El miércoles, Camila Gómez, una niña de 8 años, salió de su casa en el centro de Taxco, Guerrero, para llegar a jugar en la alberca inflable de su vecina, estaba tan emocionada que iba aún en pijama; pero más tarde, cuando su madre fue a recogerla, le dijeron que nunca había llegado. Lo que sucedió en las siguientes horas ya lo sabemos, no únicamente porque los sucesos se desencadenaron rápidamente -un video demostrando que Camila sí había llegado a la casa de su amiga, otro en el que se veía a la vecina y a un hombre metiendo en la cajuela de un taxi un tambo aparentemente de ropa sucia y una bolsa de basura, el taxista confesando una ubicación, y el hallazgo, durante la madrugada del jueves, del cuerpo de Camila- lo sabíamos también, porque en nuestro país, cuando una persona desaparece, ya sabemos que la búsqueda será lenta e insuficiente; que si es una mujer, será culpabilizada de lo que le haya sucedido, pero si es una menor serán los familiares, particularmente las madres o cuidadoras, las que serán señaladas como responsables por autoridades ineptas y miserables; que los culpables, si llegan a ser identificados, quedarán impunes.
La actuación de las autoridades locales de Taxco en la desaparición y feminicidio de Camila es un manual de cómo hacer todo mal, de cómo un Estado ausente e indolente es incapaz no solo de ofrecer justicia sino de evitar que se intente buscar justicia mediante mayor violencia. Tras la falta de respuesta de las autoridades, pobladores y deudos, llegaron al lugar donde Camila llegó la mañana anterior y sacaron por la fuerza a una mujer y dos hombres, a quienes golpearon violentamente. La mujer, que era la madre de la amiga de Camila, la misma quien aseguró que Camila no había llegado a la casa, y quien introdujo el tambo de ropa en el taxi, murió en el hospital a consecuencia de los golpes. ¿Es eso la justicia que merece Camila, la que merecemos todas?
Responsabilidades y aleccionamiento
Durante las horas que siguieron a la desaparición de Camila Gómez, en medio del horror y la indignación, el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, consideró que la desaparición y asesinato de la menor está “fuera del contexto de las autoridades” ya que fue debido a una “omisión de la responsabilidad maternal”, insistiendo en que “la mamá, supuestamente, dejó salir a su niña”. El funcionario local lanzó este mensaje, - que es común escuchar en casos de violencia contra las mujeres, y que la politóloga Nerea Barjola ha analizado a profundidad en su trabajo sobre el terror sexual, particularmente en su ensayo Microfísica sexista del poder-; el cual cumple una función aleccionadora hacia las mujeres, las niñas y los cuerpos leídos como femeninos: si no quieren que les pase nada, si no quieren sufrir violencia, su lugar es, siempre, en su casa. Poner el foco en la supuesta falla de las víctimas o de las madres, permite a las autoridades deslindarse de su propia ineptitud y corrupción, el mensaje subyacente es, también, las autoridades no haremos nuestro trabajo.
Pero este mensaje es, además, equivocado, pues la realidad de la violencia contra mujeres y niñas no está únicamente fuera de casa. De hecho, el 90% de los casos de agresión sexual contra las niñas ocurre en el hogar, y los agresores son personas conocidas, amigos o familiares. Ese dato, 9 de cada 10, es también el número de casos que quedan impunes en México.
Además, las madres y familiares, esas mismas que las autoridades acusan de omisas e irresponsables son quienes ponen el cuerpo en la búsqueda de justicia de tal manera que su salud se deteriora importantemente. Al menos el 80% de los familiares de personas desaparecidas en México han desarrollado afectaciones a su salud, tanto físicas como psicológicas
El abandono a las infancias
Camila Gómez fue víctima de sus asesinos, pero también de un Estado fallido, de autoridades coptadas por el crimen organizado, de la ausencia de políticas que aseguren entornos sanos y seguros para las infancias. Pero no es la única niña víctima en esta tragedia. ¿Qué sabemos de su amiga, la menor que invitó a una vecinita a jugar y de pronto se vio inmersa en escenarios de violencia terrible? ¿Qué pasará con esa niña ahora huérfana, cuáles eran sus condiciones de vida, crecía en un hogar amoroso y seguro? ¿Qué están haciendo las autoridades para asegurar su bienestar? Como en el caso de los y las huérfanas de feminicidio, no se aplica un protocolo específico en estos casos que acompañe a las infancias.
Hay una violencia particular por parte de la autoridad que insiste en que las calles no son lugar para las infancias, refuerza lo que se registra en la planeación urbanística, que las ciudades no están pensadas para ser ocupadas por mujeres ni niñas, que no son caminables, ni seguras; que los servicios y los espacios públicos de recreo están alejados y en mal estado. La falta de opciones fuera de los hogares para las infancias es, también, responsabilidad del Estado.
¡Justicia! ¡justicia!
Tras el intento de linchamiento contra las tres personas presuntamente responsables del asesinato de Camila, el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, insistió en que había sido un “pequeño incidente”, minimizando la exigencia de justicia, la rabia colectiva, la violencia que envolvió Taxco y que permanece en nuestro país. Lo importante, para el alcalde, es mantener los eventos de Semana Santa, la ocupación hotelera, la derrama turística. Las prioridades y las omisiones de la alcaldía están claras, la celebración no se detendrá; pero tampoco la exigencia de justicia, de responsabilidad y de ciudades seguras para las niñas y niños en México. Que escuche el Estado, porque no callaremos.