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La comunidad de parteras tradicionales autónomas y urbanas en México ha interpuesto una serie de amparos y quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Norma Oficial Mexicana 020 SSA 2025, que regula la atención del parto. Consideran que la norma representa un retroceso histórico en derechos humanos y salud comunitaria.
Estas parteras, guardianas de saberes ancestrales que han sostenido la salud de las comunidades mexicanas durante siglos, denuncian que la norma desconoce su conocimiento y busca subordinar sus prácticas a un modelo biomédico ajeno a su cosmovisión. Lo califican como un acto de discriminación y etnocidio institucional.
La Norma Oficial Mexicana 020 SSA 2025 un instrumento que busca regular los establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal en México.
Denuncias de hostigamiento y criminalización
Desde que la norma entró en vigor el 1 de septiembre, la comunidad de parteras denuncia que se han registrado varios casos de violaciones a los derechos de las parteras y de las familias a las que atienden:
Negación de certificados de nacimiento: un bebé nacido el 6 de septiembre con una partera que apoya a migrantes en Tijuana, Baja California, fue negado su acta de nacimiento. Las autoridades exigieron pruebas de ADN y revisión por peritos, argumentando criminalización: “para que no vuelvan a regresar con la partera”.
Otros bebés en San Luis, Zacatlán y Guerrero enfrentan la misma situación, lo que les impide acceder a la escuela y servicios médicos.
Hostigamiento y visitas de COFEPRIS: una partera en Xalapa, Veracruz que colabora en charlas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pero no atiende partos en su domicilio, recibió la visita de COFEPRIS y Jurisdicción Sanitaria. Permanecieron dos horas y media preguntando sobre su educación y experiencia, pero no revisaron documentos. Le informaron que el tamiz neonatal “ya sería ilegal” sin cédula profesional.
Otras parteras alertaron que existen reportes de compañeras que han tenido su equipo revisado o retirado durante estas visitas.
Obstáculos burocráticos y violación del derecho a la atención privada: la partera indígena Carla Castañeda denunció en Jalisco la negación de folios de certificados de nacimiento y la exigencia de validar partos en centros de salud, violando la autonomía de las mujeres que contratan sus servicios privados.
Negación de la partería tradicional: una líder del movimiento informó que autoridades locales declararon que “ya no se aceptarán parteras tradicionales, solamente partería con cédula”.
La NOM-020 y la exclusión de saberes ancestrales
La comunidad de parteras tradicionales autónomas, un organismo que surge a raíz de la lucha contra la NOM-020, destacó que la norma fue diseñada sin consulta libre, previa e informada con las parteras tradicionales, lo cual es una violación directa de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas bajo el Artículo Segundo de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El punto más criticado es la clasificación de la partería tradicional como "personal no profesional”, señalan que esta etiqueta ignora ciclos de saberes e historias y, en lugar de dignificar y reconocer el trabajo ancestral, busca convertir a las parteras en mano de obra subordinada.
Denunciaron que la imposición de este modelo constituye un epistemicidio, que busca deslegitimar el valor de los conocimientos de los pueblos, sumándose al etnocidio sistemático.
Los saberes de la partería tradicional son fluidos y vivos y no pueden ser medibles, calificables o sujetos a certificación o estandarización. Su práctica, basada en la conexión profunda con el espíritu y el cosmos y que utiliza herramientas rituales como el rebozo, las plantas y los rezos, se desarrolla en un ambiente ritual íntimo, tranquilo y familiar.
Partería urbana: resistencia y desplazamiento
Las participantes resaltaron que la partería no es un vestigio del pasado, sino una respuesta viva a las necesidades del presente. Muchas parteras han sido desplazadas de sus comunidades originarias hacia las ciudades debido a la violencia, el despojo y la migración forzada.
A pesar de la pérdida del tejido comunitario original, estas parteras han resistido y adaptado sus saberes en la ciudad, atendiendo partos en contextos donde la violencia obstétrica es alarmante.
Durante la pandemia de COVID-19, las parteras estuvieron al frente atendiendo partos en condiciones extremas sin apoyo ni retribución del Estado. La norma, al contrario, actúa como si la partera "ya no existe o ya no tiene legitimidad" al salir de su comunidad de origen.
Para estas parteras, la NOM-020 niega su existencia y legitimidad, aunque su práctica sigue siendo esencial. Por ello, exigen reconocimiento pleno de todas las parteras rurales y urbanas y la revocación de actos violatorios de la norma.
Ante esta situación anunciaron una marcha pacífica el 29 de septiembre, Día del Maíz, que partirá del Monumento a la Revolución y llegará a la Suprema Corte de Justicia.
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