Esta semana, el caso de Lucio y Diana, dos jóvenes de 18 y 21 años en el Estado de México, provocó una ola de comentarios, juicios y críticas en redes sociales. Imágenes de una cámara de seguridad mostraron a Lucio abandonar a un recién nacido, una decisión —ahora se sabe— pactada con Diana.

Ahora la Fiscalía del Estado de México los investiga por presunta tentativa de infanticidio doloso y omisión de cuidado, mientras algunos medios y las redes sociales, han convertido el caso en un espectáculo de morbo.

No sabemos con certeza qué llevó a Diana a continuar con un embarazo no deseado, pero sí que durante la mayor parte de éste, el aborto estaba penalizado en el Estado de México, donde ocurrieron los hechos, como recordó la abogada Leslie Jiménez Urzua esta semana en una columna. Sabemos, también, el contenido de los mensajes entre Lucio y Diana, los cuales reflejan angustia, desesperación y una percepción de absoluta falta de alternativas para ellos. 

Sabemos es que el Estado ha fallado en garantizar educación sexual integral y acceso a anticonceptivos para adolescentes. Lo que sí sabemos es que cuando parece que no hay opciones, se toman malas decisiones; y que cuando las mujeres cometen un crímen, el castigo esperado es inmediato y despiadado.  

Diana y Lucio cometieron un crimen en un contexto en el que parecían no tener otra opción. Sin acceso real a educación sexual, planificación familiar o servicios de salud adecuados, un error o mala decisión escaló hasta ser una tragedia.  

Sin embargo, incluso cuando se toman todas las decisiones adecuadas, la falta de educación sexual, acceso a servicios adecuados de salud e instituciones estatales misóginas violentan a las mujeres con criminalización y abandono. 

Esta semana documentamos en Yucatán el caso de Rocío,  una madre enfrenta una denuncia por tentativa de feminicidio tras acompañar a su hija de 13 años en la interrupción de su embarazo. La menor optó a un aborto con misoprostol con el apoyo de su madre, quien recurrió a consejo médico para obtener una receta. Ahora, la menor se encuentra bajo la tutela del Estado y Rocío sigue siendo investigada.

Estos casos evidencian una cruel paradoja: los estados —y el Estado— no provee educación sexual, acceso a anticonceptivos, ni a servicios seguros y accesibles de interrupción legal del embarazo; pero sí señala y criminaliza a quienes intentan decidir sobre sus propios cuerpos. 

Y es que la falta de infraestructura en salud sexual y reproductiva, sumada a un aparato burocrático ineficiente, condena a las mujeres y adolescentes a escenarios de violencia institucional.

Mientras tanto, muchos medios de comunicación han abonado a una narrativa del escándalo y la espectacularización. Sin una discusión profunda sobre la responsabilidad de las autoridades e instituciones de salud, ni sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes; la conversación pública se ha enfocado en titulares sensacionalistas que refuerzan el estigma y la criminalización. 

En lugar de cuestionar la falta de acceso a derechos reproductivos o la responsabilidad de las autoridades de cómo investigan los casos contra menores de edad, nos enfocamos, como sociedad, en el morbo y el castigo, alimentando la idea de que la maternidad no es una elección, sino una obligación. 

Necesitamos replantear la conversación pública y la narrativa en los medios de comunicación. No podemos seguir ignorando que el verdadero problema no es la decisión de estas mujeres, sino el contexto que las orilla a ello. 

Hay que decirlo claro: educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.