El 15 de julio de 2024 llegamos a 14 estados en el país que permiten la ILE hasta la semana 12 del embarazo. Sucedió en Puebla. Importantísimo logro puesto que la tendencia a la despenalización se va consolidando poco a poco en México, a través de diversos caminos. Sin embargo, todavía nos falta un largo recorrido para lograr que el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se encuentre accesible y que la información se conozca adecuada y oportunamente.
Es decir, además del cambio en las leyes, que es por supuesto un paso fundamental, se requiere insistir sobre la implementación y sobre las diversas maneras bajo las cuales la decisión sea posible, sin estigmas, ni discriminación.
Debemos tener claro que además de la ILE siguen existiendo en las 32 entidades del país causales para acceder a un aborto legal (razones permitidas por la ley para ofrecer procedimientos de aborto legal por estado), las cuales varían según la entidad.
La causal que se encuentra en todo el país es la posibilidad de acceder a un aborto en caso de violación; le sigue la causal cuando se trata de un aborto imprudencial o culposo. Es decir, la ILE no quita la figura del aborto de los códigos penales estatales. No hasta el momento, no sabemos qué pueda pasar más adelante. La gran diferencia es que con la ILE la mujer no necesita dar razones o presentar ante nadie justificaciones de diverso tipo (claramente no necesita causales) que le permitan acceder a una interrupción del embarazo.
En 2007, cuando en la Ciudad de México se logró la primera transformación de este tipo hubo una respuesta muy importante por parte de los diferentes actores involucrados. Hace algún tiempo, en 2011, en una entrevista con Raffaella Schiavon, me decía que ella consideraba que fueron tres procesos clave, que se dieron todos en el Distrito Federal en un momento dado, una “confluencia virtuosa”.Por un lado, el cambio de la ley, por el otro la Secretaría de Salud que asumió e hizo operativo en políticas públicas el cambio de la ley y, en tercer lugar, el empoderamiento de las mujeres capitalinas.
Para ella, la lucha de las mujeres por esta causa fue clave en la transformación legal, así como lo fue la implementación: “Todo fue muy cercano en el proceso: la ley se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pocos días después se publican los lineamientos operativos para la Secretaría de Salud y ¡Al día siguiente del cambio de la ley, las mujeres estaban en la Secretaría de Salud exigiendo! Yo que he trabajado en políticas públicas del sector salud, siempre digo ‘lo que te cuesta que las mujeres se apoderen de un servicio, lo hagan suyo, lo demanden, lo exijan’ ”.
Para Raffaella, en ese momento directora de Ipas, se trató de “una síntesis del trabajo previo que se había hecho desde la sociedad civil, desde la sociedad en general y que cuajó en ese momento, en términos de cambios legislativos, de políticas públicas y de exigencias ciudadanas”.
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En algunos estados el fenómeno se ha repetido, con un enorme impulso por parte de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres feministas, pero también hemos visto muchas resistencias por parte de los servicios locales de salud y de grupos que defienden la vida desde el momento de la concepción. De ahí la importancia en insistir sobre las mejores maneras para lograr que las leyes sean efectivas y que no se permitan retrocesos.
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Más allá de los cambios legales
A través del tiempo, por supuesto, se han desplegado a nivel federal y local mecanismos y procedimientos que van implementando los cambios legales. Un documento clave en este sentido es el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México, realizado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, publicado en 2021 y actualizado en 2022.
Con él se camina, además, hacia la idea de que todos los abortos deben ser seguros y realizados en óptimas condiciones, bajo un marco de derechos y con las técnicas pertinentes, no importando las condiciones bajo las cuales las mujeres llegan a solicitar un aborto o una ILE.
Un documento publicado por la organización Ipas acuña una noción que parece sugerente al pensar la implementación “ecosistema sostenible del aborto” en donde partes interesadas y sistemas locales resilientes, van a rendir cuentas y comprometerse activamente a defender el derecho al aborto y a ser sensibles a las necesidades de aborto de todas las personas. El ecosistema cuenta con ocho componentes que son dinámicos e interdependientes. Lo importante del modelo es que, justamente, pone el énfasis en la complejidad de la temática y no solamente se enfoca en la transformación legislativa.
En México y en otros países la disputa por el derecho al aborto ha ido ganando terreno, pero es muy importante el anclaje de una visión amplia sobre la problemática en el tejido social.
Un trabajo permanente sobre la dimensión social, libre de discriminación y estigmas es necesario para lograr un verdadero “ecosistema sostenible del aborto”. Por supuesto, las dimensiones de género y la visión crítica sobre las maternidades son componentes indispensables en el camino hacia el derecho a elegir.
