Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señalado por editar imágenes de sus compañeras usando Inteligencia Artificial para hacerlas parecer desnudas y posteriormente comercializarlas, fue sentenciado a cinco años de prisión tras ser declarado culpable del delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. La lectura de la sentencia se realizó el 21 de mayo de 2024, una semana después de que fuera emitida el 14 de mayo.
Esta sentencia corresponde a un caso distinto al de la violencia digital por el que inicialmente lo acusaron sus compañeras de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) Santo Tomás. Previamente, en diciembre de 2024, Diego "N" había sido absuelto del delito contra la intimidad sexual por el juez Francisco Salazar Silva.
¿Se aplicó la Ley Olimpia en el caso de Diego “N”?
Este caso buscaba ser juzgado bajo la Ley Olimpia, una serie de reformas legales que tipifican y sancionan la violencia digital impulsadas por la activista Olimpia Coral Melo, como la difusión no consentida de contenidos íntimos. Sin embargo, como ha ocurrido en algunos casos similares, aplicar esta ley y lograr una condena efectiva, no siempre es sencillo.
Como reportó La Cadera de Eva en diciembre de 2025, como este tipo de delitos suelen ocurrir en un espacio privado, sin testigos presentes y sin evidencia física visible, esto dificulta mucho la recopilación de pruebas. Sin pruebas sólidas, los procesos legales se vuelven complicados, porque la justicia necesita elementos concretos para poder dictar sentencia. La abogada Valeria Martínez considera que esta es una situación que se repite con frecuencia en este tipo de casos, lo que se convierte en un gran obstáculo para que las víctimas puedan obtener justicia.
En la audiencia del 4 de diciembre de 2024 el juez consideró que el contenido encontrado en el iPad de Diego "N", que incluía más de 166 mil 900 fotos y más de 12 mil videos, no era prueba suficiente de que él hubiera cometido el delito contra la intimidad sexual.
Las alumnas expresaron su indignación en un comunicado, calificando el fallo no como justicia, sino como complicidad. Acusaron al juez de mirar hacia otro lado e ignorar sus voces, verdad y pruebas, señalando que el sistema judicial había fallado. La abogada Valeria Martínez anunció que apelarían este fallo.
Foto: Cuartoscuro
¿Qué otras investigaciones o acusaciones existen contra Diego “N”?
A pesar de la absolución inicial, Diego “N” se mantuvo en prisión preventiva debido a otras carpetas de investigación abiertas en su contra. Inicialmente, la abogada Valeria Martínez había solicitado una condena de 12 años por cada víctima en la primera fase del juicio, que involucraba a dos víctimas.
Además de la reciente sentencia, Diego “N” aún enfrenta siete carpetas de investigación adicionales; seis de ellas están relacionadas con delitos contra la intimidad sexual en perjuicio de alumnas del IPN, aunque en dos de estos casos ya fue absuelto previamente. La séptima carpeta adicional también está vinculada a pornografía infantil y fue vinculado a proceso por esta en abril.
De acuerdo con La Silla Rota, la defensa de las alumnas del IPN se encuentra nuevamente integrando la investigación en el caso de violencia digital, buscando reforzarla, tras la absolución inicial donde no se pudo comprobar el delito . La abogada confía en que la Fiscalía pueda apelar el fallo de cinco años en el caso de pornografía infantil para buscar una pena más severa.
¿Cuál es la relevancia de este caso?
Este caso es de gran importancia, ya que en América Latina no todos los países cuentan con legislación para combatir delitos contra la intimidad sexual en entornos digitales. La abogada Valeria Martínez consideró que una sentencia condenatoria en el caso de violencia digital habría sido histórica, no solo para proteger a las víctimas, sino también para generar un precedente contra la violencia digital y el mal uso de la inteligencia artificial.
Aunque la primera sentencia fue por pornografía infantil, este primer resultado judicial marca un precedente importante en casos de violencia digital y delitos sexuales cometidos contra estudiantes.
Este caso ha llevado a reflexionar sobre la magnitud de la violencia digital en México. Según datos de la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, en México el 89.9% de las víctimas de violencia digital son mujeres, y el 43% son universitarias.
