Esta semana circuló en redes sociales una fotografía de María Icela Valdez, una madre buscadora que se arrodilló ante Andrés Manuel López Obrador en 2019, suplicándole que la ayudara a encontrar a su hijo, Roberto Quiroa Flores, quien desapareció en 2014 en Reynosa, Tamaulipas.
Cinco años después, María Icela ha pasado varios días acampando afuera de Palacio Nacional junto con otras madres buscadoras, en espera de que el presidente le abra las puertas, las escuche y cumpla con su promesa de buscar a su hijo.
Este jueves anunciaron que mantendrán su campamento hasta el 1 de septiembre, cuando el presidente que les prometió justicia al inicio de su sexenio, rinda su sexto y último informe de gobierno.
Esta es una realidad para miles de familiares que se siguen preguntando “¿dónde están?” en cada sexenio. Como es el caso también de los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. El próximo 26 de septiembre se cumplirá una década desde su desaparición. Así se cumplirán 10 años de impunidad en el caso. Una década de dolor para los familiares. De indolencia e impunidad.
Hoy, en el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, recordamos que a lo largo del mandato López Obrador, las promesas de justicia para las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias han quedado incumplidas.
Pero esta deuda no solo es de un gobierno. Hace unos días se presentó el informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), el cual señaló lo que ya venían denunciando víctimas, activistas y personas académicas: que la Guerra Sucia en México (1965-1990) fue un crimen de Estado, que dejó 8 mil víctimas de diferentes tipos de violencia, 41 mil personas desplazadas forzadamente, mil 63 ejecuciones extrajudiciales, 517 personas desaparecidas y 35 masacres, perpetradas por agentes del Estado.
A pesar de que el gobierno de AMLO ha reconocido la gravedad de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, este sexenio ha otorgado un poder sin precedentes al Ejército. Desde la creación de la Guardia Nacional bajo control militar hasta la asignación de proyectos estratégicos y labores de seguridad pública, la presencia militar en la vida civil se ha ampliado considerablemente. Esta expansión ha generado preocupaciones sobre la transparencia, el respeto a los derechos humanos, y el riesgo de repetir abusos como los ocurridos en el pasado.
Como nos decía Alicia de los Ríos Merino en una entrevista que publicamos esta semana que los familiares de personas desaparecidas son fundamentales en la construcción de memoria colectiva. “Mientras para algunos este es un país de paz, para otros es un lugar donde se debe luchar constantemente para recordar y exigir justicia por las violencias que no han sido investigadas ni castigadas. En lugar de una memoria compartida, coexisten narrativas contradictorias que revelan una realidad compleja y desigual", nos decía ella.
Las miles de madres buscadoras han resistido como un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en México. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades, han tomado la búsqueda de sus seres queridos en sus propias manos, realizando labores de rastreo en campos, fosas clandestinas y terrenos inhóspitos, arriesgando su seguridad en un entorno de violencia e impunidad.
Además, la violencia contra las buscadoras no ha cesado. Muchas de ellas han sido hostigadas, amenazadas e incluso asesinadas.
El gobierno de López Obrador quedará marcado por la enorme deuda con los cientos de miles de desaparecidos que hay en el país, no solo por la falta de esclarecimiento de los casos emblemáticos como Ayotzinapa, sino también por la falta de políticas efectivas para atender las desapariciones cotidianas que siguen ocurriendo cada día en este país de fosas clandestinas.
Las madres buscadoras continuarán en las calles, en los campos, con palas y picos en las manos, mostrando con su valentía lo que un Estado debería hacer: buscar a quienes nos faltan y ofrecer verdad, memoria y justicia a sus familias.