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La senadora Cynthia López Castro, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de decreto que busca reformar y adicionar el Artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incorporar a las personas vendedoras por catálogo.
Conocida informalmente como la “Ley Tupperware”, esta propuesta se describe como un “acto de justicia social” que pretende reconocer, proteger y dignificar el trabajo de más de 400 mil personas en México que dependen de esta modalidad laboral, de acuerdo con datos de Data México.
¿Por qué urge esta reforma?
La rutina diaria de una vendedora por catálogo (por ejemplo, una mujer que ofrece productos de belleza en Ecatepec) va mucho más allá de mostrar artículos: entrega pedidos, cobra, gestiona clientela y, en muchos casos, absorbe los costos de transporte y tiempo.
Muchas de ellas, que además suelen ser jefas de hogar, buscan ingresos mientras trabajan afuera de las escuelas, con vecinos o incluso de casa en casa por las noches. Todo este esfuerzo beneficia directamente a las empresas, que no las reconocen formalmente como trabajadoras.
¿De dónde surge la iniciativa?
En entrevista con La Cadera de Eva, la senadora Cynthia López Castro explica que la propuesta nace de su vínculo de varios años con vendedoras por catálogo. El objetivo principal es garantizar un derecho fundamental para un sector altamente feminizado y vulnerable: la seguridad social.
“Esta iniciativa es principalmente para garantizar que a las mujeres que venden por catálogo se les pueda otorgar la seguridad social” (Cynthia López Castro, senadora)
La propuesta se alinea con reformas recientes, como la que reconoció a las trabajadoras del hogar y, más tarde, a las y los trabajadores de aplicaciones digitales.
“Si ya se dio a las y los trabajadores de aplicación, que surgieron después de las vendedoras por catálogo, pues regresémonos a estos trabajos que llevan años en nuestro país” (Cynthia López Castro, senadora)
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¿Quiénes son las vendedoras por catálogo?
Este sector es uno de los más feminizados de México, comparable al trabajo doméstico remunerado.
*Población: 402 mil personas durante el primer trimestre de 2025 (Data México).
*Género: el 96.8% son mujeres (389 mil mujeres vs. 13 mil hombres).
*Edad: promedio de 47.5 años, frente a los 39 de la Población Económicamente Activa en general.
La senadora destaca que la edad promedio de estas trabajadoras oscila entre los 47 y 55 años, es decir, “están en una edad en la que empiezan a requerir mucho más servicios de salud y no los tienen”.
Además, señala que la iniciativa no contempla un criterio mínimo de ventas para la consideración como trabajadora. Es decir, no importa si venden mucho o poco: la propuesta busca que todas las mujeres que participan en esta modalidad —aunque sea con ventas esporádicas o de bajo monto— sean consideradas dentro de la estructura laboral de las empresas. La intención es incluir a todas aquellas que utilizan los catálogos en la estructura piramidal de las empresas.
La reforma aplica a las vendedoras siempre que su actividad sea "permanente". Sin embargo, la senadora aclaró que si una mujer utiliza la venta por catálogo como un "trabajo secundario" y ya cuenta con seguridad social, esta no se duplicaría.
Para el resto de las vendedoras, las empresas "deberán de hacerse cargo de la seguridad social”.
Esto significa que la mayoría son mujeres de mediana edad, con cargas de cuidado, que dependen de ingresos bajos y sin acceso a seguridad social.
¿Sus ingresos alcanzan para vivir dignamente?
No. En la mayoría de los casos, los ingresos están por debajo del salario mínimo y, en situaciones críticas, no alcanzan a cubrir la canasta básica.
*Horas trabajadas: en promedio 14.9 horas semanales.
*Ingreso mensual: casos extremos de $1,000 a $2,500 pesos; en promedio $4,700 pesos, por debajo del salario mínimo.
*Brecha salarial: 39% menos que el mínimo legal.
*Desigualdad territorial: en estados como Chiapas y Baja California Sur los ingresos no cubren la canasta básica urbana (alrededor de $3,600 mensuales, CONASAMI 2025).
La desprotección laboral ocurre en un contexto de pobreza de tiempo y desigualdad de género, donde las mujeres cargan con la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado.
De hecho, la ENOE del INEGI reporta que 14.8 millones de personas no pueden acceder a un empleo remunerado por realizar labores de cuidado en el hogar, y más del 95% son mujeres.
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¿Qué exige la iniciativa a las empresas?
La reforma al artículo 285 de la LFT plantea:
1. Reconocimiento legal: las vendedoras serán consideradas trabajadoras de las empresas, siempre que su actividad sea permanente.
2. Protección social: obligación de las empresas de inscribirlas al Seguro Social.
3. Derechos laborales integrales: acceso a los derechos de la LFT, la Constitución y los tratados internacionales.
México es el segundo mercado más importante de ventas directas en América Latina (después de Brasil), con un valor cercano a 5 mil millones de dólares anuales de acuerdo con la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA).
La senadora reconoce que el riesgo de incumplimiento existe, tal como ocurre con las trabajadoras del hogar y los trabajadores de aplicación. No obstante, la iniciativa busca establecer la obligatoriedad legal.
“Aquí las empresas, como en cualquier parte del mundo, deberían hacerse cargo de la seguridad social. En otros países sí lo hacen, ¿por qué en México no? Lo mínimo es garantizar la seguridad social de sus trabajadoras” (Cynthia López Castro, senadora)
La iniciativa también responde a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha pedido marcos normativos para evitar abusos en nuevas formas de empleo y garantizar un ingreso justo y seguridad social.
¿Cuáles son los próximos pasos?
La iniciativa busca ser aprobada en el actual periodo legislativo, que concluye en diciembre de 2025. La senadora López Castro detalla el proceso legislativo para impulsar la iniciativa:
Discusión en la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado
- La iniciativa está en espera de dictamen en comisión.
- Si obtiene mayoría de votos, se aprueba y pasa al siguiente paso.
- Esto podría ocurrir en las próximas semanas, dependiendo de la agenda legislativa.
Debate y votación en el Pleno del Senado
- Una vez dictaminada, se turna al Pleno del Senado.
- Requiere mayoría simple para su aprobación.
- Si se aprueba, se envía a la Cámara de Diputados.
Revisión en la Cámara de Diputados
- La iniciativa pasa a comisiones en San Lázaro, probablemente la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
- Tras su dictamen, se debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
- Si ambas Cámaras la aprueban sin cambios, se envía al Ejecutivo para su promulgación.
La senadora indicó que se están realizando “reuniones y pláticas” para lograr que salga en esta legislatura. Además, esperan “aprovechar que la presidenta ha abogado por eh muchísimos trabajadores para que tengan seguridad social”.
López Castro hace un llamado a la acción para apoyar a las aproximadamente 3 millones de familias mexicanas que se beneficiarían, declarando:
“Llegó la hora, con esta Ley Tupperware, de dar justicia social”
