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Este 20 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró una audiencia pública histórica para debatir la invalidez de normas generales por falta de consulta a las personas con discapacidad (PCD). Es decir, si pueden considerarse justas normas que no tomaron en cuenta su voz ni su experiencia.
El evento fue considerado un paso importante en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, aunque gran parte del diálogo se enfocó en el rechazo generalizado a la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien busca modificar el criterio vigente desde 2016.
Este criterio establece que toda ley que afecte a las personas con discapacidad y haya sido aprobada sin consultarles debe considerarse inválida, con el fin de garantizar su participación en las decisiones que impactan su vida. Gracias a él, la Corte ha anulado cerca de 50 leyes por incumplir con este derecho a la consulta.
En entrevista para La Cadera de Eva, Agustín De Pavía Frías, abogado, defensor de derechos humanos y consejero de Familias Extraordinarias, compartió sus impresiones tras participar en la sesión de la Corte, enfatizando que la participación de las PCD no es una opción, sino una obligación legal.
El riesgo del criterio “regresivo”
De Pavía Frías, quien también vive con discapacidad, señaló que la propuesta de la ministra Batres es considerada “regresiva” porque busca revivir un criterio anterior que resultó ineficaz y oneroso para la comunidad.
Actualmente, la Corte revisa si una ley respeta la Constitución y los derechos humanos, y aunque cumpla con algunos, debe anularse si no se consultó a las personas con discapacidad. Es decir, la ley tiene que rehacerse escuchando sus voces, porque la consulta, recuerda el abogado, “sigue siendo un derecho”.
En contraste, la ministra Batres propone que las organizaciones de PCD hagan una solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que sea este organismo el que interponga la acción de inconstitucionalidad.
De acuerdo con el consejero de Familias Extraordinarias, este era exactamente el criterio que se tenía antes y su experiencia fue que implicó un “trabajo arduo”, que exigía mucho tiempo y esfuerzo para preparar los argumentos jurídicos y llevarlos ante la CNDH.
“No estamos para hacer el trabajo de la CNDH de hacer esos argumentos, de vigilar esos argumentos”, explicó.
Además, recordó que muchas veces los legisladores regresaban con la misma norma, con el mismo contenido y poca participación, dejando de nuevo la ley en entredicho.
Violación de derechos humanos y carga burocrática
En la práctica, eliminar la obligación de consultar a las PCD antes de legislar “implicaría una violación de derechos humanos, un retroceso completo en los derechos de las personas con discapacidad y en el estado de derecho”, advirtió el abogado.
El riesgo, agregó, es que la falta de consulta genere “un centenar de amparos”, ya que las leyes podrían carecer de la calidad y legitimidad necesarias.. Las PCD, como redactoras de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pueden aportar sugerencias sobre estándares internacionales y buenas prácticas.
De Pavía Frías también criticó la propuesta de exigir 15 firmas de personas con discapacidad para impugnar una norma. Esta carga burocrática, sumada al esfuerzo de elaborar los argumentos y presentarlos, se traduce en un desgaste enorme:
“Todo este esfuerzo, organizarse en menos de una semana y liberar nuestra agenda para discutir en sesión pública y darle seguimiento a todo lo que está pasando, no nos permite trabajar ni vivir. Estamos viviendo para defendernos"
En la audiencia de la SCJN, Miguel Ángel Miranda, de la Alianza Morelense, que participó a distancia, también señaló que reunir un grupo de personas para impugnar desde la perspectiva de las PCD es complicado. Además, existe temor de que firmar personalmente tenga consecuencias, como ser señalado como perseguido político o perder prestaciones.
La consulta: un derecho, no una opción
De Pavía Frías enfatizó que la consulta no es una cuestión de relevancia, sino una obligación fundamental:
“La consulta no es opcional; es un derecho, es un principio de legalidad. Aquí no está en discusión si se consulta o no se consulta: se tiene que consultar. Punto. Es un derecho humano”
En este contexto, la realización de la audiencia por parte de la SCJN logra algo que los poderes legislativos “no han podido hacer ni han querido hacer: abrir un foro de consulta”.
La expectativa, según el abogado, es que la Corte sirva de ejemplo al Poder Legislativo y a otros organismos sobre cómo garantizar la voz de las PCD en cualquier procedimiento.
Sin embargo, también externó su preocupación sobre la sentencia final. Aunque la audiencia fue accesible y se realizaron correcciones sobre la marcha, el efecto real dependerá de lo que diga la sentencia:
“Las sentencias no están en formatos que pueda comprender la comunidad en general”
Aunque el protocolo de PCD y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establecen la obligación de dictar sentencias en formato de fácil lectura, aún queda la duda sobre cómo se aplicará en la práctica.
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Aristas de la discriminación
¿Qué sigue?
La primera audiencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extendió por cuatro horas con veinticinco minutosy concluyó con la presencia de siete ministros, luego de que la ministra Loretta Ortiz solicitó permiso para retirarse y María Estela Ríos también se ausentó antes del cierre.
Las sesiones continuarán este 21 y 22 de octubre, cuando la SCJN reanude la audiencia pública para escuchar a más personas con discapacidad, especialistas y organizaciones civiles que expondrán sus argumentos sobre la obligatoriedad de la consulta previa en la elaboración de leyes.
De acuerdo con La Silla Rota, en el segundo día de audiencias, dedicado a escuchar a organizaciones y colectivos, Fátima Elizabeth Montoya, cofundadora en Jalisco de la colectiva Mexicanas con Discapacidad, criticó la propuesta de la ministra Lenia Batres, que busca desechar la práctica de invalidar leyes aprobadas sin consulta a comunidades vulnerables.
Durante la jornada, organizaciones que representan a personas con discapacidad e individuos participaron en la discusión sobre si los congresos estatales y el federal deben o no realizar consultas previas al legislar, en el marco del proyecto impulsado por la ministra Batres.
