En México, los índices delictivos y la violencia están desbordados. Cientos de noticias en medios de comunicación, columnas y posicionamientos hablan de los estragos que han dejado en nuestro país años de descomposición social, pero pareciera que la violencia contra la niñez y adolescencia se subsume en ese torbellino de problemas.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal CNPJE 2022, en ese año se registraron 132 mil 567 carpetas de investigación abiertas o averiguaciones previas de delitos cometidos contra víctimas de entre 0 y 17 años, lo que equivale a 363 carpetas abiertas de delitos diarias; paralelamente, los delitos no denunciados o que no resultan en una carpeta de investigación abierta son el 92.4% de los delitos de acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. Esto implica que aproximadamente 1 millón 600 mil delitos afectan anualmente a niñas, niños y adolescentes, es decir, 4 mil 300 delitos diarios.
Se leen como simples números que incrementan las cifras ya de por sí escandalosas del panorama de violencia que impera en nuestro país, pero se trata de personas que —por sus características y condiciones particulares— están en mayor situación de vulnerabilidad, pues las consecuencias de la violencia pueden ser mucho más severas en ellas.
TE PODRÍA INTERESAR
Todas las niñas, todas las brechas
Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos hablamos comúnmente de quienes han sido violentados no solo por sus agresores, sino también han sido descuidados por quien debió protegerles: el Estado y el resto de las personas adultas a su alrededor.
Cuando las niñas, niños y adolescentes sufren violencia es porque todo el sistema les ha fallado, les hemos fallado en prevenir pero también en reaccionar ante estas situaciones.
La niñez y adolescencia violentada lidia con múltiples obstáculos al pedir ayuda, atención integral y acceso a la justicia. Frecuentemente se enfrentan ante la incredulidad de sus padres, el adultocentrismo de las autoridades y la revictimización del sistema: no se les cree, se les exige proporcionar hora y lugar de los hechos cuando en muchas ocasiones no tienen la capacidad o madurez para responder, se les pide narrar lo sucedido en múltiples ocasiones aunque hacerlo les lastima, se les trata como objetos y no como sujetos de derechos. Consecuentemente, esta situación genera que no se denuncie, formándose un ciclo de impunidad.
En este punto es donde vuelve a tomar relevancia la necesidad de segmentar, de prestar especial atención y sobre todo protección reforzada a la infancia y adolescencia. En estos casos la denuncia toma un peso aún mayor porque no solo se pretende sancionar a quien les agredió sino también de asegurarse que a partir de ese momento se salvaguarde su integridad y se les restituyan los derechos que les fueron vulnerados.
Es decir, si no se les atiende adecuadamente corren el riesgo de seguir siendo vulnerados sistemáticamente porque no cuentan con las personas adultas cercanas ni con un sistema institucional que esté operando para protegerles.
En ese sentido, generar herramientas que faciliten el acceso a la justicia, a la atención integral y a la restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes es apremiante en este país. Aunque existan muchos desafíos en el sistema de acceso a la justicia, deben hacerse todos los esfuerzos que faciliten la denuncia y fomenten la atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, ellos más que nadie requieren tener las vías de denuncia accesibles, espacios seguros para romper el silencio y personas adultas dispuestas a apoyarles.
Por tal razón, celebro la publicación de los documentos “Cómo denunciar un delito si eres niña, niño o adolescente: Una guía para defenderte” y “Guía de denuncia de Delitos Cometidos Contra Niñas, Niños y Adolescentes” elaborados por Impunidad Cero en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann, pues ayudan a identificar situaciones en las que una niña, niño o adolescente pudo haber sido víctima de algún delito; explican el papel de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; e indican cómo y dónde denunciar, qué esperar y cómo prepararse para el proceso.
Uno de ellos dirigido para la niñez y adolescencia con un lenguaje accesible y, el otro, a madres, padres, cuidadores, familiares y docentes. Ambos materiales disponibles en denuncia.org.
TE PODRÍA INTERESAR
Sextorsión infantil sube 56% en un año; 70% de víctimas son niñas
Estos insumos buscan —con un enfoque práctico y empático— involucrar a la sociedad en la realidad que vulnera a la niñez y adolescencia mexicana e invitarles a informarse, sin dejar de enfatizar la responsabilidad y obligación legal de denunciar las conductas cometidas en contra de ellos que podrían ser constitutivas de delitos. La intención es clara: que cada persona se sienta capacitada y comprometida para actuar frente a cualquier situación de riesgo o violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sin duda se trata de una iniciativa que lleva luz a un contexto sombrío en el que el sistema de acceso a la justicia aún carece de perspectiva de niñez y adolescencia, en otras palabras, que aún requiere ser más accesible, efectivo, sensible y receptivo a sus necesidades particulares.
