Por: 
Hablar hoy de derechos humanos en Estados Unidos implica asumir una realidad incómoda: lo que durante décadas se presentó como un piso mínimo de libertades está siendo desmontado desde el poder. Al cierre del primer año del segundo mandato de Donald Trump, la organización internacional Amnistía Internacional advierte que el país atraviesa una transformación profunda, marcada por prácticas autoritarias que concentran poder y debilitan deliberadamente las protecciones para quienes históricamente han sido más vulneradas.
Bajo la retórica de los “valores tradicionales”, estas políticas no solo redefinen leyes: reordenan quién merece protección y quién puede ser descartado. Mujeres y personas LGBTI aparecen una y otra vez en el centro de estos retrocesos. Estas son seis claves para entender cómo y por qué.
TE PODRÍA INTERESAR
¿Qué une a Trump, las redes y el odio? El glotaritarismo
1. Cuando el Estado decide quién existe: el borrado legal de las personas trans
Desde su primer día en el cargo, Trump dejó claro que la identidad de género no tendría cabida en su proyecto político. La orden ejecutiva “Defendiendo a las mujeres del extremismo de la ideología de género” obligó al gobierno federal a reconocer solo dos sexos —masculino y femenino— definidos como biológicos e inmutables.
Esto no se quedó en el plano simbólico. Pasaportes, registros laborales y documentos oficiales dejaron de reflejar la identidad de las personas trans, mientras refugios y espacios destinados a mujeres comenzaron a excluirlas bajo el argumento de la “biología”. Para Amnistía Internacional el mensaje es contundente: el Estado no solo retira derechos, sino que intenta borrar vidas enteras del marco legal.
Este borrado también se replica en lo digital y lo institucional. En su informe "Ringing the Alarm Bells" la organización señala que las políticas de moderación en redes sociales se relajaron para permitir discursos abiertamente denigrantes, y el propio Departamento de Estado eliminó referencias a la discriminación LGBTI en sus informes de derechos humanos.
TE PODRÍA INTERESAR
Make America Great Again: El plan de Trump contra la igualdad
2. El cuerpo de las mujeres como campo de batalla político
La salud reproductiva fue uno de los primeros blancos. A través de recortes financieros y cambios regulatorios, la administración atacó directamente la autonomía corporal de millones de mujeres.
Trump reinstauró la "Regla Mordaza Global", que prohíbe el acceso a la salud reproductiva, el acceso a la intervención del embarazo y el financiamiento a organizaciones no gubernamentales (ONG’s) extranjeras, afectando la salud de mujeres en más de 60 países.
Además, nueve filiales de Planned Parenthood, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que provee servicios de salud sexual y reproductiva asequibles, perdieron fondos del programa Título X, el único programa federal dedicado a la planificación familiar y la salud reproductiva para personas de bajos recursos.
El impacto fue inmediato, al retirar más de 21 millones de dólares en financiamiento, clínicas cerraron y miles de mujeres quedaron sin atención básica. La comunidad latina, que representa alrededor del 29% de las pacientes del programa, fue una de las más afectadas.
Amnistía Internacional también documentó obstáculos crecientes para acceder a métodos de control de natalidad y atención durante el embarazo, lo que impacta severamente a grupos racializados y marginados.
Las consecuencias ya se reflejan en los datos: en los estados donde el aborto está prohibido, las mujeres tienen casi el doble de probabilidades de morir durante el embarazo o el parto, de acuerdo con el Gender Equity Policy Institute.
3. Sin diversidad, más precariedad: la purga de DEI
Con el argumento de combatir la “hostilidad intergrupal”, Trump ordenó eliminar todos los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el gobierno federal. Lo que siguió fue una purga silenciosa.
De acuerdo con Amnistía Internacional los despidos se concentraron en áreas donde trabajaban mayoritariamente mujeres y personas racializadas. Las evaluaciones laborales dejaron de considerar desigualdades estructurales, imponiendo una idea de mérito que ignora barreras históricas. Sin estos programas, desaparecieron también los mecanismos internos para denunciar discriminación.
4. Escuelas vigiladas, infancias en riesgo
En el ámbito educativo, la administración declaró la guerra al llamado “adoctrinamiento radical”. En la práctica, esto significó perseguir cualquier reconocimiento de la diversidad sexual y de género en las escuelas.
Se amenazó con retirar fondos a centros que respetaran el nombre o los pronombres de estudiantes trans sin autorización parental. Al mismo tiempo, el Departamento de Salud habilitó un portal para denunciar a médicos que brindaran atención de afirmación de género a menores, mientras se prohibían estos tratamientos a nivel federal.
El golpe más duro llegó en julio de 2025, cuando se eliminó la opción específica para jóvenes LGBTI en la línea nacional de prevención del suicidio.
TE PODRÍA INTERESAR
El mandato de necromasculinidad de Donald Trump
5. Mujeres migrantes: violencia, encierro y deshumanización
Las políticas migratorias tuvieron un impacto especialmente brutal sobre las mujeres. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y el National Immigration Project documentaron casos de mujeres embarazadas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que sufrieron negligencia médica, abortos espontáneos y tratos crueles, como ser esposadas de pies y manos durante traslados médicos.
Amnistía Internacional incluso documentó prácticas que calificó como tortura, como el uso de espacios de castigo extremo bajo el sol. Todo esto ocurrió en paralelo a deportaciones masivas y a un discurso oficial que alimentó la xenofobia. Para diciembre de 2025, más de 2.5 millones de personas sin documentos habían salido de Estados Unidos, entre deportaciones y “autodeportaciones”, según el Departamento de Seguridad Nacional. Solo ese año se registraron más de 605 mil deportaciones.
En México, más de 145 mil personas fueron repatriadas desde Estados Unidos en 2025, y durante los primeros meses del mandato, el ICE detuvo a cerca de 220 mil personas, más de un tercio de ellas mexicanas. El mensaje es claro: la migración se castiga, incluso cuando implica poner en riesgo la vida de mujeres y familias enteras.
TE PODRÍA INTERESAR
El poder conservador avanza, la resistencia también
6. Vigilancia total y castigo a la disidencia
La tecnología se convirtió en aliada del control. Herramientas de vigilancia basadas en inteligencia artificial permitieron monitorear redes sociales y rastrear a estudiantes extranjeros. Bajo el programa “Catch and Revoke”, más de ocho mil visas fueron revocadas en 2025, muchas de ellas a jóvenes que participaron en protestas pro-Palestina, sin pruebas individualizadas.
Para Amnistía Internacional, el patrón es claro: estas políticas no son errores ni excesos, sino una estrategia para concentrar poder y debilitar el estado de derecho. Mujeres y personas LGBTI han sido el primer blanco, pero no el último.
