Berenice Osorio, una mexicana de 32 años, murió en un hospital en Bélgica en 2018, tras haber sido apuñalada por su pareja, Tom Pattyn, a quien conoció en 2010 en Puerto Vallarta, Jalisco. Los vecinos de la pareja ya habían reportado las peleas constantes que había entre los dos. Cinco años atrás, habían tenido que llamar a la policía por una golpiza que Tom le propinó a Berenice.
Según los testimonios que se recogieron en el juicio contra Tom, ella nunca lo denunció a la policía por miedo a que él le hiciera daño. La violencia que sufrió Berenice por parte de Tom incluso llegó a ser documentada por la prensa local de aquel país. Ambos decidieron vivir en Bélgica en 2011, después de que ella presentara un embarazo. En total, la pareja tuvo dos hijas.
La familia de Berenice nunca sospechó que su hija viviera esta violencia porque ella lo ocultaba por la amenaza que también representaba para sus hijas. Finalmente, a Tom lo sentenciaron con 18 años de prisión por el asesinato de Berenice.
Lejos de casa y sin hablar el idioma local y sin redes de apoyo, muchas mujeres como ella quedan aisladas y vulnerables frente a la violencia familiar de las que son víctimas por parte de sus parejas en el extranjero.
Entre 2019 y 2023, la Red de Consulados de México en el extranjero ha recibido un total de 3 mil 415 mujeres víctimas de violencia doméstica, de acuerdo con los datos abiertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ocho de cada 10 denuncias se han registrado en los consulados de Estados Unidos y el resto, en otras partes del mundo.
Los datos de la SRE también muestran una tendencia a la alza en los casos de violencia doméstica desde 2020, cuando se registraron 616 denuncias frente a las 763 que hubo en 2023, es decir, en este periodo hubo un aumento del 80% en las denuncias que presentaron las mexicanas en el extranjero.
La investigadora Silva Martínez Elithet señala que la violencia tiene un impacto perjudicial en los aspectos físico, emocional y espiritual en las sobrevivientes, así como también afecta a quienes están a su alrededor. Sin embargo, experimentar esta situación en un país a donde muchas se ven obligadas a inmigrar representa un desafío adicional en el proceso hacia la supervivencia, según apunta en el informe “Retos para mujeres inmigrantes sobrevivientes de violencia doméstica en nuevos destinos migratorios en Estados Unidos”.
En su investigación, Martínez Elithet documentó que a las mujeres latinas sobrevivientes de este tipo de violencia se les dificulta buscar y recibir ayuda por ser mujeres, latinas, inmigrantes (muchas sin documentos) e hispanohablantes. En el documento también señala que muchas de las víctimas no se atreven a denunciar los casos de violencia que viven, pues “con tal de sobrevivir en el país y poder adquirir sustento económico para ellas y sus familias, muchas inmigrantes intentan, a toda costa, pasar inadvertidas y mantenerse invisibles”.
Acusan a funcionario del SEM
En 2019, la historiadora Alejandra Ezeta denunció que fue víctima de violencia doméstica por parte de su exesposo, Juan Carlos Lara Armienta, actual miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Durante los 10 años que duró su matrimonio, él la golpeó y varias veces intentó estrangularla.
La última agresión que vivió Alejandra fue en el año 2008, en Washington D.C. Ella narró en una denuncia pública que en aquel entonces, él intentó ahorcarla. Cansada de la violencia psicológica y física que había vivido durante años, se decidió a marcar al 911 para denunciar el estrangulamiento del que fue víctima, pero como Lara Armienta es miembro del SEM, tiene inmunidad diplomática y la policía local no pudo hacer nada.
Alejandra narró en una denuncia pública que a pesar de que la embajada de México en Washington fue notificada de su caso, nadie hizo nada. También contó que no recibió apoyo, ni se le ofreció apoyo consular ni orientación jurídica para denunciar la violencia que sufría. Estos hechos de violencia fueron negados por Lara Armienta, quien acusó a Alejandra de buscar “extorsionarlo a cambio del pago o entrega de recursos económicos”, según su defensa.
De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, toda víctima de violencia doméstica, de cualquier nacionalidad o condición inmigratoria, puede pedir ayuda a la policía u obtener una orden de protección por parte de un tribunal.
“¿Qué pasa con todas esas mujeres o hijos víctimas de abuso que se encuentran en lugares tan alejados como Japón? ¿Quién los atiende ahí? ¿Quién los protege? Yo tuve la “suerte” de estar viviendo en Washington DC, pero qué pasa si es un país donde no haya leyes que protejan a las mujeres”, cuestionó Alejandra en su denuncia.
¿Cómo se procesan estas denuncias?
La cancillería mexicana define a la violencia doméstica como todo tipo de violencia física, acciones que obligan a una persona a realizar actos sexuales sin su consentimiento, amenazas, insultos, humillaciones, amenazas contra algún familia, así como “acciones que afecten la supervivencia económica de una persona”.
De acuerdo con el Protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en el género, el cual se debe aplicar en las 80 embajadas y 67 consulados con los que cuenta México en el exterior, las oficinas consulares están obligadas a prevenir la violencia contra las mujeres y atender las mujeres migrantes que enfrentan distintos tipos de violencia tanto en el ámbito público como en el privado.
Para conocer los procesos necesarios, la abogada mexicana Alicia Sandoval, quien reside en España desde hace 22 años y es especialista en violencia de género y derecho matrimonial internacional, explicó en entrevista con La Cadera de Eva cómo se atienden y procesan estas quejas.
