El hallazgo de crematorios clandestinos , donde se encontraron restos humanos, entre ellos fragmentos óseos y vestimenta, evidencia la brutal realidad por la crisis de desapariciones que vivimos en este país fosa que es México. El colectivo Guerreros Buscadores localizó un rancho en Teuchitlán, Jalisco, que presuntamente era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de exterminio.
Los zapatos y la ropa abandonada encontrados en ese lugar son testimonios silenciosos de cientos de vidas arrebatadas, de personas que dejaron atrás su hogar, de familias atrapadas en la espera y la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos.
Esta escena es la estampa del horror que deja sobre el territorio y en miles de cuerpos la necropolítica del Estado. La desaparición forzada se ha convertido en una práctica constante y las autoridades, lejos de frenar esta epidemia de impunidad, parecen perpetuarla.
Jalisco, con más de 15 mil casos registrados de desapariciones, es el epicentro de una crisis humanitaria que se extiende por todo el país. En total, más de 123 mil personas han desaparecido en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Las desapariciones continúan aumentando y, con ellas, la impotencia de las familias, quienes buscan a costa de su salud y sus vidas. Pero, si no lo hacen ellas, ¿quién se encarga de la búsqueda cuando el Estado da la espalda?
Son las madres, los padres, los hermanos, las hijas, quienes, con un dolor insoportable, se han convertido en peritos y forenses en esta tragedia. Son ellas y ellos quienes, en medio de la desolación, levantan la voz cuando el silencio de las autoridades se vuelve cómplice de la impunidad.
Este dolor tiene rostro y tiene nombre. Como el de Socorro Gil Guzmán, una madre buscadora que en esta semana tomó la tribuna del Congreso de Guerrero para exigir la aprobación de una ley que lleva años esperando. Mientras las iniciativas propuestas por las familias siguen en el limbo, las desapariciones aumentan, pero no la respuesta del Estado.
La indiferencia institucional es evidente. Las leyes propuestas no encuentran eco, y los esfuerzos por visibilizar esta tragedia parecen quedar en el olvido.
Y como Magdaleno Pérez Santes, quien, en su búsqueda por encontrar a su hija desaparecida, se convirtió en una víctima más de la violencia del Estado. Magdaleno, padre de Diana Paloma Pérez Vargas, fue detenido, golpeado y torturado por policías municipales de Poza Rica esta semana, mientras él, con el corazón lleno de dolor, buscaba a su hija. Fue víctima del crimen organizado, y también de un sistema que no solo ha abandonado a las familias, sino que las persigue.
Las autoridades, en lugar de proteger a los ciudadanos y respaldar sus búsquedas, suman al desgaste emocional y físico de las víctimas mediante agresiones por parte de la fuerza pública demuestran la criminalización de quienes, en su dolor, buscan justicia, y de la complicidad estatal con la violencia que persiste en el país.
En La Cadera de Eva nos preguntamos, ¿qué cosecha un país que siembra cuerpos? Cosecha más dolor, más sufrimiento, más heridas que no sanan. Cosecha el coraje de madres y padres que no se rinden, que enfrentan cada día la crueldad de un Estado que no les ofrece respuestas. Cosecha el amor de aquellos que buscan a sus seres queridos con la esperanza intacta, a pesar de la indiferencia de las autoridades.
Ante esta realidad, los colectivos de familiares desaparecidos organizaron la Vigilia y Luto Nacional Popular que se realizará este sábado 15 de marzo por los trágicos acontecimientos de Teuchitlán, Jalisco, que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino y en distintos puntos del país.
Las familias no están solas. Las madres y padres buscadores son las verdaderas guerreras y guerreros, aquellos que, sin importar las adversidades, siguen luchando por la verdad, por la justicia, por un México que algún día deje de sembrar cuerpos y empiece a cosechar justicia.