Durante el tercer debate presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del PRI, PAN y PRD acusó a Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, de gasear a las mujeres que participaron en las marchas feministas cuando ella era jefa de Gobierno de la CDMX. Incluso señaló que es bien sabido por el equipo de Sheinbaum que ella "odia a las feministas".

“En mi gobierno yo sí voy a ser una aliada de las mujeres”, aseguró Xóchitl. Sin embargo, más allá del discurso y las acusaciones entre las candidatas, las propuestas y posturas de las dos mujeres que aspiran a convertirse en la primera presidenta del país, están lejos de abordar la violencia feminicida que atraviesa a las mexicanas. 

Así como tampoco han reconocido los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Xóchtil Gálvez y Claudia Sheinbaum han evitado hablar en distintos momentos sobre el aborto durante los debates presidenciales, por considerar que es un tema que “divide”.

En este tercer debate, que tuvo como bloques los temas: Política social; Inseguridad y crimen organizado; Migración y política exterior. Democracia, pluralismo y división de poderes, no se contempló ninguna estrategia enfocada en las mujeres, de acuerdo con el análisis elaborado por La Cadera de Eva.

Por ejemplo, en el primer bloque de Política social, ni Xóchitl Gálvez Ruiz, Claudia Sheimbaum o Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, presentaron un plan enfocado a la disminución de la pobreza de las mujeres mexicanas, a pesar de que el 37% de las mujeres vive en situación de pobreza y seis de cada 10 de ellas destinan más del doble de tiempo a un empleo sin paga que los hombres en la misma situación, de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En este bloque los tres coincidieron en dar continuidad a los programas sociales impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC), pendiente desde el año 2020. Xóchitl Gálvez se comprometió a la creación de 20 mil estancias infantiles y a regresar las Escuelas de Tiempo Completo, ambos programas cancelados en la actual administración.

Organizaciones civiles como Fundar han documentado que el 87% del presupuesto del gobierno federal que debería destinarse para igualdad entre hombres y mujeres, se ha ido a los programas sociales que no necesariamente están o dirigidos a las mujeres o la igualdad entre ellas y los hombres, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores o Jóvenes Construyendo el Futuro.

En cuanto al bloque “Inseguridad y crimen organizado”, ninguna candidatura presidencial habló de una estrategia para combatir los feminicidios en el país, a pesar de que se han registrado 4 mil 873 casos de feminicidio en el país desde el 1 de diciembre de 2018 hasta febrero de 2024, de acuerdo con los con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Jorge Máynez anunció una política de atención para víctimas indirectas de feminicidio, para las niñas y los niños que se quedan huérfanos, un tema que también ha quedado pendiente durante el actual gobierno, pues hasta ahora no hay datos oficiales sobre cuántos menores de edad han quedado en situación de orfandad debido al feminicidio de sus madres.

Ya en el primer debate, Sheinbaum aseguró que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los índices de feminicidio habían bajado más del 40% a nivel nacional. Sin embargo, Un análisis de la organización Impunidad Cero encontró que entre 2018 y 2023 pasamos de 919 víctimas de feminicidio a 848, lo que significa una reducción del 8 % no del 40%. 

Esta situación es preocupante especialmente considerando que esperaríamos que una líder reconociera y enfrentara la verdad sin minimizarla. Esperamos que la candidata pueda pensar en presentar propuestas genuinamente efectivas para la prevención, combate y erradicación de la violencia contra las mujeres en el país”, apuntó Impunidad Cero en su primer análisis.

Durante el tercer debate, Sheinbaum anunció que le e exigiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comprometerse con la seguridad y dar marcha atrás a la desaparición de la prisión preventiva oficiosa que, de acuerdo con la candidata, consistiría en que “60 mil delincuentes saldrían de la cárcel”.

De acuerdo con la organización Intersecta, la prisión preventiva oficiosa es un mecanismo de encarcelamiento automático que priva de la libertad primero e investiga después. Afectando, sobre todo a poblaciones históricamente discriminadas y viola de manera diversos derechos, como el de la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que asegurar que las personas en este supuesto “son delincuentes” es ignorar la realidad de miles de personas que están en esta situación.

Mujeres migrantes, invisibilizadas 

En cuanto al bloque “Política Exterior” ninguna de las candidaturas abordó la situación que viven las mujeres migrantes en su tránsito por México, a pesar de que el 53 % de las mujeres migrantes que han pasado por México afirmaron haber sido víctimas de algún delito o incidente de seguridad durante su tránsito por el país, según una encuesta de la organización Plan International en México.

Tampoco mencionaron ningún plan para implementar una Política Exterior Feminista (PEF). Daira Aguilar, directora de Global Thought, señala que al ser México un país de tránsito y destino migratorio, un grupo prioritario que debe contemplar su PEF debe ser la protección a niñas y mujeres migrantes en términos de su relación con otros Estados, pues son más vulnerables a sufrir delitos y violencias.

Recordemos que una Política Exterior Feminista (PEF) no sólo significa que los Estados utilicen perspectiva de género en la política pública para reducir la brecha de género, si no que implica garantizar los derechos de las mujeres dentro y fuera de las fronteras de su territorio, como explicamos en esta nota.

 Así, vemos que a dos semanas de las elecciones del próximo 2 de junio, las candidaturas evadieron la realidad que viven las 57 millones de mexicanas en los tres debates presidenciales, al no priorizar sus principales problemáticas en uno de los países más peligrosos para nosotras, como lo han señalado distintas organizaciones.