La abogada dijo que, a pesar de lo que se piensa normalmente, los consulados no son la autoridad competente para denunciar un caso de violencia de género, ya que los consulados son una extensión de nuestro territorio como mexicanas y sirven como zona segura en caso de una emergencia.
Pero, dijo, algunos de ellos sí cuentan con una red de protección para, en este caso, mexicanas que denuncian un caso de violencia doméstica. En su caso, da seguimiento a todas las mujeres víctimas de violencia de género que se acercan al consulado a solicitar algún tipo de atención.
“Hay diversos consulados y embajadas entre ellos el Consulado de México en Barcelona, que cuentan con una red de protección con abogados externos, que no dependemos del consulado, sino que colaboramos con el consulado y que nos ofrecemos para poder dar asesoría a los connacionales que necesitan apoyo en temas de protección internacional o en temas jurídicos”, explicó Alicia Sandoval.
Cuando una mujer denuncia un caso de violencia de género o doméstica en un consulado, este se encarga de canalizar las solicitudes a abogados o asesores externos. Posteriormente, dependiendo de la especialización del abogado, toma un caso y acompaña a la víctima.
“Asesoramos a la víctima sobre las formas o los canales que tienen para salir de la situación de violencia de género. En el país donde está recibiendo la denuncia, se juzga al agresor bajo la lección del país de residencia. Los consulados o embajadas no son competentes para llevar a cabo la denuncia del agresor, tramitar o juzgar. Eso se tiene que remitir a los tribunales del país de la víctima”, dijo la experta.
Agregó que lo único que sí puede hacer el consulado mexicano a través de sus consulados o embajadas es trasladar una denuncia de una mujer mexicana contra otro ciudadano mexicano.
“Se dirige esta denuncia a la entidad competente en México cuando se trata de violencias de género vividas en el país de residencia de la mujer extranjera. El trámite se tiene que revisar ante la autoridad competente que normalmente son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, dijo Alicia.
Esto quiere decir que la policía municipal, estatal o nacional y luego el patente para investigar en el caso de España; para después dirigir la denuncia en el Juzgado de Instrucción, el cual sigue el proceso de investigación judicial con perspectiva de género de acuerdo a la dependencia.
Asimismo, dijo que hay casos contados en los que el Estado mexicano sí interviene por tratarse de los derechos de menores víctimas de violencia, sexual o víctimas de violencia de género. En esos supuestos y si se acredita que la familia o la madre tienen escasos recursos, pueden solicitar que la SRE haga el pago directo al abogado. Ya sea de los abogados consultores o a otro abogado que la familia quiera contratar.
Por último, la abogada explicó que no hay ningún riesgo de denunciar la violencia de género o doméstica, no hay riesgo de perder la nacionalidad en caso de tenerla o afectar la situación migratoria en la que se encuentran.
Además, la afectada puede solicitar a una abogada mujer que sea especialista en violencia de género; todos los procesos cuidan a la víctima y no hacen que se exponga directamente con el agresor. Concluyó que la denuncia y todo el proceso no debe ser revictimizante, ya que existe un mecanismo de protección y de atención a la víctima a nivel legal y psicológico.
Casos de violencia de género que escalaron a feminicidios:
Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, 51 años:
Mantuvo una relación a distancia con Juan Pablo Villafuerte Tito, a quien conoció en línea a través de videojuegos. Hacían videollamada todos los días y mantenían comunicación constante.
En 2022, Blanca decidió visitarlo en la ciudad donde residía: Huacho, Perú. Emprendió el viaje el 27 de julio y Juan Pablo la recogió en el aeropuerto. Durante tres meses, la pareja parecía feliz, ya que Blanca platicaba con sus familiares todos los días, por lo que no levantó sospechas.
El 9 de noviembre del mismo año, los ciudadanos de allá encontraron los restos del cuerpo de una mujer desmembrada. Las autoridades comenzaron la investigación para identificarla, para ese entonces, la familia de Blanca ya la buscaba pues desde días atrás ella no respondía mensajes ni platicaba con sus seres queridos.
Cuando la familia lo cuestionó, él les dijo que Blanca había tomado la decisión de regresar a México, pues ya se había aburrido de él. Posteriormente, bloqueó a todos los familiares de Blanca.
El 14 de noviembre, las autoridades buscaron a Juan Pablo, pues era el sospechoso principal. Sin embargo, él negó tener una relación con Blanca, dijo que ella era una indigente perdida y solo cruzaron palabras cuando él le dio dinero. Después, no cooperó con las interrogantes de los investigadores.
Por su parte, las autoridades dieron a conocer que el sujeto tenía antecedentes, pues había violentado a su exesposa en 2016. El 15 de noviembre, la policía registró su casa y encontraron las pertenencias de Blanca; señales de violencia y sangre de la víctima.
Días más tarde, se dio a conocer que Juan Pablo había traficado con los órganos de Blanca, por lo que se le dio una sentencia por feminicidio y tráfico de órganos en septiembre de 2023.
A pesar de esto, la familia de Blanca intentó reunirse con el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nunca la recibieron.
Jéssica Astorga Carballo, 26 años:
Era pareja de un hombre francés llamado Pierre-Olivier Labastida Garnier, el 11 de agosto de 2018, el hombre asfixió a Jéssica hasta matarla. Después modificó la escena de los hechos para que pareciera que la mexicana se había suicidado.
Cuando la familia de Jéssica se enteró del feminicidio de la joven, pidieron ayuda a las autoridades mexicanas, pero no obtuvieron el apoyo que esperaban y su madre y hermana fueron hasta la ciudad donde Jéssica vivía para exigir justicia por su muerte.