El aborto es un asunto de salud pública porque su acceso seguro y legal puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas mujeres y personas gestantes. Cuando se restringe, quienes se enfrentan a un embarazo no deseado suelen recurrir a métodos inseguros, poniendo en peligro su salud y su vida.
En cambio cuando se garantiza como parte de los servicios médicos, no solo se evitan complicaciones graves si no que también se protege el bienestar físico y emocional de quienes lo necesitan, independientemente de su condición económica o social.
Fernanda Díaz de León, subdirectora de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), subraya que la penalización del aborto no solo perpetúa el sufrimiento, sino que también provoca muertes que podrían evitarse. En su opinión, el aborto no debería formar parte de un código penal, ya que constituye una pieza fundamental dentro del “continuo de la atención médica”.
La experiencia de la Ciudad de México es un ejemplo claro de los beneficios de la despenalización del aborto. Antes de la legalización de la interrupción del embarazo, en 2007, la tasa de muertes por aborto aumentaba significativamente, pasando de 24.3 muertes por cada 100 mil abortos en 2000 a 49.8 en 2007.
Sin embargo, tras la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en 2007, se observó una disminución notable en la tasa de muertes, llegando a 12.3 muertes por cada 100 mil abortos en 2015, de acuerdo con información de IPAS LAC.
"La despenalización del aborto en la Ciudad de México ha demostrado ser efectiva en reducir la tasa de muertes maternas relacionadas con el aborto" (Fernanda Díaz de León, subdirectora IPAS LAC.)
En el resto del país, entre 2002 y 2019, se registraron mil 254 defunciones por aborto, de las cuales 179 fueron adolescentes, lo que representa un promedio de 70 defunciones por año, siendo el 14% de ellas adolescentes.
IPAS LAC señala que la mayoría de estas muertes fueron prevenibles y podrían haberse evitado si las mujeres hubieran tenido acceso a servicios seguros, personal capacitado, información suficiente, insumos correctos y tecnología adecuada.
El aborto es un procedimiento altamente seguro cuando se utiliza un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se cuenta con el acompañamiento de una persona capacitada. De hecho es 15 veces más seguro que un parto natural, sobre todo cuando se trata de menores de edad.
Es por eso que actualmente organizaciones de la sociedad civil como IPAS LAC y el Grupo en Información de Reproducción Elegida (GIRE) están impulsando una reforma en el Congreso de la Ciudad de México para que el aborto se deje de considerar un delito dentro del Código Penal, esperando que marque un precedente histórico para las demás entidades.
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¿Qué implica que el aborto sea un servicio de salud pública?
Que el aborto sea considerado un asunto de salud pública implica que se reconoce como un tema que afecta la salud, bienestar y calidad de vida de las personas, especialmente las mujeres, y que requiere atención y políticas públicas para garantizar el acceso a servicios seguros y de calidad.
Algunos aspectos clave que se consideran cuando se aborda el aborto como un asunto de salud pública incluyen:
Acceso a servicios de salud reproductiva: garantizar que las personas tengan acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo la anticoncepción y el aborto seguro.
Salud materna: reducir la mortalidad y morbilidad materna asociadas con embarazos no deseados o complicados.
Derechos humanos: reconocer el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y salud reproductiva.
Prevención de abortos inseguros: reducir el riesgo de abortos inseguros y sus consecuencias negativas para la salud.
Educación y concienciación: fomentar la educación y concienciación sobre la salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos.
Políticas públicas: desarrollar políticas públicas que apoyen el acceso a servicios de salud reproductiva y protejan los derechos de las personas.
Al abordar el aborto como un asunto de salud pública, se busca:
- Mejorar la salud y bienestar de las personas.
- Reducir las desigualdades en el acceso a servicios de salud.
- Fomentar la equidad de género.
- Proteger los derechos humanos.
- Promover la salud pública.
Es importante destacar que la perspectiva de salud pública sobre el aborto se centra en la necesidad de garantizar el acceso a servicios seguros y de calidad, más que en la moralidad o legalidad del aborto en sí mismo.
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El caso de Canadá
Canadá es un ejemplo destacado de cómo el acceso al aborto puede ser garantizado y seguro. En 1988, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que la ley que regulaba la interrupción al embarazo era inconstitucional, abriendo camino a una legislación más progresista. Desde entonces, el aborto es legal en todo el país durante todo el embarazo, sin restricciones legales, de acuerdo con The New York Times.
Antes de 1988, el aborto estaba regulado por la Ley de Delitos del Código Penal, que solo permitía el aborto en casos de peligro para la vida de la madre. Sin embargo, esta ley era considerada restrictiva y no garantizaba el acceso al aborto seguro.
La sentencia de la Corte Suprema cambió drásticamente el panorama. Los sistemas públicos de salud provinciales y territoriales cubren el aborto como un procedimiento médico esencial dentro de las 20 semanas a partir de la concepción y, en algunas circunstancias, después de ese punto.
El caso de Canadá es un ejemplo de cómo la legislación puede cambiar para garantizar el acceso al aborto seguro y proteger la salud y los derechos de las mujeres.
