Es importante que una mujer embarazada conozca los derechos con los que cuenta durante la gestación, en especial, cuando acude al médico, pues debe asegurarse de recibir un trato digno y respetuoso -como atención médica adecuada, respeto a la intimidad, poder expresar sus dudas, emociones y necesidades respecto al embarazo y posterior al parto o cesárea, entre otras consideraciones-. Sin embargo, se estima que al menos 3 de cada 10 mujeres gestantes que llegan a los consultorios son víctimas de prácticas violentas.
Esta violencia, conocida como violencia obstétrica, consiste en prácticas que presuponen un daño físico o psicológico para quien gesta y para el feto. Es decir, aplicarle un método anticonceptivo sin aprobación de la mujer, obligarla a parir acostada o inmovilizada, negarle la posibilidad de cargar y amamantar al bebé inmediatamente al nacer, así como abusar verbalmente y violar su privacidad, son muestra del abuso por parte del personal médico. Abusos que se han normalizado con el tiempo.
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Debido a su normalización, la violencia obstétrica no fue catalogada como tal sino hasta 1960 cuando surgió el activismo feminista que luchaba por la defensa de un parto en el cual los derechos de las mujeres fueran respetados durante la atención perinatal.
Sin embargo, pese a estar en el siglo XXI, las estadísticas arrojan que 34% de las mujeres que dieron a luz en el 2021 fueron víctimas de violencia obstétrica, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ese mismo año, el 33.4% de las mujeres gestantes experimentó maltrato en la atención obstétrica durante la cesárea y 29.6% en el parto, donde 19.5% de las mujeres que tuvo cesárea vivió maltrato psicológico y/o físico y a 23.7% se le aplicó un tratamiento médico no autorizado.
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Esto no significa que el problema sea que las madres no exijan sus derechos de salud reproductiva, sino que la formación en una tercera parte del sector salud ha colocado la comodidad y facilidad de los doctores a costa de la integridad de las mujeres gestantes.
Muestra de ello es la administración de medicamentos para acelerar el proceso de parto y la realización de maniobras –hoy en día penalizadas– para acelerar la expulsión del feto. Además, practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, y sin el consentimiento voluntario e informado de la mujer, es un reflejo de la falta de tiempo y manejo integral del personal médico.
El 9.7% de las pacientes que pasaron por una cesárea en 2016 –cerca de 281 mil 300 mujeres– no dieron su autorización, según el Instituto Nacional de las Mujeres.
Incluso, esta percepción de comodidad en los doctores se puede ver desde la litotomía: posición en la que las mujeres gestantes suelen colocarse para dar a luz, donde la madre yace bocarriba sobre la plancha con las piernas abiertas, éstas sujetadas por instrumentos metálicos y con la pelvis lo más cerca de la orilla de la cama.
Así, el médico dispone de una vista privilegiada de todo lo que ocurre durante el proceso de parto, facilitando y haciendo más cómodo el proceso de intervención para realizar cualquier maniobra. No obstante, las circunstancias para la madre son distintas, ya que ella realizará un mayor esfuerzo y demora en la labor de parto debido al bloqueo del sacro contra la camilla, perdiendo amplitud en el conducto muscular para sacar al feto que va desde el útero al exterior del cuerpo.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó desde 2018 adoptar la posición que mejor beneficie a la mujer durante su parto, al comunicar que: “La mujer tiene derecho a elegir la postura en la que quiere dar a luz (incluida la posición de pie), haya recibido o no anestesia epidural”.
Resulta fundamental promover una educación en los médicos que fomente no sólo la cuestión técnica de procedimientos a realizar en el proceso de gestación y parto –de acuerdo con la situación de la paciente– sino también sobre el conocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, ya que por ley son ellas las que tienen la última palabra para decidir sobre sus cuerpos antes de que los médicos les realicen alguna práctica.
Es importante que la mujer conozca sus derechos sobre su cuerpo sin olvidar que el trabajo de los médicos es también proporcionarle información sobre el estado de su parto para conservar su autonomía al tomar la decisión que mejor beneficie la salud de ella y la de su bebé.
