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Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, México enfrenta una crisis que sigue en aumento: más de 133 mil personas permanecen desaparecidas y las respuestas institucionales continúan siendo insuficientes para las familias.
Las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición han encendido alarmas entre los colectivos de familiares: el uso de datos biométricos en los registros pone en riesgo a las buscadoras y abre la puerta a un sistema de vigilancia masiva que, lejos de proteger, puede vulnerar aún más a quienes buscan verdad y justicia.
Las y los colectivos han sido claros al decir que se necesita un verdadero Parlamento Abierto donde las familias, comunidades y víctimas tengan una participación sustantiva, porque hasta ahora el diálogo ha sido limitado sin una consulta real.
En México, la búsqueda de las personas desaparecidas ha recaído en madres, hijas y hermanas que, armadas con picos y palas, recorren campos, montañas y fosas clandestinas, desafiando la indiferencia estatal y la violencia del crimen organizado. Esta labor, que debería corresponder a las autoridades, se realiza en un contexto de creciente inseguridad.
Desde 2011, al menos 28 personas buscadoras han sido asesinadas en México mientras intentaban encontrar a sus familiares desaparecidos, una muestra brutal de la violencia sistémica que enfrentan quienes sostienen la búsqueda con su propio cuerpo y vida.
Pero la tarea de las buscadoras no termina ahí. Ellas sostienen no sólo los procesos de búsqueda en territorio, sino también los procesos de cuidado comunitario. Mantienen vivos los recuerdos de sus seres queridos, acompañan a otras familias en el duelo, protegen a las juventudes que heredan esta lucha y resguardan la esperanza de que un día habrá justicia.
Al buscar en los campos, también cuidan la memoria; al exigir ante las autoridades, cuidan el derecho a la verdad; al compartir la mesa y la palabra, cuidan la dignidad de sus comunidades.
Las juventudes buscadoras, muchas de ellas mujeres, también han tomado la palabra: esta semana en la UNAM compartieron sus testimonios con un mensaje claro: “que sus madres no vivan esto”. Su voz nos recuerda que el futuro está atravesado por la memoria, y que no habrá justicia mientras sigamos normalizando la impunidad.
La desaparición en México tiene múltiples rostros y definiciones legales. Esta semana, en nuestro Glosario Feminista explicamos que no es lo mismo hablar de desaparición forzada que de desaparición cometida por particulares, pero en todos los casos, la experiencia es la misma: un dolor colectivo que desnuda las fallas estructurales del Estado y el peso desproporcionado que enfrentan las mujeres en la búsqueda y en la exigencia de justicia.
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“Que sus madres no vivan esto”: juventudes buscadoras en la UNAM
Desde La Cadera de Eva insistimos. No hay sociedad del cuidado sin protección a las víctimas, sin reconocimiento de la violencia estructural, de la realidad feminicida, de la precariedad que enfrentan quienes sostienen la vida en medio de la muerte.
En este país donde también la violencia contra las mujeres periodistas creció más de 117% durante el sexenio de AMLO, el mensaje es claro. Necesitamos que las voces que buscan no sean silenciadas, que la memoria se convierta en justicia, y que la vida deje de estar marcada por la ausencia.
Este 30 de agosto, acompañamos a las familias que resisten frente al olvido y repetimos con ellas: ni una desaparición más, ni una buscadora menos.
