalientes, aunque la SCJN ordenó la despenalización del aborto en 2023, las autoridades estatales han sido, en palabras de la activista, “sumamente antiderechos”. No existen servicios efectivos ni condiciones reales para garantizar el acceso, lo que obliga a muchas mujeres a viajar o a recurrir a redes de acompañamiento. Para Molre, una sentencia favorable no solo detendría los retrocesos actuales, sino que marcaría un estándar nacional más claro.
“Necesitamos que esta Corte sea incluso más progresista. El proyecto es muy bueno y podría ayudarnos a seguir avanzando en la lucha” (Ninde Molre, directora de Abortistas MX)
Agenda 2026: lo que está en juego
El año 2026 será decisivo para consolidar —o erosionar— los derechos reproductivos en México. Ninde Molre explica que estos son los puntos clave a seguir:
1. Las resoluciones de Aguascalientes y San Luis Potosí, y si la Corte mantiene el sentido progresista del proyecto del ministro Espinosa Betanzo.
2. En Chiapas sigue pendiente una acción de inconstitucionalidad contra una reforma que, aunque presentó la despenalización del aborto como un avance parcial, tuvo un efecto regresivo. La modificación eliminó la causal salud del catálogo de exclusiones de responsabilidad penal, lo que implica que mujeres y personas gestantes pueden ser criminalizadas incluso cuando la interrupción del embarazo es necesaria por razones médicas.
3. Aunque en 2023 la Suprema Corte declaró inconstitucional el delito de aborto a nivel federal y estableció que las instituciones federales de salud deben garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 12 semanas, el Código Penal Federal no ha sido reformado. Esta falta de armonización mantiene una anomalía jurídica: el derecho existe por mandato judicial, pero no está plenamente reflejado en la ley, lo que genera incertidumbre y obstáculos en su aplicación.
4. Acceso real y presupuestos, para garantizar insumos, personal capacitado y atención sin intimidaciones en los servicios de salud.
5. La criminalización por otros delitos relacionados al aborto, como el uso de figuras penales alternativas como homicidio calificado y homicidio en razón de parentesco para seguir castigando a mujeres y personas gestantes.
Para las colectivas feministas, el objetivo es claro: que el aborto salga definitivamente de todos los códigos penales del país. Lo que hoy está en juego no es solo una votación pendiente, sino si la Suprema Corte será un muro de contención frente a los retrocesos o un tribunal que permita que el derecho a decidir siga negociándose bajo presión política y religiosa.
