El Estado de México no está garantizando el acceso al aborto, aúnen los casos donde es legal hacerlo por las distintas causales. Desde 2007, 72 mil 336 mujeres y personas gestantes han tenido que viajar a la Ciudad de México para obtener servicios de interrupción del embarazo. Incluso, es común que las instituciones de salud en el estado envíen los casos a clínicas en la capital, reveló la organización Human Rights Watch.
A pesar de los avances conseguidos a nivel nacional en el reconocimiento del acceso al aborto como un derecho, el Estado de México sigue criminalizándolo. El informe, “Navegando obstáculos: Acceso al Aborto en el Estado de México” de Human Rights Watch encontró que los prejuicios de género y el estigma social dificultan que mujeres y personas gestantes accedan a la atención médica necesaria en casos de interrupción del embarazo.
El documento señala que la mayoría de los proveedores de salud niegan o postergan los servicios de aborto, no transmiten información necesaria, cuestionan la veracidad de las declaraciones de sobrevivientes de violencia sexual e imponen requisitos arbitrarios que contradicen la ley.
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¿Está permitido el aborto en el Edomex?
Por ejemplo, si bien la ley no exige autorización parental para que adolescentes mayores de 12 años puedan acceder al aborto, Human Rights Watch encontró que algunos proveedores de salud exigen ilegalmente autorización parental para adolescentes menores de 18 años.
Además, algunos proveedores de salud exigen que las personas sobrevivientes de violencia sexual denuncien sus casos a las autoridades antes de acceder a servicios de aborto, a pesar de que la legislación no requiere realizar tal denuncia.
El acceso a los servicios de aborto puede ser especialmente difícil para quienes viven en condiciones de pobreza, adolescentes y personas gestantes con discapacidad.
Todo esto ocurre en un contexto de alarmantes índices de violencia de género, incluyendo feminicidios y violencia sexual, por lo que las restricciones de acceso al aborto, de acuerdo con HRW, agravan más la discriminación contra mujeres y niñas en la entidad.
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Abortos en el Edomex
Entre 2018 y 2022, la Secretaría de Salud del Edomex registró 41 mil 261 egresos hospitalarios de atención por aborto y 179 egresos hospitalarios de atención por aborto bajo causal de violación. De acuerdo con Human Rights Watch, esto se debe a que hay un uso limitado de este servicio en el sector público.
Las mujeres de entre 20 y 24 años son las usuarias más frecuentes de servicios de aborto en los hospitales públicos administrados por la Secretaría de Salud del Edomex (IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE), registran 2 mil 406 egresos hospitalarios, seguidas por las de 25 a 29 años (mil 814), las de 15 a 19 años (mil 586), y de 30 a 39 años (mil 283).
De los 41 mil 261 egresos hospitalarios de atención por aborto, 99 personas se autoidentificaron como indígenas y 18 como afrodescendientes. La mayoría se identificó solo como mujeres o niñas. La Secretaría de Salud informó que no registra información sobre personas con discapacidad o personas migrantes que hayan accedido al aborto.
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Mujeres con discapacidad entre las más vulnerables
El informe destaca que las mujeres, niñas, adolescentes, y otras personas gestantes con discapacidad en el Edomex encuentran obstáculos adicionales al solicitar acceso al aborto, debido a la interdicción, este sistema jurídico implica que “un tercero pueda tomar todas las decisiones por ellas, incluso en lo relativo a tratamientos de salud.”
El Congreso de la Unión tenía como plazo límite el término del 2023 para "eliminar la prohibición del aborto del Código Penal Federal, de acuerdo con el Amparo 267/2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró la inconstitucionalidad de la interdicción y determinó que esta discrimina a las personas con discapacidad.
En abril de 2023, el Congreso de la Unión abolió la interdicción a nivel nacional a través de una reforma histórica al Código Federal de Procedimientos Civiles de México y reconoció a todas las personas adultas plena capacidad jurídica y el derecho a la toma de decisiones con apoyo cuando así lo prefieran.
Sin embargo, la legislatura estatal aún no reforma su Código Civil, donde se mantiene el sistema de interdicción para las personas con discapacidad.
“Esta incongruencia legislativa menoscaba la posibilidad de las personas con discapacidad de tomar decisiones (...) Como resultado de esto, las mujeres con discapacidad podrían verse privadas de su autonomía para la toma de decisiones en materia de salud reproductiva, incluido el acceso a servicios de aborto” (Human Rights Watch)
Según lo documentado por Human Rights Watch, a las mujeres y personas gestantes les resulta más sencillo acceder al aborto cuando están acompañadas por organizaciones de la sociedad civil que cuando acuden solas.
¿Qué dice la ley sobre el aborto en el Edomex?
El aborto en el Estado de México sólo está permitido en casos de acción culposa, cuando el embarazo es resultado de una violación, cuando existe riesgo para la vida de una mujer embarazada o cuando el producto presenta "alteraciones congénitas o genéticas".
El Código Penal del Edomex señala que la persona que realice un aborto está sujeta a una pena de tres a ocho años de prisión cuando se realiza sin el consentimiento de la mujer embarazada, y de uno a cinco años de prisión si es con el consentimiento.
Las mujeres que den su consentimiento al aborto también están sujetas a pena de prisión de uno a tres años.
El temor a consecuencias legales disuade aún más al personal de salud de prestar servicios pues pueden ser suspendidos para ejercer su profesión entre tres a seis años.
Entre enero de 2018 y marzo de 2023, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició 740 investigaciones penales por el delito de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Esto ocurre apesar de que los jueces no pueden emitir condenas por aborto cuando se realiza con la voluntad de una mujer u otra persona gestante en una etapa temprana del embarazo.
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Situación del aborto en México
Hasta ahora son 13 los estados en los que el aborto está despenalizado: Ciudad de México, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Sinaloa y Puebla.
Recientemente, en Jalisco, Zacatecas y Nayarit, distintos tribunales ordenaron a sus congresos locales derogar el delito de sus códigos penales, sin embargo aún está pendiente la legislación y aprobación al respecto para que sea oficial.
Human Rights señala que las inconsistencias en estos marcos jurídicos generan disparidades en el acceso a la atención del aborto en todo el país, según cuál sea el estado donde se encuentre la persona que busca obtener servicios de aborto.
Esto implica que las mujeres y personas gestantes que buscan obtener servicios de aborto legal tienen distintos niveles de acceso a la salud dependiendo únicamente de su lugar de residencia, lo que genera desigualdad en la protección de sus derechos entre los diferentes estados de México.
Ante este panorama, la organización pide impulsar con urgencia cambios legislativos para despenalizar totalmente el aborto en el Edomex; ampliar el programa de Servicios de Aborto Seguro (SAS) a instituciones de salud, incluidos centros de salud, hospitales generales y hospitales especializados, asegurando que la atención integral de la interrupción del embarazo esté disponible en todos los niveles de atención.
Además, recomienda asignar recursos adicionales a los servicios de aborto seguro para que, haya suficiente personal capacitado; implementar un sistema para registrar no solo los egresos hospitalarios en casos de atención del aborto, sino también las solicitudes de acceso al aborto, contemplando las causas legales adicionales a la violación sexual en el Edomex.
Otra recomendación es asegurar que haya suficiente personal de salud disponible para prestar servicios de aborto en todos los turnos, incluidos los fines de semana y durante la noche, así como establecer un mecanismo de denuncia y rendición de cuentas para abordar obstáculos relacionados con los servicios de aborto, incluidas demoras o negaciones del servicio, y requerimientos ilegales, asegurando transparencia y la resolución oportuna de las dificultades.
