Las y los diputados tienen una responsabilidad como nunca antes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF 2025) para garantizar con pesos y centavos servicios en salud sexual y reproductiva (SSR) y prevención y atención en salud de la violencia basada en género (VBG), y así responder a las necesidades de la población y a las obligaciones jurídicas.
Contrario a lo esperado por “guardarse en casa” debido a la pandemia de Covid-19, las cifras de la Encuesta Nacional Demográfica 2023 dan cuenta de los cambios en las prácticas y decisiones referentes a la sexualidad y reproducción de las y los adolescentes: la tasa de fecundidad disminuyó en un 30% en los últimos siete años, al llegar a 50 nacimientos por cada mil habitantes, y el 66.9% de las adolescentes de 15 a 19 años usaron protección en la primera relación sexual, en comparación al 59.9% registrado en la ENADID 2018.
Tan importante como esas dinámicas es la despenalización del aborto en más de la mitad de las entidades federativas del país (19 de 32 estados), y la resolución de septiembre del 2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminarlo como delito en el Código Penal Federal (implicando que todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud como el IMSS e ISSSTE, deben prestar atención de aborto seguro).
También lo es el alto número de fallecimientos por mortalidad materna (en lo que va del año el registro oficial es de 496 defunciones) y de feminicidios (667 registrados de enero a octubre del 2024).
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A estos claroscuros se suma el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la política pública nacional se enmarca en el tiempo de las mujeres y en acelerar las acciones para el bienestar pleno de las personas, con énfasis en las personas en condiciones de pobreza.
Una breve definición de la salud sexual y reproductiva la encontramos en el Programa de Acción Específico (PAE) en "Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024", el cual establece que su aproximación es a partir de una “definición comprehensiva e integral de la salud sexual y reproductiva, que abarca aspectos esenciales, entre ellos, la anticoncepción, la prevención de embarazos en niñas y adolescentes, la salud menstrual, la prevención de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otras infecciones de transmisión sexual, la atención integral a la salud materna y perinatal, a lactancia, la detección oportuna de problemas de infertilidad, el cáncer asociado al aparato reproductivo y de mama, el aborto seguro, así como la prevención y la reducción de los daños a la salud generados por la violencia de género y la violencia sexual, por mencionar algunos.
Y añade: “cada uno de estos aspectos implica de manera independiente un conjunto de determinantes sociales, factores de riesgo, estrategias de prevención, procesos de detección y atención, de los cuales derivan los objetivos prioritarios, las acciones coordinadas con las diferentes áreas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y las actividades de vinculación intersectorial”.
El presupuesto en tanto herramienta poderosa de política pública
En este marco, con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, nos encontramos en el corazón de la discusión de aquello que es prioridad en el gasto del gobierno y de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.
La revisión de la propuesta presupuestal para el próximo año, debe darse a la luz del proceso de transformación al Sistema Nacional de Salud, y por ende de la creación y puesta en marcha del IMSS Bienestar (institución responsable de otorgar atención en salud).
A modo de ejemplo, la contratación de personal sanitario para salud sexual y reproductiva para los servicios estatales de salud, pasa del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) al IMSS Bienestar y en acuerdo con las autoridades estatales. De igual manera, una serie de insumos médicos para SSR son cubiertos ahora con recursos del IMSS Bienestar.
Así, ahora el presupuesto asignado al CNEGSR tiene la relevancia, tanto de robustecer las labores de rectoría y vigilancia de los servicios en salud sexual y reproductiva, como de asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para sostener su implementación.
Es así que se destina presupuesto, entre otras acciones, para campañas de promoción y sensibilización en salud sexual y reproductiva en adolescentes y en los cánceres de mama y de cuello uterino, instrumental, mobiliario y ácido fólico para la salud materna, y medicamentos para aborto seguro (mifepristona y misoprostol).
En el proyecto del PEF 2025, al CNEGSR se le asigna ahora un total de 2,387,151,104 pesos, para transferir de manera directa a las entidades federativas. 88,498,139 pesos más que en el proyecto del año 2024.
Sin desconocer la importancia de este aumento, es de considerarse que los recursos para servicios en SSR de las instituciones de la seguridad social y del IMSS Bienestar no se identifican en los documentos presupuestales del Paquete Económico. Por tanto, y ante este panorama novedoso, es imprescindible que el poder legislativo establezca mecanismos concretos y compromisos reales con todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud que provean dichos servicios, para que haya una asignación efectiva.
Igualmente es clave que el legislativo tenga un rol activo y de permanente seguimiento a tales recursos para una gestión eficiente de los mismos. Por ejemplo, en el documento presupuestal relativo a indicadores en el apartado del IMSS Bienestar, se incorporaron indicadores para salud materna y cáncer cérvico uterino, dejando fuera otros. para otros servicios en salud sexual y reproductiva, como por ejemplo anticonceptivos, o aspiración manual endouterina para aborto seguro.
No son menores los avances llevados a cabo por el ISSSTE al otorgar aborto seguro en distintos estados del país, ni la política en territorio que moldea al IMSS Bienestar porque es en las comunidades, colonias y barrios donde las y los adolescentes y las personas gestantes atraviesan o determinan su sexualidad y eventos reproductivos; de igual manera, es ahí donde las situaciones de violencia basada en género se expresan con crudeza.
Queda claro entonces que asignar y asegurar presupuesto para servicios en salud sexual y reproductiva es fundamental y que el presupuesto 2025 es una herramienta poderosa y posibilita aterrizar la incorporación de un gasto efectivo para salud sexual y reproductiva como eje de una política de bienestar.