México ha tenido avances importantes en representación paritaria de las mujeres en los distintos poderes y órdenes de gobierno. El hecho de que una mujer sea la presidenta de México muestra un cambio en nuestro país. Sin embargo, hay violencias que persisten y que urge erradicar, como la institucional, que menoscaba los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas y mantiene vigentes otras formas de violencia.
La elección de una mujer como titular del Poder Ejecutivo no implica, por sí misma, que la realidad de las mujeres en México va a cambiar. Para ello se deben adoptar decisiones, políticas y acciones para la igualdad sustantiva y la vida libre de violencias que verdaderamente transformen la vida de todas.
Contrario al discurso oficial, desafortunadamente no es cierto que con Claudia “ya llegamos todas” al poder. No llegaron las víctimas de feminicidio, de desaparición forzada y por particulares, las de trata de personas con fines de explotación sexual o de actividades ilícitas y tantas más. Ellas no votaron ni fueron votadas. Para que “lleguemos todas” no basta la representación paritaria, se requiere una redistribución de los poderes y de las posibilidades reales de mantenerse con vida y de vivir una vida digna de ser vivida.
Sin embargo, en México aún existe la violencia institucional –establecida y reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia–, lo que implica que hay personas servidoras públicas que, por actos u omisiones, dilatan, obstaculizan o impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencias.
Tan sólo en la Ciudad de México hay 1,270 carpetas de investigación con elementos policiales por delitos sexuales. En estas carpetas, prácticamente todas las víctimas son mujeres, la mayoría jóvenes, adolescentes o niñas, y la mayoría de los imputados son hombres.
Un total de 62 carpetas (5%) corresponden a elementos militares es decir, las personas imputadas son integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), de acuerdo con cifras recientes provistas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la última sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra las Mujeres, realizada en octubre de 2024.
Cuando la FGJCDMX empezó a publicar estos datos como un ejercicio de transparencia proactiva, a solicitud de compañeras feministas tras las protestas de agosto de 2019, sólo había 5 carpetas de investigación con militares imputados. Desde entonces, éstas se han multiplicado por 12, mientras que el total de carpetas con elementos policiales, en general, se multiplicó por siete. Es decir, que sigue aumentando la violencia institucional y en mayor medida la ejercida por las FFAA.
Los hechos consignados en dichas carpetas no debieron existir porque el Estado mexicano debería erradicar, al menos, la violencia institucional de la que es responsable.
Esta violencia, ejercida por el propio Estado, es contraria a sus obligaciones: organizar el aparato gubernamental para que sea capaz de garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias. Para cumplir con esa obligación, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que infligieron.
Ahora que inicia su administración, la doctora Sheinbaum tiene la oportunidad de reorganizar el aparato gubernamental para hacerse cargo de la violencia que ejercen los servidores públicos en contra de las mujeres, las jóvenes y las niñas. Esto implica, especialmente, revertir la continuación y profundización del involucramiento de las FFAA en tareas de seguridad pública, en megaproyectos y en nuestra vida en común.
#SiLlegamosTodas toca proteger los derechos de todas, incluidas las mujeres que están en riesgo de sufrir violencia institucional por integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana, la Armada de México y/o la Guardia Nacional. Las FFAA no son constructoras de paz, ésta se construye fortaleciendo la cohesión comunitaria y con una #PrevenciónEnSerio.
Su despliegue en los territorios aumenta la probabilidad de violaciones graves a los derechos humanos y tiene un impacto diferenciado en grupos prioritarios que de por sí ya enfrentan desigualdad tanto por razón de género como por la intersección con la edad, la autoadscripción, la discapacidad, la situación migratoria y la ocupación, entre otros motivos.
A la luz de esta nueva administración, un primer paso es generar y publicar información actualizada por entidad federativa sobre el número de carpetas de investigación contra servidores públicos y elementos de instituciones policiales por delitos (particularmente sexuales) contra las mujeres; analizar si existe una correlación con el mayor despliegue policial y/o militar; y dar seguimiento en el Gabinete de Seguridad a cada uno de estos casos hasta que se procese y sentencie a los responsables y se repare integralmente los daños a las víctimas.
Un segundo paso es revisar, actualizar y reforzar –conforme al principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos– las capacidades institucionales, presupuestarias, programáticas de las instituciones civiles; así como los mecanismos, las políticas y las prácticas, de los distintos órdenes de gobierno y poderes de la unión, orientadas a eliminar todas las violencias contra las mujeres.
Un tercer paso es adoptar medidas efectivas no sólo para atender y sancionar la violencia institucional sino también para prevenirla. Y, finalmente, no desplegar más militares en los territorios mexicanos y resarcir los daños histórica y recientemente causados por la institución castrense y brindar garantías de no repetición.
*Sobre las autoras:
*Suhayla Bazbaz Kuri es politóloga e internacionalista. Directora de la organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
*Angélica Jocelyn Soto Espinosa. Comunicóloga y periodista especializada en la condición social de las mujeres y las niñas.